El legado legislativo de Rajoy resiste

La mayoría absoluta obtenida por el PP en las urnas el 20 de noviembre de 2011 dio a Mariano Rajoy una legislatura a medida para aprobar con comodidad las leyes más definitorias de la ideología de su formación. En aquella X Legislatura el PP aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ley mordaza), la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la reforma laboral, la reforma de ley del aborto (que retiró) o el cambio de funcionamiento del Tribunal Constitucional. Tras la fallida XI Legislatura, el nuevo Parlamento se marcó el objetivo de revertir el legado legislativo de Rajoy, pero pese a la falta de mayoría del PP, el trayecto está lleno de obstáculos.

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El movimiento táctico realizado por Ciudadanos, en el contexto de su refriega con el PP, para dejar de bloquear algunas de estas leyes en la Mesa del Congreso con las ampliaciones de plazos de enmiendas (ambos suman cinco de los nueve miembros) ha reabierto la posibilidad de desactivar la arquitectura jurídica de la mayoría de los populares. Sin embargo, el proceso no es rápido y, además, se enfrenta al problema añadido de que la heterogeneidad de la Cámara dificulta los acuerdos.

Desatascadas las iniciativas de derogación y reforma de la ley mordaza, la Comisión de Interior debe abordar ahora una posible fusión de las dos propuestas (una socialista y la otra del PNV) con el debate e incorporación de enmiendas de los diferentes partidos. Y si se alcanza el consenso correspondiente, impulsar una ley que, tras su votación en pleno, sustituya a la vigente. Aunque la voluntad de los partidos proponentes es que eso suceda dentro de la legislatura, el desenlace está en manos del calendario que marque la comisión y, sobre todo, de los acontecimientos políticos que puedan incidir en la duración del período legislativo.

Más factible debería resultar la eliminación de la prisión permanente revisable tras el desbloqueo de la iniciativa del PNV para reformar en ese sentido el Código Penal. Sin embargo, con el PP y Ciudadanos enzarzados en capitalizar electoralmente la respuesta punitiva al calor de casos como el de Diana Quer (ambos partidos han presentado iniciativas de endurecimiento, a pesar de que el partido de Albert Rivera fue contrario a esta máxima pena privativa de libertad), la prisión permanente revisable puede llegar a subsistir el resto de legislatura.

Abatir la LOMCE fue uno de los primeros objetivos de la oposición tras la pérdida de la mayoría absoluta del PP. En abril de 2016 el PSOE presentó una proposición de ley para frenar la reforma educativa, que salió adelante con la abstención de Ciudadanos y la negativa en solitario del PP. La iniciativa pedía paralizar una de las leyes más discutidas del Gobierno de Rajoy, aprobada en 2013 solo con los votos del PP. La abstención del partido de Rivera, que propugnaba su paralización en el pacto suscrito con el PSOE para investir a Pedro Sánchez, apuntaba que el camino no estaba expedito.

Ciudadanos entendía que era necesario avanzar en un pacto educativo que desembocara en otra ley y se evitase el vacío legal. La disposición del Gobierno a pactar una reforma de la ley, desvió el debate a la Subcomisión de Educación, cuya trayectoria se ha visto truncada recientemente con el abandono del PSOE y Unidos Podemos. Mientras tanto, la LOMCE siga viva.

Otra de las iniciativas que puede ahora seguir su trámite, con los obstáculos señalados, es la de la justicia universal, presentada por ERC. Esta norma fue limitada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y eliminada por el de Mariano Rajoy en 2014. La recuperación de la capacidad para investigar y juzgar hechos ocurridos en otros países por parte de los jueces españoles ha sido una petición reiterada de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, después de que la reforma del PP supusiera el archivo de numerosas causas.

Leyes a buen recaudo

Pero existen otras leyes del PP que permanecen a buen recaudo, como la de la reforma laboral de 2012. A mediados de diciembre de 2016, el Congreso aprobó una proposición no de ley del PSOE para derogarla, pero este tipo de iniciativas tienen escaso recorrido. Desde entonces, la reforma laboral solo ha sido motivo de preguntas en las sesiones de control del Gobierno. Ciudadanos no apoya su derogación (se abstuvo en la propuesta junto al PDeCAT) y, por su incidencia en los Presupuestos cualquier iniciativa puede ser vetada por el Gobierno. Rajoy y Rivera han negociado una serie de puntos que el Gobierno ha incluido en el plan presupuestario remitido a Bruselas con el compromiso de adoptar una nueva reforma laboral que ataje el problema de la temporalidad. Sin embargo, la aprobación de los presupuestos depende de otras variables políticas y la norma puede mantenerse.

Como las reformas introducidas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aprobadas en otoño de 2015 por la vía de urgencia, que establecieron el control previo de constitucionalidad para las reformas de los Estatutos de Autonomía o la inhabilitación directa de quienes incumplen las resoluciones del organismo. Normas que persisten pese a que el Congreso aprobó a finales de 2016 iniciativas del PNV y PDeCAT para revertirlas.

Pero sin duda, el caso más frustrante para la oposición lo constituye el de la reforma de RTVE, aprobada en junio de 2017 para que su cúpula directiva fuera elegida por consenso en el Parlamento en un plazo de tres meses. La cadena de desencuentros entre los diferentes partidos ha desembocado prácticamente en un callejón sin salida. Tras un informe de los letrados que sugiere ahora volver a aplicar la ley del PP aprobada en 2012, la Mesa del Congreso y del Senado ha decidido devolver la pelota a los grupos parlamentarios para que hagan una propuesta que se perfila compleja. Entre tanto, un director general elegido por el PP, José Antonio Sánchez, sigue al mando.