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Primer mes de una intervención tranquila

La cercanía del 21-D y la renuncia del Gobierno a cambiar las políticas ha aliviado la tensión en Cataluña

Mariano Rajoy presenta al presidente del PP del Pais Vasco en un desayuno informativo.
Mariano Rajoy presenta al presidente del PP del Pais Vasco en un desayuno informativo. Alvaro García

El día a día del mes transcurrido desde que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció la intervención de la Generalitat de Cataluña, el cese de todo el Govern, y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre, no ha tenido nada que ver con las previsiones pesimistas, alarmistas y casi dramáticas con las que contaba el Gobierno de la nación. No ha habido resistencias, no ha habido huelga ni declarada ni soterrada, sino que los funcionarios de la Administración autonómica, de todas las consejerías, así como de la Presidencia y la Vicepresidencia, cumplen con su trabajo cotidiano, sin sesgos ideológicos o instrucciones que supongan un giro al quehacer de cada consejería. La sorpresa se ha producido en las dos orillas.

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Los funcionarios de la Administración autonómica se han sorprendido de que nadie desde Madrid les haya tratado de imponer cambios en el funcionamiento de las consejerías; y los encargados del Gobierno central de "hacer el seguimiento" a través de cada ministerio y de que los servicios funcionen, solo han encontrado profesionalidad. Los intentos de un colectivo de funcionarios de la Generalitat de organizar una protesta no han surtido efecto por ausencia de seguimiento.

La clave ha estado en que no ha habido una ocupación de funcionarios de Madrid, sino que la media docena de funcionarios de la Administración central que está en Barcelona, con el secretario de Estado de Administraciones Territoriales a la cabeza, Roberto Bermúdez de Castro, son absolutamente invisibles. Su intervención se limita, desde el primer día, a preguntar a los responsables catalanes cuáles son las prioridades de cada departamento y qué problemas deben ser resueltos de inmediato. El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, dio dos instrucciones claras: discreción y continuidad en el trabajo de cada departamento. Los responsables políticos de llevar adelante medidas a favor de la independencia y de la construcción de las estructuras de Estado fueron cesados. Ese era el campo directo de la intervención y ningún otro más.

La convocatoria electoral casi inmediata para el 21-D fue toda una declaración de intenciones de Rajoy a la sociedad catalana y a su propio partido. Esta celeridad en la celebración de elecciones, apenas diez semanas después de la entrada en vigor del artículo 155, no era en absoluto el criterio de algunos sectores de su partido ni, desde luego, del PP catalán. Los populares encabezados por el candidato Xavier García Albiol presionaron para que las elecciones no se celebraran, al menos, hasta el verano. Durante ese tiempo, el Gobierno central debiera haber aplicado políticas en distintos ámbitos para que se apreciara una impronta constitucionalista en áreas clave. Rajoy no atendió esos requerimientos. Cambio de políticas, no, cese de personas, sí. Los efectos de esta decisión se traducen en la colaboración de los funcionarios "a quienes nadie les ha pedido lealtades, ni que hablen en castellano, ni que hagan nada distinto a lo que hacían ya que sus jefes siguen siendo los mismos", señalan con cierta ironía fuentes gubernamentales. El temor a que no funcionaran la educación y la sanidad atenazaba al Ejecutivo central, pero no ha ocurrido. Las huelgas de los universitarios también han cesado y la convocada la semana pasada por un grupo de funcionarios tuvo escaso seguimiento.

Desde la Administración catalana se temía que la intervención afectara a los medios públicos de comunicación, al modelo educativo y a los Mossos d'Esquadra. Gracias a la actuación de los socialistas, TV3 y Catalunya Ràdio no fueron intervenidas, como en principio se había anunciado. Aún así, la Administración del Estado es muy crítica con estos medios ya que estiman que siguen sin recoger el pluralismo político y, sobre todo, mantienen una línea en relación con el Govern cesado como si sus miembros no hubieran sido destituidos.

En el terreno político, el líder del PP catalán, Xavier García-Albiol, mantiene posiciones duras, como hizo el pasado viernes al informar de que su partido propondrá "cerrar TV3 y volverla a abrir con gente normal que sea plural". Las quejas contra la televisión autonómica también son, desde hace años, una constante en las críticas de Ciudadanos, si bien Inés Arrimadas, cabeza de lista en las elecciones de la formación de Albert Rivera para el 21-D nunca se ha mostrado tan beligerante como Albiol.

Normalidad

Por el contrario, Ciudadanos ha sido muy crítico y compite con el PP por denunciar lo que consideran "adoctrinamiento" en las escuelas catalanas, aunque la semana pasada no prosperasen las mociones que presentaron en el Congreso.

El cambio en los Mossos d'Esquadra sí ha sido visible pero no en las políticas ni en las instrucciones. El mayor del cuerpo, Josep Lluís Trapero, fue relevado por Ferran López tras ser investigado por la Audiencia Nacional y ha acabado relegado finalmente a tareas administrativas.

Aunque en términos coloquiales se habla de "normalidad", se debe a que pronto habrá elecciones, pero el trauma y la huella del pasado 27 de octubre son muy profundos. Rajoy fue y es muy consciente al tomar la decisión de aplicar el 155. Ese día el Senado debatió durante seis horas el contenido de ese artículo constitucional. Los portavoces deliberadamente extendieron sus intervenciones al estar pendientes de lo que ocurría en Barcelona. Había la esperanza de que el president Carles Puigdemont convocara elecciones. Pero lo que hizo fue proclamar la independencia. El Senado aprobó el 155 y cuando el marcador mostró los votos, la respuesta fue un absoluto silencio. "Hoy es un día triste, la sinrazón se ha impuesto a la ley", apuntó Rajoy como primera apreciación antes de anunciar el cese del Gobierno catalán.

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