El juez manda a la Audiencia Nacional al “grupo criminal” de la red del fuego
El magistrado de Sagunto remite el caso a la Audiencia Nacional por afectar a varias comunidades y países
El juez ha enviado este jueves la investigación de la llamada trama del fuego a la Audiencia Nacional al considerar que sus miembros, entre los que figura Serafín Castellano, que fue detenido en 2015 mientras ocupaba el cargo de delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, "integraban un grupo criminal que actuaba de manera coordinada en varias comunidades y también en el extranjero".
El magistrado considera que 14 empresas dedicadas a la extinción aérea de incendios se repartieron durante 15 años el mercado español, pactaron precios, sobornaron a cargos públicos y acordaron exportar su sistema a países como Portugal, Italia y Chile. La extensión de la trama lleva al juez a inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, competente en este tipo de causas.
Cláusulas de presunta corrupción
Las empresas que formaban parte de la trama del fuego detallaron en contratos algunas de las prácticas que la Fiscalía Anticorrupción y el juez de Sagunto Héctor Santamaría consideran delictivas.
En el punto cuarto de un documento con fecha del año 2011 intervenido en un registro por la policía se lee lo siguiente:
"Se acuerda respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público, en el bien entendido de que no deben mezclarse los nuevos concursos con la prioridad en el crecimiento de la flota que ya ha quedado decidida en el apartado segundo. Eso quiere decir que si sale un nuevo concurso promovido por la empresa X que supone un crecimiento de la flota contratada en una unidad, esa empresa será la que se presente al concurso pero con el avión que le corresponde como crecimiento de flota a la empresa que le toque crecer (empresa Y)”.
El instructor, Héctor Ignacio Santamaría, considera "suficientemente acreditada la existencia de una organización, englobada por el conjunto de catorce empresas asociadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas, las cuales de manera pormenorizada y continuada alteraban el precio de los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de helicópteros, tanto a nivel nacional como autonómico".
Castellano y la otra treintena de investigados en la causa, entre los que se incluyen excargos catalanes, niegan las acusaciones. El juez les atribuye pertenencia a organización criminal, alteración del precio de concursos públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Para amañar las adjudicaciones, las empresas presuntamente utilizaban diversas vías. Se ponían de acuerdo para dejar desiertos los concursos incrementando así el precio de licitación. Dejaban que una sola empresa se presentase a la convocatoria, logrando que se la adjudicara con el precio máximo de licitación. O pactaban con los cargos públicos el resultado de la adjudicación, a la que formalmente presentaban varias ofertas, "atentando contra la libre competencia, el principio de equidad e imparcialidad que debe de presidir en los concursos públicos, y causando con ello un importante perjuicio económico para el erario público, tanto nacional como autonómico",
Cree el magistrado que el núcleo duro de empresas de la trama, "autodenominado Grupo 6", se concertó "inclusive a nivel internacional, sea el caso de Portugal, Italia y Chile". Y, "amén de orquestar sus propias normas contrarias a los principios de la libre competencia, como respetar a toda costa sus áreas de influencia, es decir, comunidades autónomas y concursos en el extranjero, se liquidaban de manera anual por diversos conceptos entre las mismas",
El juez destaca el caso de la empresa Taexsa, a la que el resto "indemnizó" con 200.000 euros "por no presentarse a concursos públicos" durante dos años.
Se detiene también el auto, de 65 páginas, en el caso de Avialsa, empresa valenciana de Vicente Huerta, de la que dice que se valía "por medio de dádivas y regalos a favor de altos cargos" de la Comunidad Valenciana y Cataluña, a incrementar su "volumen de negocio".
Los sobornos a Castellano, que fue consejero de la Generalitat valenciana con varios presidentes, secretario general del PP regional y portavoz popular en el Parlamento autonómico, y cargos catalanes sirvieron para que Avialsa lograra la contratación de más aviones durante más tiempo, según el magistrado.
Y para conseguir que los concursos se tramitaran de forma urgente, "otorgando a las empresas del sector un plazo de 8 días, que no 52 días, que es el de la tramitación ordinaria, para presentar el pliego".
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