La nueva ley andaluza de Igualdad contempla sanciones ante situaciones de discriminación

El Gobierno andaluz ha aprobado este martes el proyecto de reforma de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, en vigor desde 2007. La principal novedad del texto es la incorporación de un régimen sancionador que permitirá a la Junta "intervenir para evitar y prevenir situaciones de desigualdad y discriminación", tal y como ha explicado la consejera del ramo, María José Sánchez Rubio, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. El nuevo texto, que viajará en los próximos días al Parlamento, también contempla la elaboración de un plan contra la desigualdad salarial y refuerza el papel de la coeducación.

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La futura nueva ley contempla un listado de infracciones que van desde apercibimientos a multas de entre 6.000 y 120.000 euros en función de la gravedad, además de penas accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas. Entre las infracciones graves y muy graves explicadas por la consejera, están la realización de actos (culturales, lúdicos, artísticos o deportivos) que promuevan la discriminación de la mujer o inciten a la prostitución o a la violencia machista; el uso en centros docentes públicos de material que discrimine a las personas en función de su sexo; y la realización de campañas publicitarias que utilicen el cuerpo femenino como reclamo o fomenten la violencia o la prostitución, entre otras. Asimismo, la norma permite al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) investigar discriminaciones directas o indirectas por razón de género y para actuar a través de la negociación y del envío de informes a la Inspección de Trabajo.

Sánchez Rubio ha explicado que otra de las líneas prioritarias de la modificación de la ley es reforzar el papel de la coeducación, "cuyos contenidos deberán integrarse obligatoriamente en el diseño y el desarrollo curricular de todas las etapas educativas". "Que nuestros jóvenes conozcan desde pequeños la contribución histórica de las mujeres, el autocuidado y la corresponsabilidad en el ámbito doméstico, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de género", ha enumerado la responsable, quien ha señalado que en su elaboración han participado colectivos y asociaciones. Para ello, una comisión de expertos se encargará de la revisión de estos contenidos, tanto de lenguaje como de imágenes, en los libros de texto y materiales curriculares. Asimismo, la enseñanza sobre igualdad también entrará en las Universidades, que deberán incluirla en sus planes de estudio, con especial incidencia en el grado, máster y doctorado en Ciencias de la Educación. Los centros deberán también promover la creación de cátedras sobre estudios de género y violencia machista.

"Esta ley sienta las bases de la transversalidad de las políticas de género en la Junta de Andalucía y permitirá que exista una igualdad real que llegue a todos los espacios, no solo de la Administración, sino de toda la sociedad", ha destacado la consejera, quien ha precisado que la norma contará con una dotación presupuestaria de unos 1.800 millones de euros, lo que se traducirá en una inversión de unos 450 millones por año.

En el ámbito socioeconómico, el texto incluye novedades como la elaboración del Plan Especial contra la Desigualdad Salarial, de carácter autonómico, y la garantía de incorporar, en los planes de actuación de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo, una programación anual de medidas para combatir la discriminación laboral y el acoso sexual. "Hay que dejar muy claro que la Administración actuará dentro de sus competencias", ha matizado Sánchez Rubio. Las medidas de carácter laboral se completan con previsiones para reforzar la conciliación y la flexibilidad horaria en el ámbito de la Administración autonómica. Entre otras medidas, destaca la reserva de al menos un 40% de las plazas de cursos de formación a personas que se incorporen después de permisos de conciliación de la vida familiar y laboral (por ejemplo, excedencias por cuidado de menores o dependientes), así como por violencia de género.  En los procesos selectivos de empleo público se priorizará, en condiciones de igualdad de mérito y capacidad, al sexo menos representado en los niveles y especialidades donde su presencia sea menor al 40%.

Entre otras medidas, la reforma legal incluye un nuevo artículo dedicado al papel de las mujeres en la ciencia y la I+D+i, con medidas destinadas a superar los obstáculos en estos ámbitos; o medidas para promover la incorporación al mercado laboral de mujeres jóvenes, así como para facilitar la detección precoz de la violencia de género y fomentar una imagen igualitaria en los medios de comunicación y en la industria del ocio. Asimismo, el texto prevé la elaboración de una carta de derechos en relación con el embarazo, su interrupción voluntaria, el parto y el puerperio. En materia de deporte, la futura ley impondrá a las federaciones, asociaciones y entidades deportivas la obligación de velar por el respeto al principio de igualdad en la celebración de pruebas y eventos deportivos.