La justicia reclama 1.573 millones por los daños que dejó el ‘Prestige’

La marea negra del Prestige, que en 2002 contaminó 2.000 kilómetros de costa entre Galicia y Francia, dejó una factura de "daños patrimoniales, medioambientales y morales" por los que la justicia española reclamará una indemnización para el Estado de 1.573 millones de euros. Así lo ha anunciado este miércoles la Audiencia Provincial de A Coruña, que ha emitido el auto de ejecucion de la sentencia del caso justo en la misma semana en la que se cumplen 15 años de la catástrofe. La cantidad supone solo una tercera parte de los 4.442 millones en los que la fiscalía cuantificó los destrozos ocasionados por el petrolero.

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De los 1.573 millones, la Audiencia coruñesa reclamará 931 millones como "daño patrimonial acreditado", 279 millones por daño medioambiental y 363 millones por "daño moral indemnizable". Estas cantidades, explica el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, "han de ser pagadas por las partes condenadas", es decir, el capitán Apostolos Mangouras y la compañía aseguradora The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, por lo menos hasta el límite de 900 millones de euros. Subsidiariamente se condena a hacer frente al pago a la entidad Mare Shipping INC, propietaria del buque, mientras que el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac) está obligado a indemnizar "hasta los límites expresamente establecidos en el convenio aplicable".

A la indemnización cuantificada para el Estado, la Audiencia coruñesa suma otros 1,8 millones de euros para la Xunta por los gastos de reciclaje del fuel, y 61 millones para Francia, además de las cantidades que se fijan para otras entidades, ayuntamientos y particulares.

El auto señala que “los daños morales causados son obvios, extensos y profundos, no solo por el sentimiento de temor, ira y frustración que afectó a gran parte de los ciudadanos españoles y franceses, sino también por la huella indeleble de la percepción referida a que catástrofes de esta o más amplia magnitud pueden afectar en cualquier momento a los mismos perjudicados”.

Los magistrados de la Audiencia de A Coruña triplican con su reclamación los 513 millones que el Supremo reconoció como "cantidad acreditada indemnizable" en su sentencia del caso. Para el tribunal coruñés “existen demostraciones técnicas que avalan la necesidad de aumentar la indemnización por encima de lo certificado, como se infiere de los informes del Consorcio de Seguros, aceptados por su origen oficial e imparcial, sin que sean los más favorables al Estado”.

El auto de ejecución, contra el que cabe recurso ante el Supremo, solo contempla 1,8 millones para la Xunta por el reciclaje del fuel porque la Administración autonómica firmó "un acuerdo con el Estado en el que renunciaba a toda indemnización al considerarse íntegramente resarcida por los daños ocasiones por el accidente”. El "acuerdo transaccional de julio de 2005", señala el Tribunal Superior, tenía un importe de 513 millones.

Por otro lado, la suma de 22,7 millones de euros depositada judicialmente por la entidad aseguradora The London Steamship Owners (The London P&I Club) se distribuirá entre los perjudicados "a prorrata de las cantidades fijadas en la resolución". 

La factura que elaboró la fiscalía

Las empresas que se valían del viejo petrolero para sus negocios no han pagado todavía ni un solo euro por los destrozos naturales y socioeconómicos que provocó el naufragio. La factura que acaba de elaborar la Audiencia coruñesa se utilizará ahora para presentar una reclamación en Reino Unido ante la aseguradora del buque, que tenía bandera de Bahamas, armadora liberiana y cuya carga de 77.000 toneladas de fuel era propiedad de una petrolera rusa con base en Suiza. 

La única cuantificación oficial de daños de la marea negra más grave de la historia de España que se tenía hasta el momento la realizó la fiscalía. El ministerio público cuantificó el coste de los destrozos provocados en España por el Prestige, que naufragó frente a la Costa da Morte el 13 de noviembre de 2002, en 4.328 millones de euros, una cifra que se eleva a 4.442 si se añaden los daños en Francia. Sin embargo, el máximo que se podrán repartir los 1.900 damnificados que 15 años después aún no han cobrado nada es de 900 millones de euros, el valor de la póliza que los propietarios del maltrecho petrolero tenían suscrita con la aseguradora London P&I Club.

El Tribunal Supremo condenó en firme al capitán del buque, Apostolos Mangouras, por delito ambiental, pero endosó el pago de las indemnizaciones a la aseguradora del barco. La Audiencia Provincial de A Coruña, que juzgó el caso a finales de 2012, tendrá ahora que emprender una batalla judicial en Reino Unido para que esta empresa pague la factura. La fiscalía ya ha advertido que no será fácil, teniendo en cuenta que la legislación británica establece que “el asegurado debe pagar primero a la aseguradora para que esta le pague al perjudicado”.

El 13 de noviembre de 2013, en el 11º aniversario del naufragio del petrolero, la Audiencia de A Coruña dictó una polémica sentencia que solo dictaba una pena leve para el capitán por desobediencia y cerraba la puerta al cobro de indemnizaciones, un fallo que posteriormente fue revocado por el Supremo, que sí apreció delito ambiental y propició la reclamación de daños que ahora se impulsa. Uno de los 17 recursos de casación que entonces se presentaron ante el alto tribunal español fue el de la Xunta. En aquel escrito la Administración gallega reclamaba 3.000 millones de euros como indemnización por los daños causados por el petrolero solo en Galicia y que cifraba en 2.433.