La venganza de Ricardo Costa

El 13 de octubre de 2009 Ricardo Costa se resistía lloroso a presentar su dimisión como secretario general del PP de la Comunidad Valenciana como le pedía su jefe de filas, Francisco Camps, espoleado por la dirección del partido en Madrid. Unos días antes, en la festividad de la Comunidad Valenciana, no se hablaba de otra cosa en el tradicional acto en el Palau, en el que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, amigo de Camps, se encargó de avivar los rumores sobre la caída de Costa. Al hermano de este, Juan Costa, que había sido ministro de Ciencia y Tecnología, no le dejaron asistir a la ejecutiva regional del partido en Valencia que terminó, ese 13 de octubre, con la carrera política de su hermano. Después de más de 19 años en el Parlamento valenciano.

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Pero, ante la sorpresa de todos los asistentes, antes de su defenestración, Ricardo Costa reconoció, avergonzado, algunas de las conversaciones que había mantenido con Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana. Explicó que siempre había cumplido las directrices que le habían marcado sus superiores y criticó a la dirección nacional del PP por no darle explicaciones sobre las causas de su destitución, aclarando que la decisión de contratar a Orange Market se tomó antes de que él tuviera responsabilidades en el partido, y que ni Mariano Rajoy ni ningún otro dirigente le ordenaron que se dejara de trabajar con la firma de Francisco Correa en Valencia.

El caso Gürtel estalló en febrero de 2009. Fue entonces cuando Camps supo que estaba siendo investigado por cohecho pasivo impropio. Fue finalmente acusado junto a otros tres cargos de su Ejecutivo y del partido de recibir regalos —trajes por valor de 12.783 euros— a cambio de conceder contratos públicos que superaban los cinco millones de euros. Costa, también conocido como Ric, que debe su rápido ascenso en la política a su familia y al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra —condenado a cuatro años de cárcel por defraudar a Hacienda—, fue uno de los acusados por cohecho pasivo junto a Camps. Ambos tenían pactado declararse culpables, como hicieron el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la consejería de Turismo Rafael Betoret. Pero unos minutos antes de la vista, y sin avisar a Costa, el expresidente de la Generalitat cambió de parecer y se declaró inocente, lo que forzó a Costa a hacer lo mismo.

Una “traición” que Costa no ha olvidado en todos estos años, según amigos suyos, aunque ambos salieron absueltos tras seis semanas de juicio. El miércoles de esta semana, Costa sirvió su venganza en frío cuando confesó ante el juez que el PP valenciano “se financió con dinero negro” por orden de Camps. Y salvó al PP nacional. Durante dos horas relató cuándo, cómo y quién había participado en la financiación ilegal. Unas declaraciones que pueden conducir de nuevo al banquillo a Camps.

La vida de los dos dirigentes populares que compartieron el poder ha dado un gran vuelco en estos últimos ocho años. El divertido y fiestero Costa, de 45 años, economista y abogado, se ha casado y trabaja en Lexcam, despacho de abogados que su padre fundó en Castellón. Es voluntario en colegios diocesanos, prestando apoyo en un comedor escolar durante el verano. También ha sido docente asociado de talleres en Cruz Roja Española, impartiendo un curso para conseguir la nacionalidad española a inmigrantes. Francisco Camps, licenciado en Derecho, es miembro nato del Consejo Jurídico Consultivo valenciano desde que dimitió en 2011 como presidente de la Generalitat, antes del juicio de los trajes. Es profesor asociado en la Universidad Católica de Valencia. Camps, que no es abogado colegiado, se representó a sí mismo y presentó un recurso en el caso de la Fórmula 1, que aún está en fase de instrucción. Lo perdió.