El Gobierno de Canarias prohibirá las peleas de gallos
La nueva norma regulará una actividad que se quedó fuera de la normativa en 1991
El Gobierno de Canarias ha presentado el anteproyecto de la Ley de protección y tenencia de animales de compañía que se ha acordado tramitar y con el que se inicia el camino para prohibir las peleas de gallos y los animales en los circos que visiten las islas. El texto que pretende sustituir a la actual ley, de 91, quiere regular en un solo texto normativo los principales aspectos relacionados con la posesión de los animales para cubrir asuntos específicos como su tenencia. Por ello, a partir de este momento se abre una fase de solicitud de diversos informes internos, de instituciones, de otras administraciones, de entidades y órganos, además de iniciarse la fase información pública y audiencia, tras lo que Hacienda deberá pronunciarse sobre esta iniciativa.
Con esta medida, se sustituirá la ley de protección Animal de 1991, aún vigente, y a raíz de la cual se prohibieron los espectáculos sangrientos en los que participaban animales como los toros. La única actividad que quedó sin regular fueron las peleas de gallos argumentando que se trataba de una actividad tradicional en las Islas. Con la nueva legislación, según explica el consejero canario de Justicia, José Miguel Barragán, la prohibición de estas peleas no conllevará la desaparición de la especie de gallo que se utiliza en las peleas y queremos minimizar el impacto que dicha prohibición podría tener una vez aprobada la Ley con un tiempo para que si hubiera una liga en marcha, pudiera culminarse", señaló.
El anuncio de la prohibición de las peleas de gallos ha despertado la indignación entre los aficionados a esta actividad en Canarias. La Federación Gallística Canaria está conformada por 50 asociaciones repartidas en Tenerife, El Hierro y en La Palma. Ésta última isla es en donde se celebran más peleas de gallos contando con un total de 16 asociaciones gallísticas. El presidente de la Federación Gallística, José Luís Martín, apela a la tradición para el mantenimiento de las peleas de gallos. "Nuestra actividad tiene más de 300 años y son animales muy diferentes a los pollos o gallos de corral. El gallo de pelea canario en cuanto tiene siete meses se pelean a muerte", explicó. Del mismo modo, Martín aseveró que los animales no sufren daño porque suelen utilizar espuelas plásticas que no conllevan la muerte del ave tras el combate". Esta visión tradicional no es compartida por los grupos animalistas ni por el propio Gobierno de Canarias que considera que se trata de una actividad cruenta y que no cumple con la normativa de la Unión Europea en materia de protección animal.
Además de la prohibición de las peleas de gallos, la nueva ley incluye los circos con animales en Canarias al entender que la imagen que proyecta, principalmente, hacia los niños "dista mucho de lo que hoy se entiende por el respeto y la protección a los animales”. También se aborda en la nueva legislación el establecer un cupo máximo de animales de compañía necesario para poner límites a favor de su propio bienestar y el de los vecinos aunque su desarrollo se realizará vía reglamento. Asimismo recoge el carácter finalista de las multas, que no irán a una caja única, sino que servirán para financiar actuaciones de bienestar animal o el imponer como principales o accesorias a las multas, la inhabilitación temporal o definitiva para la posesión o tenencia de animales en los supuestos de infracciones graves y muy graves. Además, modifica la Ley de Caza de Canarias para exigir que en las licencias consten los requisitos de identificación y tratamientos obligatorios que, con carácter general, se exigen para los animales de compañía a cuyo grupo pertenecen. Así, contempla la exigencia de identificación de los animales de compañía exclusivamente por medio de microchips u otros sistemas, prohibiendo hacerlo por tatuajes o marcas, establece la obligación de pasar inspecciones periódicas veterinarias, exige la esterilización de los animales abandonados que se adopten o accedan a centros públicos o privados de acogida y deja al desarrollo reglamentario la fijación del cupo de animales que pueden habitar en domicilios, moradas particulares y centros de cualquier tipo, entre otros requisitos.
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