El Supremo reactivará la euroorden contra Puigdemont cuando lo procese

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena volverá a activar la orden europea de detención (extradición) contra el hoy prófugo de la justicia Carles Puigdemont cuando dicte el auto de procesamiento contra la cúpula del proceso separatista, que encabeza el expresident de la Generalitat, según fuentes de la investigación.

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El Supremo pretende que la instrucción concluya lo antes posible, finales de marzo o comienzos de abril, pero sin menoscabo del derecho de defensa. La intención es elevarlo a juicio ante la Sala de lo Penal del Supremo antes de que termine el verano. Cuando eso ocurra, Puigdemont, los cuatro exconsellers huidos junto a él a Bélgica y el resto de encausados presos serán inhabilitados merced al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El juez dictará una orden de prisión internacional contra Puigdemont y Toni Comín, que le acompaña en su fuga en Bruselas (ambos siguen aforados) para, a su vez, inhabilitarles, según fuentes del Supremo.

La reactivación de la orden europea de detención contra Puigdemont se producirá, pues, tras el auto de procesamiento, lo que permitirá ofrecer a las autoridades belgas -si para entonces continúa allí- todas las pruebas que hay contra él y evitar que en ese país se limite el alcance de los delitos por los que pueda ser juzgado en España. Fuentes jurídicas aseguran que en Bélgica hay un tipo penal parecido al de rebelión en el que podría subsumirse ese delito. El juez retiró el pasado 5 de diciembre la orden europea de detención que decretó la juez Carmen Lamela porque entonces el sumario, cuando lo asumió procedente de la Audiencia Nacional, estaba en una fase muy incipiente. Pero la instrucción ha permitido obtener nuevas pruebas.

El juez instructor, por otro lado, está a la espera de varias diligencias importantes antes de dar por finalizadas las pesquisas: una de ellas es que la Guardia Civil aporte un informe que permita determinar posibles nexos y vinculación de los cabecillas del procés con los brotes de violencia que se sucedieron antes y durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Hay pruebas de la violencia que se desató en el registro judicial del 20 de septiembre en la Consejería que dirigía Oriol Junqueras (tres coches de la Guardia Civil destrozados y unas 40.000 personas cercando a la comitiva judicial) y de los actos de agresividad que propiciaron las cargas policiales de 1 de octubre (10 efectivos de las fuerzas estatales resultaron heridos y numerosos contusionados).

Las pesquisas se centran en determinar si las personas que taponaron los colegios electorales acudieron de forma espontánea a los centros de votación o lo hicieron, como apuntan los indicios, atizadas por los dirigentes separatistas. Que los Jordis (que están presos) pudieron alentar y promover la manifestación del 20 de septiembre (cuando la secretaria del juzgado 13 de Barcelona tuvo que salir por una azotea del inmueble de la Consejería) lo acreditan testimonios, mensajes a través de las redes sociales y grabaciones sobre lo ocurrido ese día. La intención del Supremo es fundamentar con hechos el delito de rebelión, que requiere un levantamiento multitudinario violento. Los otros dos tipos penales que se investigan (sedición y malversación de caudales públicos) parecen estar ya indiciariamente acreditados en la causa. El delito de rebelión está penado con hasta 25 años de cárcel y el de sedición con hasta 15.

La agenda del que fuera número dos de Junqueras, Josep María Jové, en la que describe reuniones conspirativas de los secesionistas para alcanzar la independencia saltándose la ley, y una hoja de ruta de los pasos a dar para alcanzar ese fin son dos de las pruebas del sumario que apuntan a la sedición, según fuentes del alto tribunal. Anna Gabriel, dirigente de la CUP, está citada como investigada por el juez Llarena el próximo día 21. Inicialmente lo estaba para el 14, pero el juez ha pospuesto su declaración al 21 tras presentar el abogado de Gabriel un escrito alegando que el día 14 tiene un juicio con presos en la Audiencia Nacional. También se halla entre los 28 investigados el expresidente Artur Mas y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, aparte de los encarcelados y fugados en Bélgica.