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La Fiscalía de Madrid investigará las responsabilidades civiles por el caos de la AP6

La Fiscalía incoa diligencias preprocesales para depurar las posibles responsabilidades civiles

Fernando J. Pérez
Fotografía facilitada por un conductor retenido en la A-6 a la altura del kilómetro 75 en sentido Madrid.
Fotografía facilitada por un conductor retenido en la A-6 a la altura del kilómetro 75 en sentido Madrid.HERNÁN RODRÍGUEZ

El fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, ha ordenado investigar si del caos generado por la nevada de los días 6 y 7 de enero en la autopista de peaje AP-6, en la que más de 3.000 vehículos se vieron atrapados hasta 18 horas, se derivan responsabilidades civiles.

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Al amparo del artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Polo ha ordenado la incoación de diligencias preprocesales para depurar las posibles responsabilidades civiles. Según un comunicado de la Fiscalía, "se trata de averiguar si los hechos pudieran ser constitutivos de un ilícito contra los derechos de los consumidores", y si lo fuesen, “ejercitar las acciones judiciales oportunas”.

La orden del fiscal, según su escrito, se hace “en defensa de los intereses de los Consumidores y Usuarios (…) para averiguar la realidad, naturaleza, motivos y posibles responsabilidades de dichos hechos, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la Constitución Española”.

Tanto la empresa concensionaria (Abertis) como el ministerio de Fomento, el de Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT), han eludido asumir responsabilidades por la gestión de la nevada en plena operación retorno. Gregorio Serrano, director de la DGT, señaló incluso a los conductores como responsables en parte del caos.

El corte de carretera a lo largo de casi 80 kilómetros motivó que las personas que las personas que viajaban a bordo de los vehículos estuvieran “muchas” horas atrapados en la nieve, recuerda Polo.

El Tribunal Supremo confirmó una sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos donde se condenó a la concesionaria de la autopista AP-1 por falta de previsión, suficiente vigilancia y falta de coordinación y tuvo que indemnizar con 150 euros a todos los afectados.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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