El coronel jefe de la UCO rehúye responder en el Congreso sobre la financiación ilegal del PP

El coronel de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), Manuel Sánchez Corbí, no ha aportado ningún dato este martes en el Congreso de los Diputados sobre la presunta financiación irregular del PP. En su comparecencia en la comisión que la investiga se ha mantenido rígido como un frontón ante las preguntas de los partidos de la oposición bajo la justificación de que no podía comentar nada del fondo de las investigaciones porque la policía judicial trabaja para los jueces y en secreto.

Los esfuerzos de los grupos por indagar detalles relacionados con los casos Taula, Púnica y Lezo han chocado con su obligación de mantener el secreto. “La policía judicial se comunica solo con el juez y el fiscal”, se ha defendido ha evitado hacer comentarios sobre informes de la unidad que dirige desde diciembre de 2015 relativos a estos asuntos. “Aunque se hayan publicado cosas, nosotros no las hemos facilitado”, ha sorteado.

Ante esta situación, Ciudadanos ha invocado el artículo 64.4 para que el responsable de la UCO vuelva al Congreso en otra ocasión para una comparecencia secreta. “¿En ese caso tendría una actitud más colaborativa?”, ha preguntado el diputado Toni Cantó ante la protesta del PP.

Sánchez Corbí ha respondido que su actitud no es la que le gustaría, pero tiene la obligación de mantener el secreto siempre que hay diligencias en curso. Con todo, ha afirmado que trasladaría la pregunta a los jueces para obtener su consentimiento o negativa. La comisión estudiará la propuesta de Ciudadanos.

El responsable de la UCO, que ha asegurado que en "ninguna investigación" de sus agentes se alude a que el PP pueda haberse financiado a través de "ayudas europeas", ha limitado sus intervenciones a comentar aspectos sobre las "formas de investigación". Por ejemplo, se ha referido al origen del caso Taula, que investiga las presuntas irregularidades de financiación del PP en las campañas electorales de 2007, 2011 y 2015, y que se inició "por una denuncia de una persona que participaba en la trama de corrupción" en octubre de 2014 y que la UCO entró a investigar "a instancias de la Fiscalía de Valencia". A partir de ahí, "se empiezan a desgranar hallazgos más o menos casuales y se van haciendo piezas separadas que todavía no se han cerrado", ha generalizado.

Respecto a la abundancia de causas separadas en los casos, ha dicho que las investigaciones llevadas a cabo por la UCO "no siempre llevan a abrir piezas separadas de corrupción y financiación ilegal de partidos", pero que en todo caso "lo decide el juez en función de la propia dinámica de la investigación". "Si hay intervención de llamadas, hay muchas conversaciones e indicios", ha ilustrado.

Pero, a preguntas del PNV, ha rechazado la existencia de "una dinámica general" en el modo de operar de las tramas vinculadas al PP y su entorno. "No hay patrones: hay tantas derivadas como personas delinquiendo", ha especificado. El coronel jefe de la UCO también ha negado haber soportado presiones en ninguno de los casos investigados bajo su responsabilidad, en relación con unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes al haber sido vinculada con la trama Púnica en uno de los informes. "Cada uno tiene derecho a defenderse como pueda", ha asegurado ante las preguntas del PSOE.

En ese sentido, ha apuntado que "la única presión es la de los medios de comunicación". "La única presión, si podemos llamarla así ya que no nos afecta, es la de la prensa. Pero eso es ruido. Nuestro trabajo va dirigido a los jueces que son los que tutelan los informes", ha apuntado. También ha defendido la claridad y contundencia de los informes llevados a cabo por la unidad, pero ha recordado, a prgunas del PP, que solo tienen carácter de denuncia y que el valor condenatorio depende del juez.