Fomento incoa dos expedientes sancionadores a Iberpistas por el colapso de la AP-6 del 6 y 7 de enero

El Ministerio de Fomento ha incoado dos expedientes sancionadores contra Iberpistas, la concesionaria de la AP-6, AP-51 y AP-61, a la luz del expediente informativo que abrió tras el colapso de la autopista, que atrapó a más de 3.000 vehículos durante 18 horas en la provincia de Segovia, entre San Rafael y Villacastín, durante el temporal de nieve. El ministro Íñigo de la Serna ha anunciado esta medida durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar sobre la operatividad de las infraestructuras durante el temporal.

De la Serna ha desvelado que la información aportada por la concesionaria tras el colapso fue "insuficiente e incompleta para conocer la magnitud del incidente", por lo que se procedió a abrir un expediente informativo. La concesionaria, ha señalado, no hizo de forma coordinada las solicitudes de restricción del tráfico para las tres autopistas y la información que suministró, tanto a los usuarios, a la Dirección General de Carreteras y a la Dirección General de Tráfico (DGT) no fue la adecuada.

Ahora, con las conclusiones del expediente, el ministerio ha decidido dar curso a dos expedientes sancionadores: uno por incumplimiento contractual y otro por la sanción que corresponda en base a la ley. Ambos se han calificado como “graves”, que es el máximo grado punitivo.

La concesionaria, según el ministro, comunicó con casi dos horas de delación la situación en la que se encontraba la autopista, "ya con multitud de vehículos atrapados", un tiempo que De la Serna ha considerado crucial para afrontar la situación para liberar a los coches atrapados y evitar que otros vehículos se incorporaran a la AP-6 y la AP-61 contribuyendo a un colapso mayor, "casi total e imposible de solucionar con medios convencionales". El plan de autoprotección no fue adoptado por la concesionaria hasta las 10.55 del día 6.

El ministerio, según De la Serna, considera que hay "razones suficientes" para la incoación del expediente de penalización contractual. "Es la penalización que establece la ley en caso de negligencia en la prestación de los servicios a los usuarios o en el incumplimiento de las tareas de explotación de carreteras o elementos funcionales en régimen de concesión, sin perjuicio de las penalizaciones establecidas en los correspondientes contratos", ha añadido.

El ministro ha explicado que una de las conclusiones del expediente informativo es que algunas infraestructuras gestionadas por la concesionaria son insuficientes "en algunos aspectos", una circunstancia que agravó la situación. Ahora Fomento podría exigir a Iberpistas que realice inversiones adicionales en el marco de sus obligaciones de conservación de las vías.

Fomento designará ahora al instructor de ambos expedientes y fijará el trámite de audiencia para que la concesionaria pueda presentar sus alegaciones. Iberpistas presentará alegaciones en su defensa en los próximos 15 días.

Adicionalmente, Fomento procederá a solicitar los costes en los que haya incurrido la Administración durante la operación. El ministerio también ha iniciado los trámites para repercutirlos. En ese sentido, en contacto con los otros departamentos implicados, ha empezado a cuantificar los gastos. Asimismo, atendiendo al derecho a recurrir de los afectados por el colapso,  pondrá en conocimiento de la concesionaria cualquier demanda a través de la Delegación del Gobierno. El ministro ha avanzado que se esperan 172 reclamaciones.

Tras el colapso, el Gobierno desvió la responsabilidad del caos creado en la AP-6 por el temporal de nieve hacia la concesionaria Iberpistas, a la que abrió el expediente informativo para recabar toda la información, evaluarla y, en su caso, llevar a cabo un procedimiento de sanción. Iberpistas (del grupo Autopistas, filial de Abertis) aseguró mediante un comunicado que puso en marcha el Plan Operativo de Vialidad Invernal a las 21 horas del 5 de enero “bajo la supervisión directa del Ministerio de Fomento y de la Dirección General de Tráfico (DGT)”, así como “en constante cooperación con Protección Civil, Cruz Roja y la UME”. El Ministerio de Fomento, sin embargo, aseguró que fue informado “a posteriori” de la situación.

En una comparecencia por la mañana, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido también en el Congreso de los Diputados que el Gobierno actuó con “previsión, planificación y coordinación” durante el temporal de nieve. Zoido ha vuelto a derivar la responsabilidad sobre la concesionaria del colapso de la AP-6, en la que vieron atrapados más de 3.000 vehículos.

