El Ejecutivo cree que la permanencia de Junqueras en prisión facilita que los independentistas opten por un candidato alternativo

El Gobierno considera que la permanencia de Oriol Junqueras en prisión y la huida de Carles Puigdemont a Bruselas (Bélgica) pueden facilitar que los independentistas busquen un tercer candidato para la presidencia de la Generalitat de Cataluña, según fuentes del Ejecutivo. Con un perfil “más normal, es decir sin estar ni en prisión ni a la fuga”, resaltan esas fuentes.

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La decisión tomada por la Sala de apelaciones del Supremo condiciona las negociaciones para la investidura porque en estos momentos los independentistas no tienen asegurada la mayoría absoluta. Pese a que los partidos favorables a la ruptura lograron 70 diputados el 21-D, cinco están huidos en Bélgica y tres en prisión preventiva, con lo que solo 62 tienen asegurada su presencia en el pleno para votar —y necesitan 65 votos—.

El Parlament celebrará su sesión constitutiva el próximo 17 de enero, y debería programar la primera votación de investidura del próximo president —si hay candidato— para diez días después. Ese apretado calendario, unido a la situación personal de Puigdemont y Junqueras, puede forzar a Junts per Catalunya, ERC y la CUP a buscar una tercera vía, según una fuente del Ejecutivo. Además, la situación llevaría a huidos y detenidos a plantearse la posibilidad de renunciar al acta para sumar así los votos necesarios.

Aunque Junqueras fue considerado durante meses por los gestores de La Moncloa como un interlocutor apreciable, capaz incluso de encauzar el desafío independentista, su situación judicial ahora provoca inquietud. La posibilidad de que fuera puesto en libertad provisional, luego investido presidente, juzgado posteriormente (se calcula que tras el verano) y, en su caso, encarcelado, estaba sobre la mesa. Las consecuencias internacionales de que esa hipótesis se convirtiera en realidad podían poner a España de nuevo frente a otra crisis de imagen de primer orden.

Medidas cautelares

La decisión del Supremo provocó múltiples reacciones ayer. No solo los representantes de los partidos independentistas mostraron su rechazo. El lehendakari Iñigo Urkullu expresó su “respeto” a la resolución, pero subrayó que el futuro de Cataluña se debe abordar por “vías políticas”, no “judiciales”.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tachó de “locura” y “sinsentido” la decisión.

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, consideró “desproporcionadas las medidas cautelares”.

“Una injusticia para todos los que están en prisión, una injusticia para un país que tiene que poder mirar y construir el futuro”, lamentó en sus redes sociales Xavier Doménech, líder de Catalunya en Comú-Podem.