Feijóo propone 30 medidas antiincendios y la creación de una comisión parlamentaria

22 días después de la oleada de incendios que provocó cuatro muertes en Galicia, además de 128 ingresos hospitalarios, la destrucción de más de un centenar de viviendas y negocios y de más de 49.000 hectáreas de terreno (el 53% de monte arbolado) así como el desalojo de sus viviendas de 2.400 personas, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido este martes ante el Parlamento autonómico para proponer una batería de 30 medidas contra los incendios forestales y la creación de una comisión parlamentaria que permita alcanzar un “acuerdo de país” que blinde las actuaciones sobre política forestal. Una comisión que ya había pedido con antelación la oposición.

Aferrado a su discurso sobre el “terrorismo incendiario” y sobre la “excepcionalidad” climatológica “aliada” de estos incendiarios, el presidente gallego ha eludido la autocrítica así como las peticiones formuladas por todos los grupos de la oposición de ceses en su equipo y ha asegurado que los culpables pagarán. “Vamos a por ellos; pagarán por sus crímenes ante la Justicia”, sentenció, precisando que los incendios de mediados de octubre “no fueron casualidad ni mala fortuna” sino la acción de “terroristas que usan el fuego para impedir la paz pública en Galicia. El monte arde porque alguien le prende”. La oposición le recriminó que la supuesta trama terrorista estaba integrada, a la vista de las detenciones, “por una anciana y por un hombre al que se le fue la mano en una barbacoa”.

Frente a la reprobación de En Marea, PSdeG y BNG por haber despedido unos días antes del 15 de octubre a cerca de 500 brigadistas y por haberse “escondido” durante las peores horas de la oleada de incendios, Feijóo aseguró que el dispositivo fue más numeroso que cualquier otro octubre de años anteriores y pidió a la oposición que secundase un pacto forestal. “Ni antes ni ahora creemos que la responsabilidad [de los incendios] es exclusiva de un gobierno”, señaló.

Los tres grupos de la oposición valoraron positivamente la creación de la comisión parlamentaria si bien PSdeG y En Marea reclamaron que se amplíe a un “ambicioso pacto nacional por el territorio” mientras que el BNG reclamó que sirva además para analizar “qué ocurrió” en los dos días fatídicos de octubre.

El representante de En Marea, Luis Villares, acusó al PP de “incompetencia, incapacidad y abandono” y al presidente de “esconderse cobardemente tras el apagón informativo de la televisión pública gallega en la peor noche de la historia contemporánea de Galicia”. Villares puntualizó que la televisión autonómica “no informó de qué hacer ni de dónde había riesgo". "Usted prefirió ocultar la realidad para salvar su imagen”, sentenció y acusó al presidente de “inventarse un enemigo invisible: el terrorismo incendiario” y de gastar “80.000 euros en propaganda para defender su incompetencia”.

El portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, responsabilizó igualmente al Gobierno autonómico de no haber adoptado medidas: “O todo estaba bien y no hay responsables o hay medidas que había que haber tomado, que ahora nos proponen y que obviaron durante ocho años”. Leiceaga advirtió que su grupo y el de En Marea le propusieron una comisión de estudio “y dijeron que no a lo que ahora dicen sí”.

La portavoz del BNG, Ana Pontón, criticó la gestión del Ejecutivo gallego. “Está claro que a Galicia la queman los pirómanos, pero también Ence,los eucaliptos y la gestión gubernamental”, sentenció, reprochando la actitud de “autocomplacencia y sin la mínima autocrítica” con la que compareció el presidente “tras un tras balance desolador”.

“Usted mandó a casa a 500 brigadistas de Seaga unos días antes y dijo que el despido no afectaría a los incendios porque el riesgo en la franja atlántica era bajo. ¿Puede mantener esta explicación o tendrá la humildad de pedir perdón y decir a los gallegos que los engañó?”, inquirió la nacionalista, que precisó que le había requerido por carta una comisión de investigación cuya respuesta está "aún esperando”.

Feijóo le respondió acusando a Pontón de mentir. Aseguró que su expresión exacta había sido que el riesgo era bajo “en una franja atlántica”, en alusión solo a la de A Coruña. El presidente acusó también a la nacionalista de calumniarlo y sostuvo que nunca había hablado de trama organizada sino de “intencionalidad máxima”.

Medidas

Las medidas presentadas por el presidente gallego para combatir el “terrorismo incendiario” pasan por la creación de equipos forestales de investigación integrados por 57 agentes que complementen la labor de las fuerzas de seguridad del Estado, de equipos de “vigilancia de incumplimiento” de la normativa forestal en lo que respecta a fincas abandonadas, un registro administrativo de investigación sobre los incendios y una red de videovigilancia.

El paquete de medidas, algunas de las cuales entrarán ya en vigor en enero de 2018 y el resto a largo plazo, incluye incentivos a la limpieza de los montes, la revitalización del banco de tierras al que pasarán las fincas abandonadas (300.000 parcelas de titulares sin identificar), las de montes vecinales de las que los comuneros no se hagan cargo y la creación de polígonos agrarios.

Junto a ello, la Xunta propondrá a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) que cofinancie brigadas forestales en aquellos municipios que no disponen de parque de bomberos y compromete una partida de siete millones de euros para los municipios de zonas rurales que contraten personal para realizar tareas de limpieza de montes.

La nueva política contraincendios presentada por Feijóo incluye el fomento de las especies frondosas autóctonas y el aumento a 50 metros de la distancia de las plantaciones de pinos y eucaliptos, la promoción del pastoreo extensivo en Ourense y Pontevedra y el impulso a la reestructuración parcelaria y a los planes de ordenación de los montes. La propuesta incorpora la formación educativa en la enseñanza obligatoria.

De otra parte, el presidente gallego ha garantizado el pago de las ayudas tanto a las familias de los cuatro fallecidos como a aquellas personas que han perdido sus viviendas o negocios. Aun reconociendo que el decreto publicado en el Diario Oficial de Galicia establece como condición que se demuestre la intencionalidaad de los incendios ha insistido en que “la damos por hecha”.

A este respecto ha anunciado además que incluirá una enmienda en la ley de acompañamiento a los presupuestos para que las ayudas a los afectados queden exentas de tributación en el tramo autonómico del IRPF.