El ministro, que ha comparecido a petición propia y también a instancia de varios grupos, ha vuelto a pedir perdón a “todos quienes se quedaron atrapados” y sufrieron de algún modo las consecuencias del colapso, asumiendo que la obligación es del Gobierno “sean cual sean las circunstancias”, pero insistiendo en que la AP-6 es “una autopista pública concesionada”. Zoido ha sugerido que los conductores no tomaron las precauciones adecuadas, aunque ha añadido a renglón seguido que "en ningún caso se ha responsabilizado a los conductores de quedarse atrapados", sino que el Gobierno "ha hecho la reflexión sobre por qué a algunos no les llegaron los avisos o por qué algunas recomendaciones no fueron atendidas".

“Por parte de la concesionaria, las decisiones no fueron las correctas, según los informes que obran en nuestras manos”, mientras que “por parte del Gobierno se hizo todo lo posible” para evitar las consecuencias del temporal, ha defendido. Zoido ha remarcado que la concesionaria, Iberpistas, posee su propio control de tráfico, dispone de maquinaria y “tiene la capacidad de adoptar las medidas necesarias en gestión de tráfico”.

Según el ministro, cuando el día 6 la concesionaria solicitó el corte de la AP-6 ya había muchos vehículos atrapados. "Uno de los principales motivos del colapso es que la concesionaria abrió el tráfico a las 19.09 y dos horas después, cuando ya había muchos vehículos atrapados, volvió a solicitar el corte de la vía. Y a las 22.50 activó el nivel autoprotección y pidió ayuda por no poder solucionar el colapso con sus propios medios", ha relatado.

Con todo, ha afirmado que el Gobierno “no se puede quedar ahí” y ha iniciado una reflexión sobre algunas medidas para mejorar la gestión en situaciones similares que puedan producirse en el futuro. Zoido ha contrapuesto la gestión que se hizo esos días en la A-1, vía de gestión pública paralela al trazado de la AP-6, en la que no se produjo ningún problema. Ha fijado el reto en “poner todos los medios para que esa diferencia no ocurra”.

“Es en lo que tenemos que trabajar”, ha focalizado. Según ha explicado, el Gobierno está analizando lo ocurrido para sacar conclusiones y que, a partir de ahora, una vía que no sea de gestión directa no constituya un problema en un caso similar. Pero el Gobierno todavía no conoce todos los informes que se están realizando, entre ellos el de Seguridad Vial, “para sacar conclusiones y adoptar medidas y respuestas”.

Pese a ello, el ministro ha apuntado “algunas novedades” que están en consideración para evitar otros colapsos como los de la AP-6. Entre ellas, se ha referido a que en las operaciones especiales de tráfico participe en el Centro de Gestión de Tráfico un representante de las concesionarias, que la decisión de abrir o cerrar una vía que corresponda a la DGT, que los pasos de las medianas permanezcan abiertas o practicables para poder cambiar de sentido y que la DGT pueda activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) no siendo necesario “esperar a que una Delegación del Gobierno o las comunidades autónomas lo hagan, como ahora, sin menoscabo de las competencias autonómicas”.

En su comparecencia, Zoido ha efectuado un relato por horas de los hechos y las medidas que se fueron adoptando desde que el día 4 Aemet realizó un aviso especial alertando de nevadas en la mitad norte y el cuadrante nororiental de España y la DGT convocó una reunión para planificar las actuaciones. El ministro ha defendido la labor llevada a cabo por el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, en la gestión de la crisis, mientras que los grupos de la oposición (PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV y Mixto) le han exigido su cese por su "dejación de funciones", "frivolidad", "desentendimiento" o "falta de capacidad".

Ni dimisión ni cese

“El director general de Tráfico está capacitado para gestionar situaciones difíciles y complicadas. Es un gran trabajador, conoce palmo a palmo las estructuras de tráfico de toda España, a los gestores. Ha podido tener algún fallo, como aquel tuit por el que pidió perdón, pero si algún día tengo que tomar alguna medida la tomaré”, ha asegurado. También ha afirmado que no piensa dimitir por “la gestión de una autopista concesionada” como le ha exigido Unidos Podemos.

El PSOE ha reprochado a Zoido que estuviera en el palco del Sánchez Pizjuán viendo el partido que enfrentó al Sevilla y el Betis. El ministro ha asegurado que las llamadas que recibió sobre las 19.00 del director general de Tráfico eran que “las máquinas estaban limpiando”. “Asistí al partido con el convencimiento de que la situación estaba controlada. Cuando a las 10.50, la concesionaria comunicó que la situación era un caos, yo estaba ya en casa”, ha alegado. “No puedo permitir que estaba de una manera despreocupada viendo el partido mientras otros ciudadanos pasaban por esa situación. Quiero negar la mayor de una manera categórica”, ha añadido.

Por su parte, Ciudadanos ha advertido al ministro de la existencia de un protocolo de vialidad invernal de 2009 en el que ya está previsto que la UME pueda ser convocada por la DGT, así como la comunicación constante con la concesionaria, medidas que Zoido fía a futuro.