Castellano recibió 163.000 euros de la trama del fuego, según la policía

Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, recibió 163.736 euros de la trama del fuego, el presunto cartel de empresas del sector de la extinción de incendios forestales con medios aéreos desarticulado el pasado mes de mayo, cuando el exdirigente del PP fue detenido. La red trucó, según los investigadores, concursos públicos en siete comunidades autónomas y del Ejecutivo, y se extendió también a Italia y Portugal.

En la causa judicial hay indicios de sobornos a seis altos cargos en dos autonomías, Comunidad Valenciana y Cataluña. La intención del juzgado de Sagunto y de la Fiscalía es que la parte internacional del caso sea investigada en los países afectados. Castellano se ha proclamado inocente y ha calificado de "disparate" las informaciones sobre su procedimiento.

La presunta trama estaba compuesta por empresas especializadas en la extinción de incendios utilizando aviones. Según el sumario, las sociedades se repartían el mercado de las Administraciones, pactaban precios al presentarse a concursos o decidían no optar para que otra mercantil del grupo obtuviera una prórroga automática del contrato. En algún caso llegaron a prestarse aviones entre sí para ganar las convocatorias.

Castellano, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) elaborado a instancias del juez citado por Europa Press, disfrutó de actividades de caza, comida y alojamiento por importe de 163.736 euros pagados por una de las empresas de la presunta trama, Avialsa, con sede en la Comunidad Valenciana. Varias de esas estancias cinegéticas están recogidas en fotografías.

El informe policial menciona numerosas cacerías en las que Castellano habría participado entre 2007 y 2010 acompañado en ocasiones por su esposa y amigos. Entre ellos figuró el empresario José Miguel Pérez Taroncher, que recibió adjudicaciones de consejerías dirigidas por Castellano, criticadas por la oposición por su relación de amistad.

Entre los pagos realizados por la empresa de aviones que la policía atribuye a gastos de Castellano y su séquito figuran noches en el parador de Albacete o en un hotel de cinco estrellas de Altea (Alicante), cacerías de tórtola y caterings que costaban 2.100 euros.

La policía señala que en el registro de la casa de Castellano encontraron facturas de cacerías con aspecto de "haber sido enviadas por fax o ser simples fotocopias". Los autores del informe lo consideran un "intento" de reunir documentos para salir al paso de las informaciones en los medios sobre sus cacerías. Castellano, que también fue secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, habría pedido a Avialsa "5.000 euros en efectivo" para pagar él personalmente una cacería que tuvo lugar en 2010.

Siete comunidades

Las detenciones y los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto se extendieron por Andalucía, Baleares, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha, además de por la Comunidad Valenciana y Cataluña. Los investigadores creen que los amaños alcanzaron al Ministerio de Medio Ambiente. Además de los imputados —investigados según la nueva terminología judicial— que ocuparon puestos de responsabilidad en el Consell y la Generalitat de Cataluña, hay otro implicado que pertenecía al Ministerio de Fomento y trabajaba para Aviación Civil en Valencia.

Los concursos presuntamente amañados en Italia y Portugal tenían importes de decenas de millones de euros. El juzgado y la Fiscalía prevén que el caso pase primero a la Audiencia Nacional, ya que entre los 30 imputados los hay de varias autonomías.

Y que la Audiencia Nacional envíe, a través de los mecanismos de cooperación judicial internacional, las adjudicaciones sospechosas en Italia y Portugal a estos países para que sean investigadas allí.