Forcadell acata la legalidad y evita la prisión incondicional

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ordenó anoche prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell, presidenta del Parlament y pieza clave en el procés separatista catalán, que ha pasado la noche en prisión. Tras una jornada maratoniana en la que declararon como investigados por rebelión Forcadell y otros cinco miembros de la última Mesa de la Cámara, Llarena tomó su decisión al borde las 10 de la noche. El juez dictó libertad bajo fianza de 25.000 euros para cuatro de ellos y la libertad del quinto. Todos quedaron libres este jueves, por tanto. Para rebajar las elevadas medidas cautelares que había solicitado la fiscalía, incluyendo prisión incondicional para Forcadell y otros tres acusados, todos ellos se comprometieron a hacer política sin incumplir la Constitución.

La previsión era que el Supremo podía adoptar medidas menos lesivas de las que tomó la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cuando citó la semana pasada a los exmiembros del Govern que no han huido a Bruselas y envió a prisión incondicional a ocho de ellos. Y así fue. Lo cierto es que la estrategia de los miembros de la Mesa del Parlament resultó diametralmente distinta. Mientras los exconsejeros (salvo Santi Vila) se negaron en su comparecencia a responder al fiscal y a la magistrada, los miembros de la Mesa del Parlament sí aceptaron ayer contestar a todas las partes. En sus testimonios dijeron acatar el artículo 155 de la Constitución y afirmaron que la declaración unilateral de independencia que aprobó el Parlament el 27 de octubre tuvo solo un valor “simbólico” y carecía de efectos jurídicos.

Aunque el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, había sugerido hace unos días en una entrevista en la SER que el futuro procesal de los diputados encausados podía ser diferente del de los exconsejeros si aceptaban declarar, a la fiscalía no le convencieron los argumentos de los investigados y pidieron a Llarena que enviase a prisión incondicional a cuatro de ellos: Forcadell; Lluís Maria Corominas, miembro de la Mesa hasta julio y último presidente del grupo de Junts pel Sí, y los también miembros de la Mesa y diputados de ese mismo grupo Anna Simó y Lluís Guinó. Para Ramona Barrufet, también de Junts pel Sí, la fiscalía solicitó el encarcelamiento eludible bajo fianza, mientras que no reclamó ninguna medida contra Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot,

Tras escuchar las peticiones del fiscal y celebrar una vistilla con los investigados, el magistrado rebajó considerablemente las medidas cautelares. El juez decretó prisión bajo fianza de 150.000 euros para Forcadell, quien, según fuentes del Supremo, fue conducida anoche a la cárcel de Alcalá Meco (Madrid), donde ha pasado la noche a la espera de depositar la fianza. La presidenta del Parlament podrá salir cuando pague la fianza, pero deberá entregar su pasaporte antes de las 14.00 de hoy, no tendrá permitido viajar fuera de España y deberá comparecer semanalmente en un juzgado. Corominas, Simó, Guinó y Barrufet quedan en libertad, pero deberán abonar una fianza de 25.000 euros en una semana y serán sometidos al resto de medidas cautelares impuestas a Forcadell. Nuet quedó en libertad incondicional. Por tanto, los cinco pudieron irse ayer en libertad.

El encarcelamiento bajo fianza de Forcadell se debe al papel “medular” que el juez le atribuye a lo largo del proceso separatista, así como por la “intensa repercusión” de su liderazgo a favor del secesionismo, primero desde la presidencia de la ANC y luego como presidenta del Parlament. Pero, pese a ese papel fundamental, el magistrado considera que no se cumplen los riesgos de reiteración delictiva y fuga en los que el fiscal había basado su petición de prisión incondicional.

Durante la vistilla, y cuando ya conocían las duras medidas que quería imponerles la fiscalía, los investigados se comprometieron a acatar la legalidad. Barrufet dijo directamente que dejaría la política; los demás mostraron su intención de seguir ejerciéndola, pero precisaron que lo harían “renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional”.

La causa del Superior

Llarena da inicialmente por buenos esos compromisos, y aunque les advierte en el auto de que no se le escapa que puedan ser “mendaces”, opta por imponer unas medidas cautelares más leves bajo la advertencia de que podrían endurecerse “si se evidenciara un retorno a la actividad ilegal” que se investiga.

Respecto al riesgo de fuga, el instructor considera que existe, pero no cree que sea tan elevado como afirmaba el fiscal. A su entender, el peligro de que los investigados huyan de la justicia “se difumina” porque se han presentado presentado “cuantas veces han sido citados” por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como por el propio Llarena, lo que supone “un manifestó contraste” con la actitud del expresident Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos.

El magistrado del Supremo asume el delito de rebelión que la fiscalía atribuye a los seis querellados, pero adelanta que es posible que, más que rebelión, en el procés se haya cometido un delito de sedición, con penas inferiores (hasta 15 años).

En una segunda resolución, el juez descartó imponer de momento la fianza de 6,2 millones de euros que la fiscalía reclamaba para los investigados. Esa cantidad corresponde a la que, según la investigación, se destinó en los presupuestos para financiar la consulta ilegal del 1 de octubre. Pero el juez considera precipitado fijar por ahora esa cantidad, que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela si ha dado por buena.

Antes empezar a tomar las declaraciones, Llarena decidió reclamar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le remita la causa en la que investiga, por prevaricación y desobediencia, a Forcadell y a los miembros de la Mesa desde el pasado año, a raíz de tres querellas de la fiscalía por permitir que el Parlament debatiese y votara la hoja de ruta independentista y las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica. De esta manera, el magistrado ha accedido a la petición de la fiscalía de acumular las causas contra los componentes del Legislativo autónomo.