Más difícil todavía

Resultaba inconcebible hace dos meses que pudiera rebasarse la gravedad de la Ley de Transitoriedad perpetrada en el Parlament. Los artífices del procés habían creado un espacio legislativo propio al margen de la Constitución y a expensas de la oposición y de la separación de poderes, pero el golpe de salón del 7 y 8 de septiembre adquiere un valor casi anecdótico respecto a la escalada de acontecimientos que han ido precipitándose después.

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El problema político, policial y judicial es ahora de Bélgica, no de Europa

La crisis catalana no es una montaña rusa, sino un fenómeno in crescendo cuyo clímax nunca termina de producirse y en cuya accidentada trayectoria ya constan una declaración de independencia, un pucherazo, la aplicación de un tabú constitucional (155), la novedad de unos candidatos en la cárcel y la fuga a Bélgica de un expresidente, Carles Puigdemont.

La Diada de la desobediencia. Menos multitudinaria que en ediciones anteriores, la Diada del 11 de septiembre se convertía en expresión premonitoria de la desobediencia y en criterio plebiscitario para homologar la fechoría de la Ley de Transitoriedad, aprobada semiclandestinamente en la madrugada del 8 de septiembre y recurrida después en el Constitucional por arrogarse facultades tan extremas como el control gubernamental del poder judicial, la subrogación de funcionarios estales, la asunción de la política fiscal, la negociación de la deuda con el Estado español y la amnistía a los "presos políticos".

El trauma del 1 de octubre. Las escenas objetivas de represión policial, la manipulación informativa de otros casos, el flagrante pucherazo y la desobediencia de los mossos d'esquadra convirtieron el día del referéndum en el gran trauma del procés. Una jornada de enormes tensiones que procuró al soberanismo la simpatía de la prensa internacional y que sorprendió al Gobierno sin estrategia. Rajoy había sido traicionado por las consellerías de Interior y de Educación. Votar, se votó, entre grandes irregularidades, pero demostrándose la precariedad de recursos del Estado central, que fue incapaz de neutralizar la consulta y que expuso a la Guardia Civil y a la Policía Nacional al desgaste de una tarea imposible.

El discurso del Rey. El 23-F de Felipe VI se produjo el 3 de octubre. El Rey concita 12,4 millones de telespectadores e hilvana un discurso grave, sólido y solemne que exige el cumplimiento del orden constitucional y que, implícitamente, conmina a Mariano Rajoy, el ausente, a la aplicación del artículo 155. Es la vigilia de la Fiesta Nacional y de un desfile que el soberanismo observa como el sueño húmedo de una invasión militar.

La independencia con marcha atrás. Convulsa la sociedad catalana por la resaca del 1 de octubre, Carles Puigdemont declara y suspende la independencia de Cataluña a la vez en la sesión parlamentaria del 10 de octubre. La ambigüedad se presenta como una oferta de diálogo y desconcierta en las calles a la propia grey del separatismo, pero también representa un nuevo desafío al Estado: Puigdemont valida el resultado del referéndum y ampara, por idénticas razones, la ley de transitoriedad que conduce a la desconexión.

La fuga de empresas. Las CUP celebran como una victoria sobre el capitalismo la marcha de las grandes entidades financieras -Sabadell, Caixabank-, una percepción frívola y temeraria frente a la depauperación del hábitat económico de Cataluña. Son casi 3.000 las empresas que se han escapado desde el 1 de octubre, aunque el verdadero fenómeno es de índole cualitativo, pues la fuga concierne a más del 35% del PIB. Y de índole político: un contratiempo inesperado en el relato triunfalista del procés.

¿Un solo poble? Sin apenas medios logísticos ni recursos financieros, la organización Sociedad Civil convoca una manifestación en defensa de la Constitución que sobrepasa las expectativas más eufóricas. Son centenares de miles las personas que se manifiestan el 8 de octubre en Barcelona. José Borrell pone la palabra y la sensatez a la movilización, cuyo principal impacto consiste en airear a la mayoría silenciosa y en contradecir el supuesto propagandístico de que un solo poble ampara la ruptura.

"Presos políticos". Pablo Iglesias no tiene dudas: Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) son presos políticos. Así lo proclama después de haber trascendido el 16 octubre la prisión preventiva que dicta la jueza Lamela por delito de sedición. Se responsabiliza a ambos de haber organizado las manifestaciones intimidatorias que pretendieron neutralizar el 20 y el 21 de septiembre la operación judicial y policial llevada a cabo en diferentes consellerías con la intención de desenmascarar la trama institucional y financiera del referendum del 1 de octubre. La imagen de los Jordis en Soto del Real hace temer una reacción masiva, incluso descontrolada, en las calles, pero el dolor por el martirio queda restringido a una indignación política y mediática.

El tabú del 155. En el momento adecuado, en los términos equilibrados, Mariano Rajoy recurre a una medida extrema de la Constitución. La anuncia con solemnidad en la Moncloa el 21 de octubre. Le respaldan PSOE y Ciudadanos. Se trata de asumir el control del Govern y de restaurar el Estatut de autonomía, pero sobre todo de asegurar las elecciones del 21 de diciembre. La inminencia de la fecha pretende demostrar a la opinión pública catalana que no existe ánimo alguno de okupar las instituciones, asumiéndose por añadidura las dificultades prácticas que acarreaban la propia aplicación del 155 en sus términos concretos y abstractos.

El día de la DUI. Con el voto secreto, en ausencia de la oposición y como respuesta a la aprobación del 155 en el Senado, los partidos soberanistas acuden a la Declaración Unilateral de Independencia el 27 de octubre y quedan expuestos sus líderes, por idénticos motivos, a los delitos de sedición, rebelión y desobediencia. Se precipita entonces el vodevil del presidente Puigdemont: declara la independencia de Cataluña el viernes y huye de ella el lunes, refugiándose en Bruselas y recurriendo a los servicios de un abogado experto en etarras.

Todos a la cárcel. El 2 de noviembre, la jueza Lamela (Audiencia Nacional) dicta prisión preventiva a Oriol Junqueras y siete consellers de su Gobierno. Observa riesgo de fuga y de persistencia en los delitos ya cometidos. Podemos y Ada Colau coinciden en su visión de un Estado represor que confina a los presos políticos. Tres días después, Puigdemont, requerido por la urgencia de una euroorden, se entrega a las autoridades belgas y garantiza su candidatura a las elecciones. Es el penúltimo episodio de un trama sin final.