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La juez rechaza la petición de la Fiscalía de libertad bajo fianza de 50.000 euros para Trapero

La magistrada imputa dos delitos de sedición al exjefe del cuerpo policial autonómico

FOTO: Trapero a su llegada a la Audiencia Nacional. / VÍDEO: Los siete momentos de Trapero en el 'procés'.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado la petición de la fiscalía de imponer libertad bajo fianza de 50.000 euros a Josep Lluís Trapero Álvarez, exjefe de los Mossos d’Esquadra, al que le imputa dos delitos de sedición por la supuesta inacción del cuerpo policial autonómico en el proceso que acabó con el referéndum ilegal de autodeterminación y la declaración de independencia de Cataluña del pasado 27 de octubre. La magistrada le mantiene las medidas cautelares que ya le impuso el pasado 16 de octubre, cuando el exmayor declaró ante ella por segunda vez, y que consisten en comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a su domicilio y la entrega del pasaporte, según fuentes jurídicas. Trapero, de 52 años y que alcanzó una enorme popularidad en esa comunidad por la actuación de los Mossos tras los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del 16 de agosto, está considerado como una pieza clave en la organización y los objetivos del procés.

El ministerio público había reclamado la fianza en atención a "la agravación de la situación procesal" de Trapero, al que se le imputa un segundo delito de sedición. Además, señala la fiscalía en un comunicado, en esta tercera declaración "se han conocido detalles importantes que anteriormente ocultó". Entre ellos figuran "reuniones previas con el presidente Puigdemont, el consejero de Interior y otros mandos policiales, sobre el referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017, sobre el que no llevó a cabo ningún intento de impedir su celebración", relata la acusación.

Según la investigación, que se abrió a finales de septiembre y en la que se han ido acumulando indicios, el exmayor Trapero puso a la fuerza policial, formada por 17.000 agentes, al servicio de los designios del expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los partidos independentistas. La inactividad de los policías autonómicos fue determinante para que el pasado 1 de octubre se pudiera celebrar, al menos de forma parcial, la consulta ilegal, pretexto para la posterior declaración de independencia, según la investigación.

La magistrada desoye la petición de la fiscalía. Lamela observa que no hay riesgo de fuga porque hasta ahora Trapero "viene cumpliendo escrupulosamente" las medidas cautelares que le fueron impuestas en octubre y ha comparecido a declarar este viernes pese a que sabía que la fiscalía podía pedir prisión. Sobre la posibilidad de destrucción de pruebas, otro presupuesto de la prisión provisional, la juez recuerda que la investigación "se encuentra bastante avanzada" y ya no tiene una posición de mando en el cuerpo que le permita poner en riesgo las pesquisas.

Las comunicaciones internas de las patrullas de los Mossos han revelado que vigilaron los movimientos de los policías nacionales y guardias civiles –a los que denominaban “escudos” y “banderines” respectivamente- que trataban de cumplir la orden judicial de impedir el referéndum. Los vídeos de ese día muestran que algunos agentes incluso se llegaron a enfrentar físicamente a ellos en aquella jornada, en la que se produjeron cargas policiales que dejaron alrededor de un millar de heridos y contusionados en las cuatro provincias catalanas.

Trapero fue relegado a tareas administrativas después de que el Gobierno aplicara el artículo 155 de la Constitución e interviniera la autonomía catalana el mismo día de la proclamación de la independencia, que ahora los principales implicados en ella califican de “simbólica”. En el duro auto por el que citó a Trapero para declarar este viernes, la magistrada consideraba que la actuación de los Mossos el 1 de octubre y en las jornadas anteriores “fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”.

Josep Lluis Trapero sale de la Audiencia Nacional.

Trapero ya fue interrogado el 6 y el 16 de octubre por un delito de sedición en relación con los incidentes de los días 20 y 21 de septiembre, cuando la Guardia Civil lanzó la Operación Anubis contra la organización de aquella consulta prohibida por el Tribunal Constitucional. El antiguo máximo mando operativo de los Mossos se encontraba imputado con obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio.

"La conducta observada por los Mossos desde el 20 de septiembre hasta la fecha del referéndum, enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad", señalaba la magistrada en el auto de citación del pasado lunes. Trapero, afirmaba Lamela, dio órdenes sin firma y de carácter "genérico y ambiguo" para "anular cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia".

Del mismo modo, se diseñó un sistema de comunicación que en lugar de agilizar los trámites "supuso una ralentización" de la respuesta de los agentes autonómicos. Además, se comunicaron órdenes verbales que contradecían las instrucciones escritas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para evitar la consulta ilegal. Los Mossos "no hicieron nada para desalojar los colegios" ni tomaron medidas para evitar su ocupación en los días previos al referéndum, recuerda la juez.

Durante la jornada de la consulta, la Brigada Móvil -antidisturbios de los Mossos- y las unidades ARRO, siguiente escalón para el control de masas, fueron "deliberadamente infrautilizadas". La policía autonómica fue, además, utilizada para "controlar las acciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional el 1 de octubre". "Esta comunicación tenía carácter prioritario" y la información alertó a los congregados en los colegios que las fuerzas de seguridad estatales se dirigían hacia los centros.

La actuación pasiva de los Mossos –policía integral de Cataluña- por las consignas de Trapero y la cúpula operativa bajo su mando generó una brecha de desconfianza de los jueces y fiscales hacia el conjunto del cuerpo policial, con la que ha tenido que lidiar su sucesor, Ferrán López. El actual jefe de los Mossos, mano derecha de Trapero cuando este estaba al mando, ha comparecido como testigo a continuación.

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