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Una lengua unida por Derecho

La Real Academia presenta en Salamanca el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico

Acto de presentación del nuevo diccionario jurídico panhispánico en la Universidad de Salamanca. Ampliar foto
Acto de presentación del nuevo diccionario jurídico panhispánico en la Universidad de Salamanca. EFE

Los sistemas jurídicos de los países de habla española comparten, cada uno con sus matices, las mismas raíces, y no es extraño, por tanto, que los textos que generan los juristas a ambos lados del Atlántico adolezcan de problemas comunes: abuso de fórmulas arcaicas, latinismos innecesarios, oscuridad expositiva, formas verbales obsoletas… El lenguaje jurídico de cada Estado tiene, además, sus propias características y, así, muchas veces, para un abogado español –no digamos para un ciudadano común- leer una sentencia, auto, ley o decreto argentino, mexicano o peruano supone una dificultad añadida. Lo dicho es válido en sentido contrario: para un letrado de Buenos Aires enfrentarse a un texto de un juez de Madrid puede suponer un doble desafío jurídico y lingüístico. Dentro de los lenguajes técnicos, el léxico del Derecho probablemente sea el que presente más puntos de divergencia para una lengua con 572 millones de hablantes que lucha por preservar su unidad.

Con el ánimo de mantener y fomentar la cultura jurídica común más de 400 juristas y filólogos de América y España han trabajado durante cuatro años en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DEPJ), que se presentó este viernes en la Universidad de Salamanca en un acto presidido por el Rey. Coordinados por el catedrático de Derecho Administrativo y secretario de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, estos expertos han puesto en pie, por primera vez, un repertorio de 40.000 entradas con léxico procedentes de todos los países hispanoamericanos.

El DEPJ, publicado por la editorial Santillana en dos volúmenes, parte del Diccionario del Español Jurídico, que se presentó en abril de 2016 y del Libro de Estilo de la Justicia, que vio la luz el pasado enero y aplica el mismo método y criterios lexicográficos de los diccionarios comunes de la lengua. Cada término o locución incluye una breve definición, que a su vez se apoya en textos legales, jurisprudenciales o doctrinales. Felipe VI calificó el DEPJ como una “obra magnífica” y “un instrumento de valor universal que enriquece nuestro legado común al sistematizar y vertebrar el español jurídico”.

En su discurso de presentación, Muñoz Machado ha recordado que el DEPJ parte del deseo común de la Academía y del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, de “impulsar el desarrollo de obras que contribuyeran a la claridad y accesibilidad del lenguaje jurídico”. Esta preocupación fue compartida por sus homólogos de toda América, reunidos en la Cumbre Judicial Iberoamericana.

La vocación de este “libro inacabable”, según Muñoz Machado, va más allá. El DEPJ “servirá para asegurar la pervivencia en los pueblos ibéricos de los conceptos en que se apoyan las formas democráticas de gobierno, los valores del Estado de Derecho y las garantías de las libertades”, afirmó el catedrático y académico. Además, “contribuirá a aumentar la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas” y “podrá ser el texto referencia para una comunidad jurídica intercomunicada”.

Muñoz Machado insistió en que la “lengua de los juristas forma parte destacada de la cultura común hispanoamericana”. Los legisladores americanos, tras la independencia de las colonias, se inspiraron, especialmente en el Derecho Civil, en los códigos españoles, textos que, a su vez, bebían del Código napoleónico y se enraizaban en la cultura jurídica romana. “El mantenimiento de la unidad esencial de ese léxico y de los conceptos, valores y principios a que responde, requiere, al menos, su compilación”, señaló el secretario de la RAE.

En su intervención, Carlos Lesmes recordó que “el correcto uso del lenguaje y su claridad constituye un instrumento imprescindible” para la Justicia. “La función comunicativa que se espera del lenguaje legal exige que la regla jurídica –ley o sentencia- sea comprendida por todos los ciudadanos y, lo que es más importante, que sea cumplida, y no podrá serlo cuando no se entiende”, añadió.

La elección de la Universidad de Salamanca para esta presentación no ha sido casual. Esta universidad, que en 2018 celebra su octavo centenario, conjuga como pocas la orientación jurídica, con los estudios lingüísticos y la vocación iberoamericana. El rector saliente, Daniel Hernández Ruipérez, recordó que “Salamanca se ha ganado el título de Universidad del Español por numerosas iniciativas relativas a la enseñanza de nuestra lengua” y lleva “cinco siglos de relación jurídica con la América de habla hispana, desde que Francisco de Vitoria hablara de los derechos de todas las personas”.