El Gobierno planea acabar con la inmersión lingüística en Cataluña

La aplicación del 155 sobrevuela la escuela. La incapacidad del soberanismo para formar gobierno en Cataluña ha alargado la intervención del Estado y, con ella, la posibilidad de que toque uno de los asuntos más sensibles, la inmersión lingüística catalana. El ministro Méndez de Vigo —que ahora ejerce como conseller de Ensenyament— estudia fórmulas para garantizar que las familias también puedan elegir el castellano como lengua vehicular en Cataluña. La reacción fue inminente. Desde Junts per Catalunya y de ERC se mostraron confiados en cerrar un acuerdo pronto que impida el cambio.

Fue uno de los asuntos de los que hizo bandera el ministro con peor valoración de la democracia. José Ignacio Wert, entonces al frente de Educación, declaró en 2012 su intención de “españolizar a los alumnos catalanes” para que “se sientan tan orgullosos de ser españoles como catalanes”. La frase aún escuece en Cataluña y puede que, tras una negociación soberanista que no termina de dar fruto para formar gobierno, se convierta en realidad.

Una posibilidad sería incluir la llamada casilla lingüística en los folletos de preinscripción escolar. Se trata de un apartado que permite a las familias elegir la lengua vehicular que quieren para sus hijos. La Generalitat ha evitado esa opción hasta ahora, pese a que distintas sentencias daban la razón a las familias demandantes. “Estamos en ello”, señaló este jueves el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, en rueda de prensa, al ser preguntado por la matriculación en la escuela catalana, cuyo periodo de aplicación se abre normalmente a finales de marzo. “Somos sensibles con el problema y pronto anunciaremos una decisión”, añadió.

El PP ha pedido al ministerio que incluya esta casilla como arranque para garantizar que el castellano gana presencia en las aulas catalanas. Lo pide con firmeza desde Madrid mientras el partido en Cataluña no quiere entrar en detalles. Lo mismo ocurre con Ciudadanos, un partido que nació y ha crecido en Cataluña al calor de la polémica lingüística.

“La casilla debe existir pero no basta, no se puede quedar como una medida cosmética”, reclamó Marta Martín, diputada de Ciudadanos en el Congreso. “Espero que lo que no hizo Rajoy en seis años ni PP ni PSOE durante décadas, se haga de una vez. Le pedimos al Gobierno que implante el trilingüismo para el curso escolar 2018-2019. Contarán con nuestro apoyo. Estaremos atentos a su aplicación”, escribió Albert Rivera en Twitter.

La noticia cayó como un jarro de agua fría en los partidos soberanistas, inmersos en las negociaciones para cerrar el Govern. “Si el Gobierno aprovecha el 155 para dinamitar la inmersión lingüística se hará evidente su voluntad de continuar haciendo daño a Cataluña, así como nuestra irresponsabilidad de no haber formado todavía un gobierno”, dijo en Twitter el republicano Joan Tardà. Desde las filas de Junts per Catalunya se mostraron confiados de cerrar un acuerdo pronto que impida llegar a ese extremo.

“Esto nos dice que es urgente que tengamos un gobierno en las próximas semanas”, dijo por su parte el diputado en las Cortes Jordi Xuclà (PDeCAT). “El PSC nunca será partidario de segregar a niños y niñas por razones de lengua”, dijo Meritxel Batet. “El modelo actual”, añadió la socialista, “es un elemento positivo, de riqueza y de cohesión social”.

La enseñanza del castellano siempre ha invitado a la polémica política. En Cataluña se aprende en catalán como lengua vehicular y se reservan dos horas semanales para Lengua Castellana en primaria, tres en secundaria y dos en bachillerato, aunque los docentes pueden elegir cualquiera de las dos lenguas para impartir el resto de materias. Una sentencia de 2010 del Constitucional sobre el Estatut estableció que el castellano debía ser también vehicular. El porcentaje de horas lectivas y materias que hay que incluir para considerarla como tal no está definido, pero fue Wert quien puso por primera vez sobre la mesa un porcentaje del 25% como “el mínimo indispensable” para asegurar esa opción. Una cifra que ya ha avalado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en al menos cinco casos y que reclaman colectivos como Societat Civil Catalana (SCC) cuyo presidente, José Rusiñol, se reunió este jueves con Rajoy en La Moncloa.

La comunidad educativa en Cataluña anuncia que defenderá la inmersión. “Pedimos que no se use la educación como arma arrojadiza en la batalla política”, dijo este jueves Ramon Font, portavoz de USTEC, sindicato mayoritario en primaria. Font recuerdó la contestación ciudadana que tuvo el decreto del trilingüismo en Baleares, incluso con un PP en el Gobierno de las islas. “Aquí el PP solo tiene cuatro diputados”, recordó.

El mecanismo actual para las familias que quieren escolarizar a sus hijos en castellano en esta comunidad autónoma es farragoso e incluye solicitar una ayuda económica para matrículas en centros privados. Según los datos del departamento de Enseñanza de la Generalitat, en los últimos tres cursos han tenido 560 peticiones y se ha otorgado la ayuda a 50.