El Constitucional rechaza las alegaciones de Puigdemont a la suspensión del pleno

El pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado, por unanimidad, las alegaciones de Carles Puigdemont contra la decisión de suspender el pleno de investidura si el candidato no está presente y autorizado por el juez Pablo Llarena, que es el que instruye la causa en la que está imputado el expresident. De esta manera, el Constitucional mantiene la prohibición de una investidura telemática o por delegación y la exigencia de que el candidato cuente con autorización judicial para acudir a la Cámara.

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El tribunal considera que esas medidas cautelares no vulneran el principio de autonomía parlamentaria ni causan indefensión a los diputados electos de Junts per Catalunya, "cuyo derecho de defensa ha quedado debidamente preservado al aceptarse su personación en el procedimiento".

El pleno se ha reunido de forma extraordinaria este martes para estudiar las alegaciones tanto de Puigdemont como del resto de diputados electos de Junts per Catalunya (JxCat) al acuerdo adoptado el pasado sábado de suspender el debate de investidura. También ha analizado las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado, ya que no ha llegado ningún escrito del Parlament de Catalunya.

JxCat presentó el lunes un recurso ante el Constitucional en el que pide anular el acuerdo que este mismo tribunal adoptó el pasado sábado de suspender la sesión del Parlament si la investidura se pretende hacer en ausencia del candidato del grupo, Carles Puigdemont.

"Ante el hecho de que el Tribunal Constitucional no acordó la admisión ni la no admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno español, sino que acordó medidas cautelares, JxCat considera que tanto la resolución como las medidas cautelares adoptadas son nulas de pleno derecho", asegura el partido.

Así, JxCat considera que se "vulneran derechos fundamentales", ya que las medidas no han sido solicitadas por ninguna de las partes, y además invaden la autonomía del Parlament y la competencia exclusiva de la Mesa en la aplicación e interpretación de su reglamento.

Entre esas medidas cautelares, también se exigía a Puigdemont que acudiera al pleno de investidura con autorización del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que es el que mantiene viva la orden de busca y captura que se ejecutará si pisa suelo español.

A este respecto, el candidato de JxCat ha presentado un escrito al Tribunal Supremo acreditando su condición de diputado y todos los derechos y prerrogativas que le son inherentes, especialmente el de inmunidad parlamentaria, "por lo que entiende que no hace falta pedir ningún tipo de autorización judicial para el ejercicio de estos derechos".

En la resolución del Constitucional del sábado, los once magistrados que componían pleno extraordinario advirtieron expresamente al presidente del Parlament, Roger Torrent, y los demás miembros de la Mesa de la Cámara de las responsabilidades "incluidas las penales" en las que pueden incurrir en caso de no acatar la suspensión y seguir adelante con la investidura del expresidente catalán sin los requisitos exigidos.

Precisamente, el expresidente Puigdemont ha remitido una carta al presidente del Parlament, Roger Torrent, pidiéndole amparo y para que adopte "las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas del Parlament y sus miembros" y poder ser así investido.