‘Argumentarios’ Melero

El abogado barcelonés Xavier Melero repasaba estos días en su bufete de la avenida Diagonal 433 la estrategia de defensa de su nueva clienta: la exconsejera catalana de Gobernación, Meritxell Borràs.

Después de entrar en prisión, el pasado 2 de noviembre, Borràs (Hospitalet de Llobregat, 1964, dos hijos) decidió cambiar de abogado.

Melero, que se encarga junto a su socia, la abogada Judith Genés, de la defensa de los miembros de la Mesa de la Diputación Permanente Luis Corominas, Luis Guinó y Ramona Barrufet, propondrá a Borràs prestar declaración lo antes posible ante el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Meritxell Borràs es señalada por la magistrada Carmen Lamela en su informe al Supremo.

“Se debe precisar —se apunta en el informe Lamela del martes 21 de noviembre— que el hecho de que la Intervención General de la Generalitat de Cataluña haya certificado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria ha sido oficialmente utilizada, no excluye que se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estos fines, como lo atestigua la actuación de la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs i Solé”.

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El informe añade que Borràs “decidió adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum, dictando al efecto el acuerdo marco para el suministro de urnas en las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana, en el marco de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general”.

La exconsejera llevó adelante el acuerdo para el suministro de las urnas del referéndum del 1-O a través de un concurso que fue declarado desierto. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) presentó, a raíz de este concurso, una querella por prevaricación, desobediencia y malversación contra Borràs y Francesc Esteve, entonces secretario general de la consejería de Gobernación.

Melero trabaja con el ensayo y el resultado a su favor de la primera obra: la declaración de sus representados el 9 de noviembre ante el magistrado Llarena.

Los tres —Corominas, Guinó y Barrufet— prestaron su acuerdo para contestar a las preguntas de los fiscales y del juez, un cambio estratégico respecto a la práctica habitual, hasta entonces, de responder solo al propio letrado. Esta conducta ya la había ejercitado el exconsejero Santi Vila ante la magistrada Carmen Lamela en la Audiencia Nacional.

Y los tres practicaron durante varias jornadas lo que a estas alturas ya puede ser definido como el argumentario Melero.

Lo que dicho guion contemplaba era admitir únicamente el hecho, innegable, obvio es, de la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional.

“Del relato de hechos de la querella aceptamos que del mismo pudiera desprenderse la idea de que efectivamente hemos desobedecido, por convicción política, las resoluciones del TC”, se aceptaba en el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Lo que se pretendía era que el 1-O tuviera más valor simbólico que el 9-N de 2014”. Melero, precisamente, fue el letrado de Artur Mas en la querella que terminó inhabilitándole en el TSJC por dos años a raíz de la consulta del 9-N.

Respecto de la declaración de independencia, en el guion se sostenía: “Se firmó una declaración que se adjuntó en la parte declarativa, pero no se votó, y la voluntad no era hacerla efectiva, porque hemos asumido la aplicación del artículo 155”.

En los ensayos previos de la declaración ante el magistrado Llarena, la aceptación del 155 era relevante habida cuenta de que los que declaraban habían sido miembros de la Mesa del Parlament. “No simplemente lo aceptamos de facto sino que lo hemos aplicado e implementado, hemos considerado al Parlamento disuelto y, por tanto, no se han celebrado las reuniones de la Mesa convocadas con anterioridad a la aprobación por el Senado del artículo 155 y se ha convocado la reunión de la Mesa de Diputación Permanente la semana siguiente”.

La Constitución también estaba presente en el relato. “Acato la Constitución Española y, sin renunciar a mis convicciones políticas, no voy a emprender acciones que puedan ser consideradas delictivas en contra de los mandatos de la Constitución”.

Fue la secretaria cuarta de la Mesa, Ramona Barrufet (Juneda, 1959), profesora de magisterio, quien con mayor respeto al texto expuso el argumentario. Barrufet declaró después de Forcadell, Corominas, Guinó y Anna Simó ante los fiscales de Sala del Supremo, Jaime Moreno y Javier Zaragoza. No tuvieron que insistir, como en los otros casos, en sus preguntas. Barrufet fue muy explícita.

Antes de pasar a la vistilla (la breve audiencia que determina las medidas cautelares y reales: prisión incondicional o fianza, y fianza por responsabilidades civiles, respectivamente) los fiscales acordaron que pedirían prisión incondicional para los cuatro primeros imputados y solo propondrían prisión eludible con fianza, a discreción del magistrado, para Barrufet.

Los cuatro restantes miembros se acogieron a la vía Barrufet, lo que desembocó en prisiones con fianza para los cinco.

Melero, pues, quiere reeditar el 9-N de 2017 con la exconsejera Borràs, que ha decidido no aceptar la propuesta de presentarse a las elecciones del 21-D que le hizo llegar desde Bruselas Carles Puigdemont. La exconsejera parece dispuesta a asumir el nuevo argumentario.

Ahora será más fácil: porque ya Esquerra Republicana de Cataluña y Junts Pel Catalunya no plantean en sus programas la vía unilateral a la independencia y hablan de bilateralidad.

El calendario mete presión a Melero. Y a Andreu Van den Eynde, que defiende a Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Dolors Bassa, y Carlos Mundó; a Jordi Pina, que representa a Jordi Turull, Josep Rull, y Jordi Sánchez; a Daniel Pérez, de Martell Abogados, defensor de Joaquín Forn y a Marina Roig, a cargo de la defensa de Jordi Cuixart.

La noche del 4 de diciembre comienza la campaña electoral, y aunque Borràs, según se ha apuntado, ha decidido por razones personales, no ser candidata, la mayoría de los encarcelados sí van en listas.

Pero es que, además, está la guinda: el lunes 4 de diciembre se celebrará en la cámara especial de primera instancia de Bruselas la vista clave de la extradición de Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados ante el juez de instrucción que adoptará la decisión.

No parece que el magistrado Llarena, quien descartó los riesgos de destrucción de pruebas, fuga y reiteración delictiva para decretar la prisión incondicional de los cinco miembros de la Mesa de Diputación Permanente, pierda la oportunidad de enviar un mensaje al juez de instrucción belga sobre cómo funciona la justicia española.