Rivera no es el enemigo

La estrategia común de los partidos constitucionalistas ha sido el freno más eficaz frente al desafío secesionista. La aplicación del artículo 155 es la prueba más obvia. El consenso, sin embargo, empieza a resquebrajarse en el momento más inoportuno, en las fechas clave para que los separatistas lancen otro órdago al Estado o asuman vías legales. La lógica batalla electoral entre PP y Ciudadanos afecta ya a la gestión de la crisis catalana y eso no es comprensible en quienes dicen tener la defensa del Estado como prioridad. Es censurable.

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El triunfo de Ciudadanos el 21-D ha puesto en alerta al PP, que por vez primera ve cómo otro partido le arrebata a raudales votos del centroderecha. El año que viene habrá elecciones autonómicas, municipales, europeas y quizá también generales.

Tiene lógica, por tanto, que Rajoy haya lanzado a sus huestes a combatir “barrio por barrio y puerta por puerta”, como ha dicho, a quien se apresta a destronarle. Y hasta cabe entender que PP y PSOE no incluyan al rival común, Albert Rivera, en sus negociaciones sobre el agua o la financiación autonómica.

Lo que no tiene lógica es que esa guerra electoralista agrave el principal problema de Estado que sufre el país. Y por eso es inconcebible que PP y PSOE excluyan a Ciudadanos al consensuar la estrategia política y judicial frente al desafío secesionista. El excluido es, ni más ni menos, el partido que ganó las elecciones en Cataluña, el principal baluarte constitucionalista en esa comunidad y, por tanto, la mejor baza del Estado.

La razón dada por el Gobierno para dejar de lado a Ciudadanos (“no lo pidió”) no se sostiene. Y aún menos el argumento muy menor de que Arrimadas no cede al PP un diputado para tener grupo propio en el Parlament. Aducen que, de lograrlo con esa tan vieja como incomprensible triquiñuela, tendría más peso en la Cámara el bloque constitucionalista. De paso, avisa Arrimadas, el arreglillo daría al PP lo que no le dieron las urnas y, de propina, un millón de euros de las arcas públicas.

Por asuntos de Estado mucho menos graves los dos países más importantes de Europa acaban de dar ejemplo de cómo comportarse. En Francia, todas las fuerzas republicanas se unieron para impedir el triunfo de la neofascista Marine Le Pen. Y ahora en Alemania, la necesidad de frenar a la extrema derecha anima a conservadores y socialdemócratas a reeditar la coalición.

En ambos casos, hay coste electoral para sus protagonistas. Han entendido, sin embargo, que las cuestiones de Estado están por encima de intereses partidistas. Así era en España hasta que ganó Arrimadas