Anticorrupción pide seis años de cárcel para Alfonso Grau por aceptar relojes de oro

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel para Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia, por aceptar relojes de oro de un empresario de transporte al que adjudicó un contrato de 650.000 euros. El ministerio público mantiene que después de recibir los dos relojes, Grau acudió a la céntrica joyería de Valencia donde habían sido adquiridos y los cambió por otros más caros, abonando la diferencia con fondos de origen desconocido que de esa forma blanqueaba.

El exdirigente popular, también investigado en el caso Taula, ha negado los delitos. La juez lo procesó la semana pasada, dejándolo a un paso del banquillo de los acusados.

La fiscalía ha solicitado un año de prisión para el empresario Urbano Catalán, dueño de la empresa Transvía, acusado de sobornar a Grau. La baja pena reclamada se explica porque los regalos no se consideran realizados a cambio de la adjudicación del contrato —el ministerio público no ha hallado pruebas de ello— sino "en consideración a su función como teniente de alcalde y concejal de Ayuntamiento de Valencia". Ello supone un cohecho impropio, el mismo delito por el que fue juzgado el expresidente de la Generalitat Francisco Camps en el conocido como caso de los Trajes. La petición de pena para Grau se desglosa en un año por este tipo de soborno y cinco por el de blanqueo de capitales.

El principal indicio de que los regalos constituyeron efectivamente una modalidad de cohecho la aportó la propia empresa Transvía a requerimiento de la Agencia Tributaria. "Los objetos adquiridos a la entidad Rabat corresponden a artículos de regalo de empresas que la entidad realiza según los usos y costumbres", indicó la sociedad. El asesor de la empresa completó la explicación en otra respuesta remitida a Hacienda: "Los verdaderos artífices y responsables de las compras y entregas de regalos han sido los fundadores del grupo de empresas. Ellos tomaron la decisión de hacer regalos a todas aquellas personas que colaboran, participan y ayudan al desarrollo del grupo empresarial, como agradecimiento".

Coleccionista de relojes

El que fuera mano derecha de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, de profesión cirujano, es un gran aficionado a coleccionar relojes. En el registro de su domicilio, la Guardia Civil se incautó de 40, si bien ninguno de ellos se corresponde con los que el entonces vicealcalde compró en la joyería Rabat de Valencia utilizando para ello, en parte, la devolución de los que le había regalado presuntamente Catalán.

La Guardia Civil reconstruyó el itinerario de los artículos de lujo utilizando para ello los números de serie de los relojes y la información que conservaba el establecimiento de compras y reparaciones. El valor de los dos relojes que le regaló el empresario y el dinero negro en efectivo que supuestamente blanqueó suman un total de 42.505 euros.

Anticorrupción solicita que Grau sea también condenado a una multa de 75.000 euros, así como al decomiso de los relojes que adquirió en la presunta operación de blanqueo y no han sido localizados.

Entre los años 2006 y 2015 Transvía obtuvo 16 contratos del Ayuntamiento de Valencia. En uno de ellos, consistente en la adjudicación del "servicio de gestión y ejecución de fiestas y conmemoraciones para personas mayores", intervino Grau. Su importe fue de 625.748 euros. El acuerdo se firmó el 28 de diciembre de 2011. El mismo día, el empresario adquirió en la joyería "un total de 11 relojes y un collar por un importe total de 39.180 euros". Uno de ellos es el que Grau cambió para comprarse otro una semana más tarde.

Un año después, en las Navidades de 2012, se repitió la secuencia de compra por el empresario de un reloj en la joyería, y devolución y compra de otro más caro por parte del político.

Grau fue absuelto en el caso Nóos, en el que fue juzgado por contratar al Instituto Nóos. Pero tiene otro frente abierto en el caso Taula, en el que está acusado de cohecho, blanqueo y delito electoral (financiación ilegal de partido político). El juez Víctor Gómez le ha impuesto en este procedimiento una fianza de un millón de euros.