Romeva destinó 27 millones del presupuesto a promocionar el independentismo

El Gobierno de Mariano Rajoy y del 155 ha tardado cuatro meses muy complicados en desmontar todas las estructuras creadas durante años por la Generalitat de Cataluña para promocionar el independentismo en el exterior. El proceso ha supuesto la liquidación de las 11 delegaciones internacionales abiertas, las llamadas embajadas catalanas, todas menos la de Bruselas, y el despido a través de un ERE colectivo del personal dedicado a esa labor. En total había 34 personas contratadas en las oficinas internacionales, 18 en el servicio diplomático Diplocat que se intentó crear en paralelo a la diplomacia española, y se cesó también a los 12 delegados políticos existentes antes de la aprobación del artículo 155 el pasado 20 de octubre. En la investigación pormenorizada se ha detectado que la Consejería de Relaciones Institucionales, Exteriores y Transparencia que dirigió en el último mandato Raül Romeva del presupuesto oficial de 62 millones de euros se destinaron 27 millones a actividades relacionadas con el proceso independentista.

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La intervención a través del artículo 155 de la Constitución del Gobierno de la Generalitat de Cataluña tuvo uno de sus apartados más simbólicos, en lo político y en el ámbito internacional, con la decisión inmediata de Rajoy de cerrar las embajadas catalanas y relevar al responsable de la única delegación a la que se permitió su continuidad, la de Bruselas, que es un caso muy especial y particular. El Gobierno ya había decidido hace tiempo recurrir cada una de las aperturas de esas oficinas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como se hizo también con el Diplocat, porque entendía que se excedían en sus funciones teóricas de promoción económica y comercial (como hacen otras autonomías) y realizaban además tareas políticas y en favor del proceso separatista. Esas competencias no están permitidas ni contempladas en la ley de Acción Exterior y por ello fueron denunciadas. Diplocat, por su parte, pretendía crear el espejismo de que Cataluña podría disponer de una estructura propia de servicio diplomático autónomo y también fue recurrido.

El ejecutivo de Rajoy tenía claro que debía paralizar esas actividades de inmediato en cuanto intervino Cataluña con el 155 pero esa decisión al final no fue fácil ni sencilla de ejecutar. Ha supuesto más de cuatro meses de conversaciones, negociaciones y charlas diarias y muy diplomáticas con los responsables de esos organismos que se quedaron al mando en funciones de esas responsabilidades tras el cese y detención en su día de Romeva. Los decretos de liquidación han llevado su tiempo y ahora todos los flecos pendientes se han culminado. El 15 de abril todos esos servicios y el personal destinado para ellos quedarán sentenciados y finiquitados oficialmente pese a los recursos interpuestos durante el procedimiento por el Ayuntamiento de Barcelona y por la Asociación de Comerciantes Catalanas, que han ralentizado su culminación.

En el camino, desde el Ministerio de Exteriores se ha llevado un seguimiento al comienzo diario y ahora más episódico de toda la administración de esa Consejería intervenida, no sin problemas. Una de las primeras constataciones que se comprobó fue que el presupuesto de ese departamento no se dedicaba a su labor oficial. De los 62 millones presupuestados oficialmente en 2017 se ha comprobado que solo 35 se gastaron de manera justificada en labores corrientes de esa Consejería y que unos 27, el resto, fue a parar a actividades previstas para internacionalizar el proceso separatista, según fuentes gubernamentales que han tenido acceso a esos datos. La Consejería de Exteriores de la Generalitat pasó así de un presupuesto de 11 millones en 2011 a 62 millones el ejercicio pasado.

Otro escollo en este recorrido emprendido por el Gobierno central desde la intervención tuvo que ver con el personal contratado. Ni para las delegaciones ni para el Diplocat se destinó a ningún funcionario de carrera de la Generalitat. Los tres liquidadores que llevaron la negociación por parte del Ministerio ofrecieron a los gestores en funciones de la Generalitat la posibilidad de recolocar con dos meses de plazo a algunos de esos contratados en otros departamentos autonómicos y esa idea no fue ni contestada. Se tomó la decisión de iniciar un ERE o despido colectivo de los 34 contratados en las oficinas internacionales y de los 18 que estaban en Diplocat.

Desde la Consejería se intentó, en este intervalo, aprobar una partida de un millón de euros para otorgar las subvenciones a los denominados casales (62 casas de Cataluña en el exterior), en muchos casos para permitir su funcionamiento administrativo. Algunas peticiones de ayudas económicas sí estaban en ese supuesto conforme a la ley (635.000 euros) pero otras no (400.000). Se reclamó entonces al secretario general de la Consejería, Alex Villatoro, el alto cargo más relevante que continuó en su puesto de la anterior etapa, que anulase esas subvenciones para poder conceder las otras pero se negó. La primera consecuencia es que no se pudieron dar ninguna de las subvenciones y la derivada política fue la confirmación de la desconfianza total desde Madrid con el secretario general.

El Gobierno central no cesó ni destituyó al secretario general de esa Consejería porque el propio ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, consejero en funciones de la Generalitat, intentó imponer una gestión que en su entorno califican como "respetuosa, ordinaria, adecuada, no invasiva, impoluta pero también sin complejos". Todas las actuaciones realizadas han sido supervisadas por la Abogacía del Estado del Ministerio de Exteriores y han contado con su visto bueno, aunque luego se haya trasladado también mucha información al Ministerio de Hacienda y al Tribunal de Cuentas. En el Gobierno no tienen temor a que un nuevo Gobierno de la Generalitat de Cataluña pretenda en el futuro, si logra constituirse, retomar la apertura de delegaciones internacionales o del propio Diplocat, porque volverían a reactivar los recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.