El jefe del dispositivo de Interior dice que los Mossos tenían como prioridad “facilitar” el referéndum

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable del operativo de Interior durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, aseguró este jueves en el Tribunal Supremo que la prioridad de los Mossos era “facilitar” la consulta. La suya como jefe del operativo era, según ha afirmado, cumplir el mandato judicial de impedir la votación. “El cumplimiento de la ley está por encima de la convivencia ciudadana”, dijo el coronel cuando los abogados de los investigados le preguntaron por las cargas policiales que se produjeron ese día.

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Diego Pérez de los Cobos declaró este jueves como testigo ante el juez Pablo Llarena, el instructor de la causa abierta contra los líderes del procés en el Supremo. Su declaración, según fuentes presentes en la comparecencia, fue demoledora para los responsables de los Mossos: el exconsejero de Interior Joaquim Forn (en prisión preventiva desde noviembre pasado) y el exjefe Josep Lluís Trapero, investigado en la causa que instruye la juez Carmen Lamela en la Audiencia Nacional.

 El juez tiene pendiente resolver la petición de excarcelación de Forn y Llarena avanzó este jueves a las acusaciones y las defensas que prevé notificar su decisión este viernes. El exconsejero renunció hace unas semanas a su escaño de Junts per Catalunya, un paso con el que sus abogados pretenden demostrar que no hay posibilidad de reincidencia delictiva, pero las fuentes consultadas advierten de que Llarena sigue considerando que este riesgo existe.

Según fuentes presentes en la comparecencia, Pérez de los Cobos expuso que tenía tres cuerpos a su cargo y que, desde los primeros días del operativo, le quedó claro que había dos (Guardia Civil y Policía Nacional) que iban a intentar que se cumpliera el mandato judicial de impedir el referéndum y uno (los Mossos) cuya prioridad era la contraria. El coronel confirmó la tesis de la fiscalía: que el papel de los Mossos el 1 de octubre fue no solo “facilitar” la votación sino “obstaculizar” los trabajos de Policía y Guardia Civil y “vigilar” lo que hacían para “informar” a los ciudadanos que estaban en los centros de votación.

Pérez de los Cobos apuntaló también la versión del ministerio público de que para la preparación y celebración del referéndum hubo “un concierto” entre el Govern, los Mossos y las asociaciones civiles y sostuvo que los días previos al referéndum ilegal ya apreció en Forn y en Trapero una actitud de resistencia a impedir la consulta, pese a que el exjefe de los Mossos había dicho en reuniones de trabajo que se acatarían los mandatos de los jueces.

Las cargas policiales

Las acusaciones preguntaron si Trapero “actuaba por libre” o cumplía órdenes de Forn, a lo que el coronel respondió que consideraba que cumplía las instrucciones de la cúpula de Interior. Respecto a las cargas policiales del 1 de octubre, el testigo aseguró que la prioridad era que se cumpliera la ley “por encima de la convivencia ciudadana”. Según fuentes presentes en la declaración, las defensas le recordaron que el auto de la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas instaba a requisar las urnas y las papeletas preservando la convivencia, a lo que el coronel alegó que a él solo le facilitaron la parte dispositiva del auto, que ordenaba impedir la votación pero no aludía a la necesidad de evitar incidentes.

Pérez de los Cobos negó que se hubieran producido actuaciones desproporcionadas por parte de algunos agentes e, interrogado por el uso de pelotas de goma para dispersar a los ciudadanos concentrados ante los centros de votación, una práctica prohibida por el Parlamento catalán, sostuvo que está vetada para los Mossos pero no para la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Tras tomar declaración esta semana a seis testigos, el juez Pablo Llarena tiene ya previstas las comparecencias de nuevos investigados: la expresidenta y la exportavoz del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya y Anna Gabriel, les tomará declaración el 14 de febrero; a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, el 19 de febrero; y al expresidente de la Generalitat y del PDeCAT, Artur Mas, y la expresidenta de la Asociación de Municipios pos la Independencia (AMI), Neus Lloveras, el día 20.