El Tribunal de Cuentas apuntala la financiación ilegal de Rita Barberá

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El Tribunal de Cuentas apuntala los indicios de que el PP de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá cometió un delito electoral, el nombre jurídico de la financiación ilegal de partidos. El órgano que fiscaliza a las fuerzas políticas ha comunicado oficialmente al juez que investiga el caso Taula que la cuenta bancaria usada para costear la campaña de las elecciones locales de 2015, en las que Barberá se presentó como candidata, nunca fue declarada, ni constó en la "contabilidad electoral" de la formación como establece la ley.

Los investigadores consideran que la respuesta del Tribunal de Cuentas confirma que se trataba de una cuenta "opaca", utilizada para financiar irregularmente al partido y blanquear fondos de origen ilícito.

El representante del PP nacional se desmarcó en su declaración ante el juez de la existencia de la misma.

La cuenta bancaria fue bloqueada recientemente por el magistrado instructor del caso Taula, Víctor Gómez, al considerar que fue utilizada en la operación de blanqueo de 50.000 euros que atribuye a medio centenar de personas del grupo municipal popular de Valencia, incluida Barberá.

El sistema utilizado fue, según la Guardia Civil, el denominado "pitufeo": concejales y asesores ingresaron 1.000 euros en la cuenta bancaria y recibieron el mismo importe en dos billetes de 500. Según la Fiscalía, el origen de ese dinero en metálico era ilícito y procedía del cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.

La propia Barberá niega haber recibido el dinero en efectivo, pero ha admitido al magistrado que donó los 1.000 euros, y que el objetivo de la aportación fue la "financiación de la campaña electoral a las elecciones municipales de 2015". La exalcaldesa lo hizo mediante un talón y el resto de miembros del grupo popular a través de transferencias a la cuenta que ahora el Tribunal de Cuentas indica que ha escapado a su control.

Los indicios de delito electoral recabados por el juez, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil no se limitan al año 2015. La cuenta abierta en el Banco Sabadell —continuación a su vez de otra cuenta abierta por el PP del Ayuntamiento de Valencia en el Deutsche Bank en los años noventa— recoge numerosas donaciones anónimas. Desde 2006, estas donaciones superan los 240.000 euros, la mitad de las cuales fueron realizadas en los meses previos a las elecciones municipales de 2011, que ganó Barberá.

Quien fue durante dos décadas secretaria general del grupo municipal del PP de Valencia Mari Carmen García-Fuster, administradora de la cuenta, atribuyó esas donaciones a un "recaudador" cuyo nombre se negó a desvelar a preguntas del magistrado instructor. En las anotaciones manuscritas que realizó durante años, García-Fuster identificó las aportaciones más cuantiosas con las siglas "CyA". El abogado defensor de García-Fuster es el cuñado de Barberá José María Corbín.

Desde la cuenta desconocida para el Tribunal de Cuentas se pagaron, según considera acreditado la Fiscalía, gastos de la campaña de 2015. En concreto, propaganda en medios de comunicación, y actos electorales como el celebrado en el espacio cultural La Rambleta, donde el PP de Barberá pagó un precio bajo (poco más de 200 euros) por el alquiler de la terraza.

La adjudicación de La Rambleta, a una unión temporal de empresas, por parte del Ayuntamiento valenciano es el único contrato por el que hasta ahora se investiga al empresario José Adolfo Vedri, uno de los detenidos por orden del juez en enero, cuando lanzó la operación Taula.

El representante del PP nacional —la formación está imputada como persona jurídica— afirmó en su declaración judicial que la fuerza política desconocía la existencia de la cuenta del grupo municipal de Valencia, así como su funcionamiento y las donaciones que se hubieran realizado a la misma. Preguntado por la donación de 50.000 euros de los miembros del grupo popular, el representante afirmó que, de acuerdo con la ley, para la formación "no hay más aportaciones que las que se ingresan en la cuenta del Partido Popular" designada oficialmente para las campañas. Y "que lo que se haga en otras cuentas es al margen del partido".

El Tribunal de Cuentas ha contestado ahora al magistrado que la cuenta del Sabadell "no figura en la contabilidad ordinaria ni electoral del Partido Popular correspondiente al periodo" 1995-2015. Tampoco figura en la "información facilitada" por la entidad financiera al órgano fiscalizador, como determina la normativa, "ya que el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia tiene un CIF diferente al del Partido Popular".

En referencia a la donación de 50.000 euros de Barberá y los miembros de su grupo municipal para la campaña de 2015 —el supuesto pitufeo—, el órgano fiscalizador señala: "En ninguno de los informes de fiscalización de partidos políticos consta que en la contabilidad del Partido Popular figuren donaciones para el grupo político del Ayuntamiento de Valencia ni para cualquier otro grupo político. Además, las donaciones que reciben los partidos políticos no pueden ser finalistas, por lo que no pueden tener como finalidad financiar a grupo político alguno en particular".

El Tribunal de Cuentas también advierte de que, en aplicación de la Ley 8/2007 de Financiación de Partidos Políticos, "solo en la medida en que la contabilidad de los grupos políticos municipales se integra en la de los partidos políticos correspondientes, es fiscalizada" por el organismo, "lo que no ha sido el caso en los grupos políticos municipales del Partido Popular".