El juez cita por presunta financiación ilegal a Alfonso Grau y a la tesorera nacional del PP

El juez Víctor Gómez, instructor del caso Taula, ha vuelto a citar a declarar como imputados al que fuera vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, a la tesorera nacional del PP, Carmen Navarro, y al exgerente del PP provincial de Valencia, Juan Moscardó, por presuntas irregularidades en la financiación de las campañas electorales de 2007 y 2011.

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Grau —junto a otro medio centenar de personas y el propio Partido Popular como persona jurídica— ya fue imputado por el magistrado por supuestas irregularidades de la campaña de 2015, en la pieza del caso Taula conocida como del pitufeo.

La Guardia Civil ha emitido en el último año informes en los que amplía las campañas en las que presuntamente la formación recibió aportaciones de fondos de forma ilegal a los años 2011 y, sobre todo, 2007. Respecto a esta última campaña municipal, el juez Gómez señala en un auto notificado este jueves a las partes que Grau aparece, de forma indiciaria, "como principal implicado", por lo que "deberá recibírsele declaración al tratarse de hechos nuevos".

El juez señala que los hechos descritos por la Unidad Central Operativa (UCO) "indican la existencia de un actuar, concertado y de cierta complejidad, para la obtención de fondos con los que financiar por encima del límite legal de gasto, ilícitamente por lo tanto, la campaña de las elecciones municipales" de 2007.

Las aportaciones irregulares fueron realizadas, presuntamente, por empresas que gestionaban concesiones del Ayuntamiento de Valencia y por fundaciones del propio Consistorio, dirigido en la época por la fallecida Rita Barberá.

Grau ha sido citado como investigado, además de por delito electoral —el término técnico de la financiación irregular—, por malversación y coecho, el 6 de octubre. Moscardó y Navarro comparecerán 10 días más tarde.

El auto judicial señala que Grau y el fallecido empresario Vicente Sáez Tormo "convinieron en utilizar el entramado empresarial de este último, y en especial la empresa Laterne Product Council, para alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular" la campaña de 2007, "velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo de ese modo su fiscalización y permitiendo con ello que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral".

El PP declaró un gasto electoral en la provincia de Valencia para aquellos comicios de 133.762 euros. Pero según la investigación de la UCO, basada en gran medida en el testimonio y los documentos aportados por Jesús Gordillo, antiguo asesor de Grau y exempleado de Laterne, el partido de Valencia manejó una cantidad muy superior de fondos. El juez menciona dos importes extraídos de la citada documentación: 2,5 millones de euros, que figuran bajo el epígrafe "coste total campaña", y 2,6 millones, que aparecen reflejados como "total aportaciones".

El instructor indica que los empresarios "que pudieron entregar cantidades a Laterne Product Council con la finalidad ya señalada deberán en su caso declarar como testigos" en la causa, al haber prescrito el presunto cohecho que cometieron. Lo mismo sucede con Luis Bárcenas, designado por el PP administrador único de las elecciones municipales de 2007, que no puede ser investigado por el "mero transcurso de los plazos de prescripción".