La policía acusa a la Junta andaluza de retrasos en el auxilio en helicóptero de víctimas de tráfico

La policía acusa a la empresa pública andaluza responsable del servicio de emergencias EPES, de haber facilitado un fraude en el rescate de accidentados mediante helicópteros. Los investigadores alertan de un supuesto engaño por parte de las empresas Inaer y Faasa, que ha repercutido en un aspecto muy sensible: el tiempo de espera para que una víctima en accidente de tráfico sea trasladado desde una carretera a un hospital en los momentos críticos.

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El supuesto fraude que denuncia la policía atañe a la sociedad que ha licitado el servicio entre 2011 y 2018, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), por supuestamente permitir un "reparto territorial orquestado por las mercantiles aeronáuticas en Andalucía". Los agentes vinculan el modus operandi al cartel del fuego que investiga la Audiencia Nacional y que supuestamente generó un fraude de 100 millones de euros por los contratos de extinción aérea en diferentes regiones como Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Extremadura, las dos Castillas, Islas Baleares y el Ministerio de Medio Ambiente.

El presunto retraso en los tiempos de rescate de los accidentados ha sido permitido por la Junta de Andalucía a las dos empresas que prestan el servicio debido a "un verdadero pulso" en el que la Administración ha cedido a las necesidades de las firmas que gestionan las aeronaves, según el informe policial. "Aunque ello redunde en aspectos tan delicados como la ampliación del tiempo de respuesta ante una emergencia sanitaria a 2 horas 45 minutos, o la utilización de aeronaves de más de veinte años de antigüedad", denuncian los investigadores en su atestado entregado al Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, que investiga el caso.

Fuentes de la empresa pública reducen ese tiempo de espera para el traslado de pacientes críticos ante accidentes a una horquilla entre 30 y 40 minutos, "dependiendo del lugar de la atención y de la orografía". EPES asegura que ha respetado la Ley de Contratos del Sector Público para la contratación del servicio de helicópteros.

La policía censura la presentación a concurso "de una sola empresa" por lote de cada provincia, a pesar de que reconoce que el sector aeronáutico es una "oferta denominada escasa" y favorece el oligopolio, lo que podría llevar a la alteración de los precios de los concursos públicos. A pesar de esta situación, los investigadores censuran: "Pero la aparente inacción de la Administración prolongada en el tiempo ha permitido que esta situación se agrave hasta el punto de que en los expedientes analizados, por regla general ha sido una sola empresa la que se ha presentado".

La titular del Juzgado de Instrucción 8, María de los Reyes de Flores, ha autorizado a la Unidad Adscrita a los juzgados de la Policía, que investiga estas supuestas irregularidades, para exigirle a la Consejería de Salud que identifique a los responsables de las mesas de contratación que licitaron los servicios de emergencias en las ocho provincias andaluzas. El plazo para la Consejería de Salud andaluza acaba este martes.

"No son solo los tiempos de espera, sino el material con helicópteros de más de 20 años, una licencia que ha permitido la Junta a las concesionarias. El uso de dinero público en esta empresa deja bastante que desear. La denuncia la pusimos en junio tras comprobar que se repetían las mismas empresas y ahora la policía ratifica nuestras sospechas", critica el secretario general de CGT en Andalucía, Miguel Montenegro.

La investigación surgió después de una denuncia del sindicato CGT ante la Fiscalía de Málaga, que remitió el caso a la juez Flores, dada la conexión con la investigación del cartel del fuego, radicada en Sevilla. Cuando el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, analizó la denuncia, ordenó la apertura de diligencias de investigación por prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Por el cartel del fuego, que salpica a la Consejería de Medio Ambiente andaluza por el Plan Infoca y contratos por 70 millones, están imputados cinco altos cargos: el jefe de contratación, el director general de Gestión del Medio Natural, el exresponsable del operativo de extinción de incendios, su número dos, el interventor delegado y una asesora técnica.