Dos guardias civiles juzgados por soplar información a narcos niegan las acusaciones

Los dos guardias civiles acusados de filtrar información reservada a organizaciones de narcos gallegos y abortar al menos cuatro redadas policiales han negado los hechos este martes ante el tribunal de la Audiencia de Pontevedra. La fiscalía solicita para ambos sendas condenas de 13 años de prisión por revelación de secretos, encubrimiento y delito contra la intimidad al haber desvelado a los narcos la identidad de confidentes.

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Las primeras fugas de información se produjeron en 2013 cuando, según la fiscalía, los dos agentes llevaban actuando seis meses antes. Una investigación interna en la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra descubrió a los supuestos topos y 2.500 archivos confidenciales y datos encriptados de confidentes que estaban en sus ordenadores personales.

Los dos jóvenes guardias, uno de ellos del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO), y el otro de la Sección de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, han negado todas las acusaciones pero ninguno de ellos han podido explicar cómo llegó la información reservada a sus ordenadores personales.

Javier L. S. de 33 años, el supuesto topo en el ECO, sigue todavía en activo a la espera del dictamen del tribunal. Ha sido el primero en declarar y negar que hubiese facilitado información a los grupos de narcotraficantes que estaba investigando. También ha negado que le hubiese pasado archivos confidenciales y material fotográfico a su compañero Diego F.C., de 34 años, al que se le incautaron datos sobre operativos en marcha, seguimientos de la unidad antidroga, oficios para solicitar pinchazos telefónicos, listado de agentes y sus confidentes.

Sin embargo, Diego F.C., pese a que en aquellos momentos formaba parte de la sección de Patrimonio de la Guardia Civil, ha reconocido que el otro acusado le pasó ficheros a su ordenador pero desconocía de qué material se trataba porque nunca llegó a abrir los archivos ni tampoco entregó información a grupos de narcotraficantes.

Durante el interrogatorio de la fiscal, ninguno de los acusados ha podido explicar cómo llegó toda el material extraído de los ordenadores del ECO de la Guardia Civil a los suyos personales Tampoco han aclarado cómo llegaba la información al supuesto mensajero entre los agentes, Juan Carlos S.N. un vecino de Vilanova de Arousa que afronta siete años de prisión. Este ha declarado que no tiene nada que ver con el narcotráfico y ha negado que los agentes le hubieran filtrado ninguna foto ni documentación.

Según la acusación, Diego F, hijo de otro guardia que había pertenecido también a la misma unidad de información, era el encargado de citarse con el intermediario y darle los soplos. “Los dos imputados y el presunto traficante, formaban parte de un grupo criminal que tenía por finalidad la obtención de informaciones secretas y su posterior revelación a los presuntos narcotraficantes implicados en ellas", afirma la fiscalía

“Fueron en todo momento conscientes de la ilegalidad de sus comportamientos, al conocer el perjuicio que para la administración pública y para los particulares afectados se generaba con su conducta, así como de las graves consecuencias que ello tenía para las investigaciones, actuando de manera concertada y coordinada”, añade el Ministerio Fiscal. El juicio continuará con las declaraciones de testigos y responsables de la investigación de la Comandancia de Pontevedra.