El Gobierno, molesto con Suiza: “En España no hay delitos políticos”

El Gobierno no puede aún dar pasos para intentar que Anna Gabriel vuelva a España para responder ante la Justicia. Su intervención se pondrá en marcha cuando el Tribunal Supremo pida al Ejecutivo que solicite al Gobierno helvético su extradición. No hay acciones, pero sí una opinión muy crítica con la declaración del portavoz de Justicia suizo que anticipa su negativa a extraditar a Gabriel, ya que su país prohíbe esa entrega por "delitos políticos". "En España no hay delitos políticos por lo que nunca se puede solicitar una extradición por esa razón", señaló a EL PAÍS el ministro de Justicia, Rafael Catalá, entre el estupor y el enojo. Si el Tribunal Supremo pide al Gobierno que solicite la extradición de Gabriel tiene que definir en su solicitud los delitos por los que se solicita. Ese documento será el que remita al Gobierno suizo que, a su vez, hará llegar al juez que corresponda de ese país.

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Estos son los pasos que el Ejecutivo dará cuando el juez Pablo Llarena decida ir más allá de lo que fue ayer, ya que hasta ahora solo hay una orden de detención nacional en territorio español. "La petición de extradición que eventualmente pueda solicitarse a Suiza siempre será por delitos ordinarios de nuestro Código Penal, que es similar al de las democracias europeas, ya sea por sedición, rebelión, robo o asesinato, pero nunca por opiniones o ideologías", reiteró el titular de Justicia.

En el Ejecutivo no comprenden cómo el Gobierno helvético ha realizado una declaración "tan poco meditada", aunque de momento todo queda ahí hasta que Llarena no pida que se active la extradición. Entonces se utilizará todo el arsenal jurídico. Mientras tanto, queda una respuesta pública: en España no hay delitos políticos "pero sí políticos que pueden cometer delitos".