La juez de los ERE archiva la causa contra el obispo emérito de Cádiz
"Si la Administración actúa de forma irregular, no se puede responsabilizar al ciudadano", dice Núñez
La juez del caso de los ERE, María Núñez, ha archivado la causa en la que investigaba al obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, por una ayuda de 300.000 euros para un centro geriátrico. La magistrada argumenta que "más que delincuente, podrían considerarse víctima o perjudicado por la actuación" del Gobierno andaluz. "La ayuda se pide en la convicción del derecho, bajo el principio de confianza en la Administración, y dando el destino a la misma para el que se otorgó, lícito y justificado, por lo que se considera que ninguna responsabilidad penal puede atribuirse ni a los trabajadores ni al señor obispo o personal del obispado", señala la magistrada.
En su resolución, con fecha del 14 de febrero, Núñez señala que "si la Administración actúa de forma irregular, de ello no se puede responsabilizar al ciudadano, y menos penalmente por delitos de prevaricación y malversación". "No es el ciudadano el que decide qué documentación presentar o qué procedimiento seguir para solicitar una beca, una subvención o cualquier otra ayuda pública, es la Administración", continúa la magistrada, quien apunta que el ciudadano cometería un delito si solicita esa subvención "a sabiendas de su ausencia de derecho y en connivencia con el concedente". La juez considera que "ninguna responsabilidad penal" se puede atribuir a los beneficiarios de las ayudas otorgadas por la Dirección General de Trabajo con Javier Guerrero al frente, cuya "gestión y tramitación" se podría calificar "como caótica por el desorden en la tramitación de los expedientes", algo de lo que "no se puede responsabilizar al ciudadano".
En su atestado, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras (Cádiz) señalaba que Ceballos tuvo una "intervención directa" con la Consejería de Empleo para conseguir la ayuda, que se hizo "prescindiendo del procedimiento" establecido. Esa subvención se concedió "vulnerándose la igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia", principios que deben regir los actos de la Administración Pública, agregaba. En su declaración ante Núñez el pasado abril, el obispo emérito aseguró que pidió el dinero al entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, a través de una carta porque así se lo dijeron desde la oficina del Arzobispado, que fue la que manejó los fondos aprobados.
La magistrada archiva la pieza tras asegurar que la ayuda que recibió en 2009 el Obispado de Cádiz para mantener 50 centros de trabajo de un centro geriátrico bajo su gestión durante unas obras "no cabe la menor duda" de que se solicitó "porque se considera justa y adecuada, con una finalidad lícita" y que el dinero llegó a "los 50 trabajadores, y no al Obispado".
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