La última osadía de Francisco Camps

Francisco Camps se convirtió en su abogado el 20 de febrero. Una diligencia de ordenación del secretario judicial dio ese día por personado al expresidente de la Generalitat como su propio letrado en el procedimiento por supuesta malversación y prevaricación en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia. Seis juristas provenientes de la judicatura, la carrera fiscal, la abogacía y la universidad advierten de los riesgos de asumir la propia defensa. Unos peligros que proceden de la posible “pérdida de objetividad” durante el proceso y de la falta de “competencia profesional” para enfrentarse a unas acusaciones “especialmente complicadas”.

Vicente Garrido, que preside el Consell Jurídic Consultiu donde trabaja Camps y es amigo suyo, menciona el coste económico de contratar a un penalista como “una de las razones” que “posiblemente” le han llevado a tomar la decisión.

El derecho a la autodefensa es infrecuente. “Pero no es nada extraño. El día que firmé la habilitación para asuntos propios de Paco Camps firmé cuatro más”, asegura Rafael Bonmatí, decano del Colegio de Abogados de Valencia. “Otra cosa es si es recomendable o no. ¿Tú crees que un médico debe recetarse a sí mismo?”, plantea.

“En algunos ordenamientos jurídicos una persona puede asumir su propia defensa. En el nuestro no se permite, salvo que se tenga la condición de abogado”, explica José Flors, quien en 2011, siendo magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano, la misma ante la que Camps vuelve a estar imputado, dictó la apertura de juicio oral en el caso de los trajes desencadenando la dimisión del presidente.

Flors es uno de los pocos consultados que recuerda haber visto la práctica de la autodefensa. “Yo estaba entonces en la Audiencia de Valencia, por 1985. Y en otra ocasión también”. “Lo que ocurre es que una máxima en el ámbito del Derecho dice que nadie es buen abogado de su propia causa. Para no perder la objetividad, casi todos encargan la defensa a otro, porque cada uno es presa de sus sentimientos”.

Camps no es abogado, sino licenciado en Derecho. Garrido afirma que quizá al acabar la carrera, hace 30 años, ejerció brevemente. Pero su vida desde que salió de la Facultad de Derecho estuvo volcada en la política, desde la militancia de base hasta alcanzar la cumbre regional del Partido Popular. El expresidente ha necesitado por ese motivo la “habilitación especial” que prevé el Estatuto General de la Abogacía para asistirse ahora a sí mismo.

La falta de bagaje es un problema, advierte José Manuel Ortega, juez de la Audiencia de Valencia. “Hacer una tarea digna en la defensa de los derechos de un cliente exige conocimientos y competencia adquirida por la formación y años de trabajo. Hay que manejar documentos y antecedentes, diseñar una estrategia de defensa, saber interrogar”. La causa abierta contra Camps es, además, voluminosa y nada fácil, indica Ricard Cabedo, que fue fiscal superior de la Comunidad Valenciana: “Se atribuye una malversación no directa, sino por falta de vigilancia, y una prevaricación también por omisión. Son cuestiones complejas”.

El catedrático de Derecho Penal Juan Carlos Carbonell no entiende la decisión del expresidente habiendo “muchos abogados con capacidad”. “Hasta ahora ha estado muy bien defendido. Y, en todo caso, uno tiene siempre derecho a un abogado”, dice en referencia a la justicia gratuita. El presidente de la sección de letrados penalistas del Colegio de Abogados de Valencia, Javier Gimeno opina que detrás de la autodefensa suele estar “la tentación de ahorrarse un dinero”.

Garrido enfoca en términos económicos el paso dado por Camps, quien tuvo como abogado a Javier Boix, que logró su absolución en el caso de los trajes y cuyos honorarios no son bajos. “Es verdad que existe la justicia gratuita, pero queda restringida a personas con escasísimos medios. Y hay personas que no carecen absolutamente de recursos pero para quienes pagar a un abogado supone un roto insoportable para la economía familiar. Es un drama. Esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar si una persona que es letrado se defiende a sí mismo o no”.

Bonmatí admite que el precio puede dispararse, pero “no tanto por la tarifa como por la dedicación”. “En esta querella va a haber 60 testigos. Son 60 declaraciones que hay que preparar y asistir. El tiempo es dinero y por barato que lo pongas, un caso así requiere muchas horas. Eso es lo que encarece verse envuelto en un asunto de este tipo”.