El Ayuntamiento de Ceuta acumula 50 juicio contra un plus por usar ordenadores

¿Tiene hoy sentido abonar un plus a un empleado municipal por el mero hecho de trabajar con un ordenador? ¿Y suprimirlo unilateralmente, generando situaciones de desigualdad entre trabajadores que acaban en los juzgados? Las dos preguntas tienen la aparente y lógica respuesta negativa. Sin embargo, en Ceuta, una y otra cuestión sirven para armar de argumentos a Ayuntamiento y sindicatos, enfrentados en un conflicto laboral que acumula cuatro años de batalla y más de 50 juicios, la mayor parte, perdidos por el Consistorio.

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En un lado, el Ayuntamiento ceutí alega que el popularmente conocido como ‘plus de pantalla’ ya “no tiene sentido” y, por ello, está legitimado para eliminarlo ante futuras reclamaciones. Así lo hizo en 2011, cuando decidió no reconocerlo más, a menos que un juez dictaminase lo contrario. En el otro, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF que, en bloque, denuncian que la medida unilateral ha derivado en otro sinsentido, ya que el acuerdo por el que lo otorgó en 1988 sigue vigente y palpable en las nóminas de los trabajadores más antiguos. Eso hace que buena parte de los jueces acaben fallando a favor de los demandantes y condenen al Ayuntamiento a pagar el plus con retrasos, además de las costas judiciales.

“Con la saturación que tienen los Juzgados de Ceuta, encima lleven años tratando estas reclamaciones absurdas. La estrategia del Ayuntamiento es incomprensible, le está costando el dinero de los juicios y sigue litigando en lugar de sentarse a negociar”, lamenta Iván Ramos delegado sindical de CSIF en el Consistorio. José Antonio López, secretario de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento, añade más: “La situación ha creado desigualdad y malestar entre trabajadores. Hace que, en una misma oficina, algunos ganen más que otros por hacer lo mismo”.

Pero no siempre fue así. En 1988, el Consistorio ceutí decidió modernizarse y subirse al carro de muchos convenios colectivos que empezaron a reconocer “un incentivo de especial cualificación informática”, tal y como recogió en su Acuerdo Regulador de Relaciones Laborales. “Se da en un momento en el que la mayoría escribía a máquina”, rememora López. Para motivar a los empleados, el complemento por manejo de terminal informático establecía un plus progresivo en el tiempo para funcionarios y personal laboral. Hoy supone unos 75 euros mensuales para el primer tramo, 93 euros para los funcionarios con más de dos años y 135 euros para los que tienen más de cinco.

El plus de pantalla se mantuvo vigente hasta 2011, cuando el área de Recursos Humanos lo fulminó unilateralmente. “Aunque no todos lo cobraban entonces, a partir de ese momento ya no se concedió más”, explica López. Y el conflicto se trasladó a los juzgados, donde hoy sigue sin visos de solventarse. Los sindicatos desconocen cuántos de los 1.400 empleados y de los 400 interinos cobran el complemento, pero sí contabilizan hasta 53 juicios celebrados por este motivo, la mayor parte ganados por los demandantes.

Victorias con retroactividad

“En el caso de los funcionarios de carrera -juzgados en los tribunales de lo Contencioso Administrativo- se están ganando con retroactividad, lo que supone unos 4.300 euros, más las costas”, aclara López. Sin embargo, en el caso del personal laboral -en juzgados de lo Social- no todos se vencen, “aproximadamente un 70%, y solo con la retroactividad de un año, unos 1.000 euros más costas”, añade Ramos. En los fallos favorables, los jueces ceutís hacen referencia a una “discriminación retributiva”, incompatible con el derecho a la igualdad, determinado en el artículo 14 de la Constitución.

 “La justificación está en el principio de igualdad desde el momento en el que, según recogen las sentencias, otros trabajadores que hacen uso de las herramientas informáticas sí perciben el plus, a diferencia del personal que ha tenido que llevar su pretensión ante los tribunales”, reconoce Luliana Dendiu, abogada del Área Derecho del Trabajo de AGM Abogados. Sin embargo, en los casos negativos, los magistrados alegan que el acuerdo de 1988 es incompatible con el actual convenio del Ayuntamiento (de marzo de 2005), en el que no hay referencia alguna a este plus. Además, esgrimen que el “empleo de un terminal en la actualidad no entraña dificultad, ni peligrosidad, ni es penoso para el trabajador”, según la sentencia 312/2017 del juzgado de lo Social, Nº1 de Ceuta.

 Es justo ese último argumento el que ha regido el devenir de los pluses de pantalla en distintas entidades, tanto privadas como públicas, en España. “En su día, se descubrieron problemas de fatiga visual que, con la mejora de los equipos informáticos, se mejoraron. Habría que analizar si aún hoy se producen penosidades”, reconoce Juan del Campo, secretario de Empleo de la Federación Nacional de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. No comparte su opinión Dendiu, que cree que ahora los ordenadores producen justo el efecto contrario, “facilitan y agilizan las tareas”.

 Además de Ceuta, muy pocos consistorios reconocen hoy el complemento, como es el caso del pueblo de Villa de Épila (Zaragoza) que establece en su convenio vigente -de enero de 2009- hasta 60 euros mensuales de gratificación. Hoy en día, la mayor parte de las entidades han hecho desaparecer los pluses de pantalla, subsumidos en complementos específicos, dentro de las Relaciones de Puestos de Trabajos (RPT) o en subidas salariales. Esa es justo la baza que juega el Ayuntamiento ceutí que entiende que se trata de un extra que ya está “incluido, aunque no como tal, en el complemento específico que cobra el personal público, y si bien hay trabajadores que lo reclaman por la vía judicial y se suele ganar, las sentencias no crean jurisprudencia”.

Pero ni la mayoría de los jueces ni los sindicatos compran esta tesis municipal. Achacan la culpa a las ganas de litigar del Ayuntamiento, frente a la voluntad de buscar un consenso para la creación de una RPT que, pese a que es obligatoria en lo público, aún no existe en Ceuta. “Esa relación y su correspondiente valoración de los puestos acabaría con el problema ya que se podría alcanzar un acuerdo para acabar con las desigualdades. Sin embargo, ellos prefieren jugar con el descrédito social al funcionario”, denuncia López.

Mientras que esta maraña laboral se dilata, en los juzgados las causas perdidas del Ayuntamiento no paran de crecer. Ramos calcula que el Consistorio ya acumula “entre 12.000 y 14.000 euros de costas judiciales”. “Algún día los sindicatos pondremos pie en pared y tendremos que plantear un juicio por lo penal por el menosprecio a los trabajadores y la presunta malversación y prevaricación que se está haciendo con el dinero público”, remacha con contundencia el sindicalista.