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El juez investiga pagos de grandes empresas a campañas de Rita Barberá

El magistrado abrió una pieza secreta sobre los hechos dos semanas antes del fallecimiento de la exalcaldesa

Rita Barberá, en la campaña electoral de las municipales de 2007. Ampliar foto
Rita Barberá, en la campaña electoral de las municipales de 2007.

El juez Víctor Gómez, instructor del caso Taula, investiga bajo secreto de sumario si grandes empresas valencianas que recibían adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia financiaron de forma irregular las campañas de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, fallecida hace un mes en un hotel de Madrid cuando ocupaba el cargo de senadora.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están analizando centenares de folios sobre la actividad empresarial de Laterne, la agencia que se encargó de las campañas electorales de Barberá, que fue alcaldesa de Valencia entre 1991 y 2015. De los documentos se desprenden indicios de financiación ilegal, según confirman fuentes del caso. La información ha sido adelantada este martes por Valenciaplaza.

Una investigación abierta dos semanas antes de la muerte de Barberá

El juez Víctor Gómez abrió la pieza secreta para investigar la supuesta financiación de las campañas de Rita Barberá por parte de empresas adjudicatarias de contratos municipales el 10 de noviembre de 2016, dos semanas antes de la muerte de la exalcaldesa, que se produjo el 23 de noviembre.

El magistrado ha dictado este martes un auto en el que, además de manifestar que la publicación de la documentación implica un "lógico perjuicio" para la "investigación en curso", comunica al medio centenar de acusados de esta pieza separada del caso Taula que existe una parte de las pesquisas que han sido declaradas secretas, aunque no revela su contenido.

El grupo municipal del PP que dirigía Barberá acordó en 2007 que Laterne se encargaría de la campaña de Barberá por un importe de 150.000 euros. Pero la agencia recibió en paralelo, según la citada documentación, otros tres millones de euros de empresas adjudicatarias del Ayuntamiento que destinó a costear la campaña de la exregidora, que aquel año logró su cuarta mayoría absoluta seguida.

Entre las empresas que, según la información incorporada al sumario que instruye el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, hicieron estos pagos para sufragar la campaña de Barberá en 2007 figuran varias de las principales concesionarias del Ayuntamiento. Entre ellas, la Sociedad de Agricultores de la Vega, Secopsa, Lubasa —acusada también de financiar al PP del expresidente valenciano Francisco Camps en el caso Gurtel—, Rover Alcisa, Pavasal, la constructora Luján —investigada en la trama del 3% de la pieza principal del caso Taula—, Edival, FCC y Nou Litoral.

La documentación, entregada al juzgado por Valenciaplaza, estaba siendo investigada con extremo sigilo por los investigadores. Hasta el punto de que todavía no se han cotejado las aportaciones a la campaña presuntamente irregulares con lo declarado por el PP al Tribunal de Cuentas como gastos electorales en Valencia en la campaña de 2007.

Fuentes de la investigación aseguran, aún así, que los tres millones de euros que figuran en la documentación exceden con mucho los gastos electorales municipales declarados en otras campañas en Valencia.

El acuerdo para financiar la campaña de Barberá por solo 150.000 euros —frente a los algo más de tres millones que supuestamente invirtió en realidad Laterne— está recogido en un documento en el que aparece el nombre de Alfonso Grau, entonces vicealcalde de Valencia, aunque no su firma, según precisan fuentes de la investigación.

Grau fue el encargado de dirigir las campañas de 2007 y 2011, según las declaraciones prestadas ante el juez por la que fuera secretaria general administrativa del grupo municipal popular, María del Carmen García-Fuster.

Tanto Grau como García-Fuster figuran como investigados en la causa, que se abrió por una supuesta operación de blanqueo de capitales en la campaña de 2015. Barberá también fue imputada Barberá, aunque ante el Tribunal Supremo por su condición de aforada.

Esta pieza del caso Taula conocida como la del pitufeo, por las aportaciones de 1.000 euros que presuntamente hicieron medio centenar de miembros del grupo municipal popular, se inició por un delito de blanqueo, pero se amplió a la supuesta financiación ilegal del PP de Barberá durante varias campañas electorales al detectarse aportaciones sospechosas en anteriores comicios.

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