Un constructor de Castellón revela cómo funcionaba el sistema de comisiones del PP

El método era el siguiente. A cambio de que se le adjudicara una obra pública, la empresa en cuestión pagaba al PP que ponía en sus manos el proyecto una comisión inicial que solía rondar el 3%. Después llegaban las llamadas pizzas —en alusión al pizzo, el cobro impuesto por la mafia a cambio de su protección—, más suculentas. Es decir, comisiones o mordidas que se hacían sobre “modificados”, generalmente falsos, del proyecto inicial, y que elevaban el porcentaje hasta el 30%. Así explica el empresario de Burriana (Castellón) Vicente Monsonís, el que fuera presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción en esta provincia (Apecc) entre 1997 y 2005, el sistema de mordidas del que se nutrió el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. El mismo reconocido este miércoles ante el juez por el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y al que ahora el exlíder de la Apecc suma matices. Aunque sobre el destino final de estos pellizcos en forma de comisiones, prefiere salvar distancias: “El dinero llega y quien lo coge deja lo que quiere al partido de turno o se lo queda, eso no se sabrá nunca. Las empresas ofrecían manzanas y alguien las mordía, o no”.

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Monsonís, que ha detallado el sistema este jueves en la Cadena SER apela durante la conversación con EL PAÍS a los tintes “napolitanos” de este modus operandi. “Es una manera de definirlo cuando están implicados no sólo los partidos, y hablo en plural, sino también las empresas y la propia administración pública a través de sus funcionarios”. E incide: “Una empresa podía conseguir las adjudicaciones, pero para eso hacía falta que los funcionarios las certificaran como correctas, por eso judicialmente no había nada que hacer”.

Asegura que el 50% de las adjudicaciones en el negocio de la construcción realizadas en la Comunidad Valenciana “iban siempre a las mismas empresas; estamos hablando, hasta donde yo sé, de unas cinco o seis”. Eran las firmas que daban forma al “corralito”, como define el empresario burrianense a este círculo cerrado de sociedades entre las que se repartía el pastel de las adjudicaciones de obra pública.

Obvia dar nombres, para evitar “problemas”. Quizás también amenazas como las que ya recibió en el pasado. “Un director general de la Generalitat me dijo: estás muerto como empresario”. Y lo explica. “Presentamos —en alusión a la firma de construcción que dirigía entonces— iniciativas que la ley permitía, y como iban en contra del corralito, pues me dijeron que los proyectos que estábamos lanzando no iban a salir. Las empresas que estaban en el corralito no podían permitir que otra les hiciera sombra”.

La práctica estaba extendida, según el que fuera máximo representante de los empresarios de la construcción castellonenses, “por todos los estamentos de la administración, de la autonómica al ámbito local”. Y aunque fue “generalizada” durante sus años al frente de la Apecc, asegura que ya venía de antes: “Se ha hablado mucho de [Francisco] Camps, pero todo apunta a que hay una fase previa de creación”. Ahora “no tengo constancia de que esto siga”, aunque indica que el parón puede estar más relacionado con los efectos de la crisis que con un cambio de rumbo en este tipo de procedimientos. “Esto no es un tema de un partido u otro; es una cuestión de excelencia personal, de que quieran entrar o no”, añade.

Vicente Monsonís conoce los matices de este sistema de mordidas porque así se lo narraron varios de los empresarios a quienes se les ofreció entrar en él. Afirma que también a él le llegaron propuestas, “pero no acepté”, y que vio cómo determinados proyectos estaban en la mesa de determinados empresarios antes incluso de salir a licitación. No denunció los hechos porque no tenía pruebas. “Era todo verbal y además, ¿qué pruebas tengo cuando las adjudicaciones están firmadas por funcionarios públicos? No lo puedes demostrar cuando entre administración, empresa y voluntad política casa todo”.