La contaminación enfrenta al Gobierno y a los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona

"Llevan años tirándose la pelota", dice resignada María García, de Ecologistas en Acción en Cataluña, sobre el nuevo enfrentamiento entre Administraciones por la contaminación. El telón de fondo de esta pugna ahora es la llamada al orden a España de la Comisión Europea, que la semana pasada convocó en Bruselas a los Gobiernos de nueve países —entre ellos al de Mariano Rajoy— por los incumplimientos constantes de la norma comunitaria de calidad del aire.

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La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha vuelto a recordar este lunes que los problemas se concentran en Madrid y Barcelona, cuyos Ayuntamientos "deben actuar". Y el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha instado a estos dos Consistorios a que "atajen decididamente" la contaminación y sean "estrictos" en el cumplimiento de las medidas de sus planes de calidad del aire.

Arias Cañete –que fue ministro de Medio Ambiente en España entre 2011 y 2014– se ha pronunciado así en el Congreso, en la comisión encargada de la futura ley de cambio climático. Y el Ayuntamiento de Madrid le ha respondido que los incumplimientos por los que la Comisión tiene abiertos varios procedimientos "vienen de 2010, por lo que ha habido mucho tiempo para tomar medidas tanto por parte del Ayuntamiento como del Gobierno central". "Este ha sido el primer equipo de Gobierno en el Ayuntamiento que ha reconocido el problema de la contaminación en la ciudad y que está tomando medidas valientes", ha añadido el Consistorio gobernado por Manuel Carmena.

Ni Barcelona ni Madrid han cumplido con los límites de dióxido de nitrógeno (NO₂) –contaminante procedente en gran medida del tráfico– establecidos en la directiva europea desde que esta entró en vigor en 2010.

Fiscalidad ambiental

El Ayuntamiento de Barcelona también ha reaccionado: "las ciudades no nos hemos quedado de brazos cruzados. Es más, exigimos que el Estado actúe y asuma su responsabilidad". Madrid y Barcelona remitieron al Gobierno en mayo un escrito en el que le pedían varias medidas. Entre ellas, cambios en la fiscalidad para que, por ejemplo, no se favorezca a los vehículos diésel, que "son responsables del 80% del NO₂ en las ciudades", recuerda María García.

La Comisión y la OCDE han pedido también a España cambios en la fiscalidad ambiental. De momento, el Ministerio de Medio Ambiente se comprometió a finales de 2017 a crear "un grupo de trabajo" para analizar "las posibles figuras en materia de fiscalidad ambiental" para proponer una reforma. En la reunión de la pasada semana, la Comisaría de Medio Ambiente europea puso como ejemplo la fiscalidad como una de las herramientas que pueden usar los Gobiernos para ayudar a las ciudades a combatir la contaminación. "El Estado continúa primando [el diésel] pese a las peticiones expresas de la Comisión Europea", se ha quejado el Ayuntamiento de Madrid este viernes. Esta misma crítica contra el Gobierno por la fiscalidad favorable al diésel la lanzó en 2011 el entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón, cuando el PP gobernaba Madrid pero no estaba en La Moncloa como ahora.

En esta lucha entre Administraciones, Ecologistas en Acción prefiere situarse "en medio". "Es responsabilidad de todos", concluye Juan Bárcena, de Ecologistas en Acción en Madrid. "Las competencias más claras son de los Ayuntamientos, como las restricciones a la circulación. Pero también hay medidas que corresponden a las comunidades y al Gobierno", indica. Y recuerda que en Madrid, por ejemplo, todos los días entran 750.000 vehículos que no son de residentes de la capital, con lo que también tendrían que implicarse los municipios de su área metropolitana o la Comunidad, que tiene competencias en transporte público.