La juez Lamela facilita la posible excarcelación de los ‘exconsellers’

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela defendió este miércoles en un informe que la investigación por delitos de rebelión, sedición y malversación contra los líderes independentistas catalanes, actualmente dividida entre la Audiencia y el Supremo, se realice “de forma conjunta y en un único procedimiento”, que necesariamente se llevaría en el alto tribunal. Este informe allana el camino para que el juez del Supremo Pablo Llarena asuma toda la causa, y facilita la excarcelación, previsiblente antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, de los exconsellers de la Generalitat en prisión provisional.

La juez Lamela envió al magistrado del Supremo Pablo Llarena el informe que este le solicitó el pasado 14 de noviembre, previo a decidir sobre la posible acumulación en el alto tribunal de las causas judiciales por rebelión, sedición y malversación, entre otros delitos, contra los líderes del proceso secesionista que culminó el pasado 27 de octubre con la declaración de independencia en el Parlament.

La magistrada es tajante a favor de la unión de la investigación conjunta de las causas: “La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común”. Según la magistrada, “cualquier escisión de la causa inevitablemente conduciría al examen parcial y sesgado de los hechos”.

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional investiga la querella por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los 12 exconsejeros del Ejecutivo autonómico por sus actuaciones para lograr la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña y su proclamación como república independiente dinamitando la Constitución y las leyes. Esta investigación incluye también la denuncia por sedición contra los expresidentes las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Al mismo tiempo, en el Tribunal Supremo, el juez Llarena sigue una causa por los mismos hechos contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y otros cinco miembros y exmiembros de la Mesa la Cámara autonómica, casi todos ellos aforados. Ambas investigaciones derivan de sendas querellas presentadas el 31 de octubre por el fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

La magistrada Lamela envió el pasado 2 de noviembre envió a prisión incondicional al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a otros siete exconsellers tras tomarles declaración y, al día siguiente, dictó orden de busca y captura internacional contra Puigdemont y otros cuatro miembros de su antiguo gabinete huidos a Bélgica.

La posición favorable de Lamela a acumular los dos procedimientos facilita el camino a Llarena para asumir toda la causa. El Supremo es partidario de que haya una sola causa judicial para la cúpula del procés y de que esta se instruya en el alto tribunal. Y, pese a que la opinión de la juez de la Audiencia no es vinculante para Llarena —este ni siquiera había solicitado a la magistrada su parecer sobre la unificación de las causas—, que la magistrada apoye la unificación evita que se traslade a la opinión pública y a los propios implicados en la causa la existencia de discrepancias entre los tribunales. La necesidad de que no vuelvan a repetirse resoluciones contradictorias entre la Audiencia y el Supremo como las que se produjeron en las primeras semanas de investigación es una de las razones que se valoran en el alto tribunal para apostar por la unificación del proceso.

Al Supremo le preocupaba también que sus decisiones, entre ellas la posibilidad de asumir toda la causa, no se interpretaran como una desautorización a Lamela, y la postura de la juez de la Audiencia favorable a la unificación evita esta posibilidad. No obstante, el dictamen de Lamela contrasta con la posición expresada, también a petición de Llarena, por la Fiscalía. El ministerio público se opuso a la acumulación de todas las causas en el Supremo al entender que ambas causas “tienen sustantividad propia y (…) aunque entrelazadas, presentan características propias y son susceptibles de análisis independiente o separado”.

Varios de los exconsellers encarcelados, entre ellos el exvicepresidente Junqueras, han pedido en la Audiencia que les excarcelen para hacer campaña electoral. Las fuentes consultadas señalan que si, como es previsible, el Supremo asume la causa en los próximos días, Llarena puede citarles a declarar y abrir la puerta a un cambio en las medidas cautelares. La campaña para el 21-D empieza el 5 de diciembre y se entiende que hay tiempo suficiente para que revisar la situación antes de esa fecha. El Supremo no es partidario de que la campaña se afronte con los líderes del procés (muchos de ellos candidatos electorales) en la cárcel, pero las fuentes consultadas advierten de que las situaciones de los exconsellers no son del todo equiparables a las de los miembros de la Mesa (a los que Llarena dejó en libertad provisional) y que el instructor tendrá que valorar cada caso.