La tesorera del PP se desvincula de la financiación electoral del partido en Valencia

La tesorera y gerente del PP nacional, Carmen Navarro, se ha desvinculado este lunes de la financiación del partido en la ciudad de Valencia. Lo ha hecho ante el juez Víctor Gómez, instructor del caso Taula, en una declaración como investigada debido a su condición de administradora electoral en los comicios de 2011, uno de los tres que indaga el magistrado por supuesto delito electoral, el nombre técnico de la financiación ilegal.

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Navarro, que ha aceptado responder a las preguntas del juez, del fiscal y de su letrado, ha argumentado que desde la sede nacional del partido es imposible controlar las cuentas de los 8.000 municipios españoles, coinciden varias fuentes conocedoras de su declaración. Y ha señalado a la gerencia provincial en Valencia del PP, que entonces ocupaba José Moscardó, como el órgano encargado de revisar las cuentas del partido en este territorio.

La tesorera ha afirmado, además, que las supuestas irregularidades, consistentes en gastar en las campañas de 2007, 2011 y 2015 más de lo declarado ante el Tribunal de Cuentas, habrían sido cometidas en todo caso por el grupo municipal, y que el control de este corresponde al Ayuntamiento. En aquella etapa al frente del grupo municipal del PP de Valencia y del Consistorio se hallaba Rita Barberá, fallecida en noviembre.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Navarro ha contestado que el PP nacional no extremó el celo sobre las cuentas del PP valenciano después de que la investigación del caso Gürtel revelara supuesta financiación ilegal. Según los indicios que obran en el sumario, la dirección autonómica del partido recibió en las campañas de 2007 y 2008 aportaciones irregulares de empresas de obra pública que eran concesionarias de la Generalitat. Por estos hechos van a ser juzgados en la Audiencia Nacional las personas que entonces ocupaban la cúpula del PP de la Comunidad Valenciana —a excepción de Francisco Camps—, como Ricardo Costa y Vicente Rambla. Los empresarios imputados han reconocido los hechos.

La tesorera del PP ha afirmado que nunca ha tratado con Alfonso Grau, que fue vicealcalde de Valencia, dirigió las campañas electorales y aparece como máximo responsable de la supuesta financiación ilegal de la campaña de 2007, en la que empresas concesionarias del Ayuntamiento pagaron presuntamente actos electorales por importe de 2,5 millones de euros. El partido declaró que el coste total de aquella campaña en la ciudad ascendió a 150.000 euros. Grau se ha negado a declarar sobre estos hechos y hace unos días el juez le impuso una fianza de un millón de euros por la responsabilidad civil a la que puede ser condenado.

Donaciones y cuentas bancarias

Navarro también ha asegurado que no conoce a Mari Carmen García Fuster, durante dos décadas secretaria general administrativa del grupo municipal del PP de Valencia y la persona que, según varios testimonios, ejecutó en 2015 la operación de pitufeo. En ella, García Fuster entregó supuestamente dos billetes de 500 euros a cada uno de los 50 miembros del grupo municipal a cambio de que estos hicieran un ingreso por el mismo importe en la cuenta del partido con el objetivo de lavar fondos procedentes de comisiones.

La tesorera del PP ha declarado no tener constancia del supuesto blanqueo y ha puesto en entredicho la explicación ofrecida por el medio centenar de imputados del PP de Valencia, consistente en que se limitaron a hacer una donación de 1.000 euros al partido para sufragar la campaña electoral ante las dificultades económicas de la formación. Navarro ha dicho que tales aportaciones no podían realizarse de ese modo —ingresando los 1.000 euros en una cuenta del grupo municipal—, ya que el PP de la provincia de Valencia dispone de una cuenta específica para controlar las donaciones.

El Banco Popular respondió a un requerimiento del juez informando de que Navarro estaba autorizada para ver por Internet la cuenta electoral del PP de la provincia de Valencia. La tesorera ha dicho que nunca lo hizo. Y ha indicado que quienes tenían permiso para operar en la cuenta eran el expresidente provincial del PP, Vicente Betoret, y al entonces responsable de organización provincial, Juan José Medina, ya imputado en Taula.