El exdirector de los Mossos admite que hizo manipular las actas del día del referéndum

El exdirector de los Mossos d’Esquadra Pere Soler –superior inmediato del mayor Josep Lluís Trapero– y el ex secretario general de la Consejería de Interior César Puig han quedado este viernes en libertad con medidas cautelares tras declarar durante dos horas y cuarto y una hora respectivamente ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que les mantiene imputados en la causa por sedición y rebelión del cuerpo policial autonómico en el proceso independentista. Soler y Puig deberán comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio, deberá entregar el pasaporte y no podrá salir de España. La Fiscalía había solicitado a la magistrada que les impusiera una fianza de 100.000 euros a depositar en 10 días para conservar la libertad, algo a lo que Lamela no ha accedido.

Fuentes presentes en el interrogatorio afirman que Soler ha asumido ante la juez haber llevado la "iniciativa" de hacer "revisar" las actas de los agentes de los Mossos que acudieron a los colegios electorales el 1 de octubre. Esta supuesta manipulación de los atestados buscaba, según las mismas fuentes, "dar apariencia de que se hizo más por evitar el referéndum", como forma de que los agentes pudieran eludir imputaciones penales. Según la fiscalía, Soler incitó, al menos tácitamente, a Trapero a no impedir la consulta ilegal.

La fiscalía consideraba que los casos de Soler y Puig existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Y basa esta apreciación en el hecho de que hay nuevos fugados entre los responsables del procés, en referencia a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, y de que su partido, el PDECat, defiende investir al encarcelado Jordi Sànchez como presidente de la Generalitat, sostener al expresident Carles Puigdemont en su huida a Bélgica y "perpetuar el procés".

Tras la declaración de Soler, ha llegado el turno de César Puig, ex secretario general de la Consejería de Interior, y subordinado inmediato del exconseller Joaquim Forn, actualmente en prisión por su labor al frente de los Mossos durante el procés.Puig, al igual que Soler, se ha escudado en que su trabajo no consistía en dirigir operativos policiales, sino que se limitaba a cuestiones técnicas y presupuestarias.

Soler y Puig fueron citados a declarar por la juez Lamela después de que la Fiscalía apuntara a su “decisiva actuación” en la inacción de los Mossos tanto en el referéndum ilegal del 1 de octubre y las jornadas anteriores como en los altercados del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía, cuando la Guardia Civil lanzó la Operación Anubis contra la preparación de aquella consulta prohibida por el Tribunal Constitucional y la Justicia.

En un escrito remitido a la juez Lamela, el fiscal Miguel Ángel Carballo sostiene que la colaboración de Soler, jefe político de los Mossos, y Trapero, máximo mando operativo, en la celebración del referéndum del 1 de octubre “fue más allá de la inactividad y se convirtió en acción a favor de su consumación”. El fiscal recuerda que la “inacción” del cuerpo policial esa jornada “fue elemento clave para el logro de los fines del proceso independentista”.

El representante del ministerio público cita como actos de “colaboración real y efectiva” de los Mossos con el procés fueron, entre otros, “la obstrucción a la actuación de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía” que actuaron para cumplir la orden judicial de impedir el referéndum ilegal, así como “la connivencia con los responsables de las mesas electorales para la constitución de las mismas y la recogida de las urnas”.

“Estos hechos sólo podían ser consecuencia de una actuación policial coordinada y sujeta a previas instrucciones de los Jefes de Mossos de Esquadra y por ende de los responsables de la Consejería de Interior de la Generalitat, en última instancia responsable de la convocatoria del referéndum ilegal, como el Director de los Mossos y el Secretario de Interior”, señala el fiscal.

El mayor Trapero declarará de nuevo este viernes como imputado ante la juez Lamela, que el lunes le atribuyó un nuevo delito de sedición por la actuación pasiva de los Mossos el 1 de octubre. Trapero ya fue interrogado por este delito en relación con la inacción del cuerpo en los altercados del 20 de septiembre, cuando la Guardia Civil lanzó la Operación Anubis contra los preparativos de la consulta, prohibida por el Tribunal Constitucional.

Según la fiscalía, las figuras de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart –líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium- “se encardinaban en el diseño estratégico hacia la independencia en tanto que el Director General de Mossos d’Esquadra, Pere Soler, lo haría en la ejecución de ese plan, con la participación de Josep Lluís Trapero como experto profesional”. Ambos, señala el escrito, “se vieron en la obligación de transmitir la sensación de que, efectivamente, acatarían aquella orden [judicial de impedir el referéndum] cuando en realidad no tenían la más mínima intención de hacerlo”.