Imputados tres empresarios por ayudar a Granados a ocultar la propiedad de una mansión

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, ha citado como imputados para el próximo 8 de enero a tres empresarios madrileños a los que acusa de haber ayudado al presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, a ocultar la supuesta propiedad de una vivienda de lujo en Valdemoro, la localidad del sur de Madrid en la que fue alcalde y donde comenzó su carrera política. Los empresarios son Consuelo Astasio López, administradora de Taller de Arquitectura y Gestión de Obra SL; Rafael Navarro Conde, de Conde Guedan SL; y Millán Jesús Pradana Cuellar, de Calderín de Valdemoro SL. En el auto por el que los llama a declarar, el magistrado detalla que todos ellos figuraron de manera ficticia y sucesiva como propietarios de la finca que otro imputado en la causa, el constructor Ramiro Cid, regaló a Granados por sus supuestos favores urbanísticos para que se levantara una casa en la mejor zona de Valdemoro.

La vivienda bajo sospecha fue levantada por Ramiro Cid en dichos terrenos bajo las directrices estéticas de la esposa del político, la también imputada Nieves Alarcón. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a cambio el empresario supuestamente se vio beneficiado como "adjudicatario recurrente en ventas de suelo público" en la localidad madrileña de Valdemoro. Construida sobre un solar de 1.700 metros cuadrados (lo que ocupan seis chalés adosados), la vivienda iba a tener piscina con el vaso revestido de cuarcita dorada y el perímetro cubierto de pizarra negra. Además, al amplio jardín iban a dar un porche levantado en piedra arenisca.En la cocina, el político y su mujer se habían gastado 80.000 euros, con muebles de cocina valorados en 44.000 y con 17.000 en electrodomésticos. Sólo la nevera costaba 7.000 euros y el horno, otros 4.000. El resto de la vivienda seguía la misma línea: baño turco y sauna, vestidor con mando a distancia, tres chimeneas y ducha con cromoterapia y efecto niebla.

Según recoge ahora el juez García Castellón en su auto, los tres empresarios ahora imputados participaron a partir de 2008 en sucesivas maniobras para "encubrir el patrimonio ilícito de Francisco Granados a través de artificiosas compraventas" de las seis parcelas de la calle Chequia de Valdemoro donde se levantó la ostentosa vivienda unifamiliar. En concreto, Consuelo Astasio y Rafael Navarro están acusados de haber simulado en 2008 la compra de dichos terrenos a Ramiro Cid para "velar a su verdadero propietario, en referencia al exdirigente del PP madrileño, y "a su testaferro oficial, Ramiro Cid". En este sentido, el magistrado destaca que ambos empresarios recogieron en escrituras públicas la supuesta adquisición de las fincas y las inscribieron en el registro de la propiedad a nombre de sus sociedades. Sin embargo, un día después, los dos firmaron un contrato privado con Cid por el que éste conservaba la propiedad real de dichos terrenos.

Después de que en febrero de 2009 el diario Público comenzase a informar sobre la existencia de la vivienda unifamiliar y su vinculación con Granados, éste y su presunto testaferro realizaron una nueva maniobra de ocultación en la que supuestamente participó el tercer empresario ahora imputado. Según reflejan los informes de la UCO en los que el magistrado sustenta su decisión, en julio de 2011 el inmueble y los terrenos fueron comprados por 716.000 euros por Calderín de Valdemoro SL, propiedad de Millan Jesús Pradana, en lo que el juez considera como una "adquisición tampoco real". El anterior instructor de la causa, el juez Eloy Velasco, ya tomó declaración a este empresario por estos hechos.

Entonces, el supuesto testaferro negó cualquier irregularidad en la compra y aseguró que había adquirido aquella construcción porque "el precio de venta había bajado considerablemente" y "estaba dentro de sus posibilidades económicas", además de tener la intención "de sacar dos viviendas de esta edificiación para sus hijas". Sin embargo, también admitió que esto último no fue posible porque el chalé había sido levantado "con los servicios e instalaciones ejecutados para una sola vivienda". Por ello, la Guardia Civil recogió en uno de sus informes su convencimiento de que el empresario presuntamente mintió en su testimonio ya que "llama la atención que se pague una cantidad tan elevada de dinero como son 716.000 euros sin haber hecho indagaciones mínimas sobre la posibilidad de acometer dicho proyecto".

La UCO concluía que la participación en esta supuesta maniobra de ocultación de Millán Jesús Pradana pudo estar motivada por haber sido beneficiado en 2007 en un convenio entre el Ayuntamiento de Valdemoro y la sociedad pública del suelo Arpegio, entonces controlada por Granados desde su puesto de consejero de Presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre. Arpegio pagó 4,2 millones de euros en terrenos a la sociedad de Pradana a cambio de que cediese 80.672 metros cuadrados de su propiedad en el municipio para incluirlos en un espacio verde. Las irregularidades de aquel convenio provocaron que en abril de 2015 fuera anulado por el Tribunal Supremo. Ahora, el juez quiere que él y los otros dos empresarios declaren como imputados acusados de un supuesto delito de blanqueo de capitales.