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La ‘paranoia del fuego’ se topa con la realidad de la Galicia rural

Pese a las denuncias de "terrorismo" de la Xunta, las pistas de la última ola incendiaria apuntan a las desdichas de un territorio abandonado a su suerte

Agentes examinan una furgoneta calcinada durante la pasada ola de incendios.
Agentes examinan una furgoneta calcinada durante la pasada ola de incendios.

Quienes vigilan el monte a diario en Galicia saben cómo reacciona el cerebro humano ante el cerco de las llamas. Cuando los fuegos se multiplican aquí y allá como por arte de magia negra, cuando se baja a un infierno como el que rodeó hace un mes a decenas de miles de gallegos, es casi imposible no sospechar que hasta tu propia sombra alberga a un incendiario. En Vigo, vecinos angustiados aseguraban haber visto motoristas extendiendo el infierno por la ciudad y la Xunta de Alberto Núñez Feijóo aún sigue repitiendo como un mantra defensivo la palabra “terrorismo”.

“Yo le llamo la paranoia del fuego, porque no hay nada de eso”, apunta Alejandro Rodríguez, agente forestal en Galicia desde hace un cuarto de siglo. No ha habido ni fiscal ni cuerpo policial que haya encontrado indicios de una trama organizada detrás de las olas de incendios que azotan el noroeste de la Península periódicamente, cuando el calor y los vientos activan el polvorín en el que se han convertido las áreas rurales por la despoblación, la falta de limpieza y la extensión descontrolada de especies pirófitas como el eucalipto y el pino. Y no será por no intentarlo.

Desde que el político popular José Manuel Romay Beccaría, hoy presidente del Consejo de Estado, lanzó esa hipótesis en 1990 como consejero de Agricultura de Manuel Fraga, se han abierto en Galicia varias investigaciones judiciales buscando en vano una confirmación, también después de la ola incendiaria de agosto de 2006.El rastro dejado por los fuegos que arrasaron hace un mes 50.000 hectáreas de patrimonio natural gallego apunta a que la rápida y simultánea extensión de las llamas tiene que ver más con las antorchas voladoras que salen de los eucaliptos que con la acción de bandas imaginarias. En Vigo se ha hallado una corteza de este árbol chamuscada en una casa del centro urbano. Y ya en 2006, hojas ardiendo de este árbol originario de Australia llegaron hasta las islas Cíes, a 15 kilómetros de la costa. Los datos oficiales de la Xunta, sin embargo, recogen el número de focos de los incendios sin distinguir el principal de los secundarios, pese a la importancia de esa diferenciación para conocer cómo y por qué se propagan las llamas en una tragedia como la que acaba de sufrir Galicia.

Tampoco los detenidos hasta ahora parecen miembros de un comando. Un activista ambiental que alega haber asado unos chorizos y una septuagenaria que se puso a quemar rastrojos pese a la prohibición por viento y sequía son los dos arrestados por la última oleada incendiaria. Un mando de la Guardia Civil esgrime la complejidad de investigar los incendios y accede a “hablar en B” de las numerosas pesquisas abiertas sobre lo ocurrido: “No tenemos nada de nada”.

Criminales escurridizos

Detrás del 96% de los incendios esclarecidos (que son pocos, según los expertos) está la mano del ser humano, ya sea de forma fortuita o intencionada. “Pero lo único que encontramos son perfiles con motivaciones individuales”, subraya el fiscal gallego especializado en medio ambiente, Álvaro García Ortiz. Los 540 agentes forestales que vigilan el extenso monte gallego, una plantilla de funcionarios que la Xunta mantiene congelada desde 1985, conocen bien el terreno que pisan y a su menguante población. Cuentan que lo difícil no es pillar al negligente, al que sigue usando el fuego como herramienta agrícola pese a los peligros que entraña.

El escurridizo es el incendiario “de verdad”, el “cabrón que prende intencionadamente para dañar amplias superficies y que pone en riesgo casas y personas”, azuzado siempre por oscuras motivaciones. “Son personas muy peligrosas, las más temidas y señaladas en las aldeas, que actúan por rencillas, por disputas vecinales y rencores, pero también a veces por otros intereses instrumentales como la caza”, explica el fiscal de medio ambiente. Alejandro Rodríguez, coordinador federal de agentes medioambientales en CC OO, describe la impotencia de un colega que sospecha profundamente de un ganadero y un cazador de su zona pero no tiene pruebas. “Cada año se detiene, a lo sumo, a cinco incendiarios. El resto son autores por imprudencias”, señala Rodríguez, quien critica que los agentes forestales gallegos estén apartados de las labores de investigación de incendios pese a su experiencia y conocimiento del terreno. “Hay que descender a la problemática local que hay detrás de cada incendio y tener gente en el territorio podría ayudar a prevenirlos”, propone García Ortiz.

Las negligencias las suelen cometer personas mayores que siguen empleando el fuego, como hace décadas, para deshacerse de la abundante maleza que se acumula en el noroeste de España. Lo hacían cuando eran jóvenes y sus aldeas no eran un paraíso inflamable, cuando el entorno estaba húmedo, limpio y cuidado y al mínimo descontrol salían decenas de vecinos a sofocar el desastre. Pero ahora, inciden desde la Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia, ese comportamiento es “temerario”. Los agentes forestales cuentan que en Galicia, siempre que en verano los partes meteorológicos pronostican lluvias, se multiplican los incendios justo unos días antes. Sabiendo que no lo podrán hacer después, son muchos los que se lanzan a quemar rastrojos. “Es difícil concienciar contra el arraigo del fuego, porque son gente mayor y se criaron así”, afirma el agente forestal Rodríguez. “Son comportamientos individuales que tienen que tener responsabilidad, pero no se puede criminalizar a toda la sociedad rural gallega”. Mientras el cambio climático seca la España húmeda y las zonas rurales se vacían, nadie niega que, tarde o temprano, otra ola de fuegos vendrá y que cuando se desate, no habrá medios de extinción que la paren.

Los desbordados agentes forestales admiten en Galicia que no tienen medios ni capacidad para controlar eficazmente que se cumplan las franjas de protección de las casas y que los propietarios mantengan limpias sus fincas. Y desde el ámbito judicial, la fiscalía reconoce que más allá de imponer penas disuasorias, el Derecho penal nunca resolverá por sí solo el problema.

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