La Policía pidió investigar al nuevo jefe de los Mossos un día después de ser nombrado

La Policía Nacional entregó el 29 de octubre un informe a la juez Carmen Lamela en el que, entre otras medidas, solicitaba una orden judicial para volcar el correo electrónico del comisario de los Mossos d’Esquadra Ferran López Navarro. Un día antes el Ministerio del Interior lo había nombrado máximo responsable de la policía catalana en sustitución del imputado Josep Lluís Trapero. La Fiscalía apoyó la propuesta, pero la magistrada terminó rechazándola.

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En un auto de Lamela, fechado el 2 de noviembre y al que ha tenido acceso EL PAÍS, la juez detalla que el informe entregado aquel día por la policía se centraba en la supuesta inacción de los Mossos durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre y los días anteriores. Los agentes incluían al final del documento siete propuestas de diligencias a realizar para avanzar en la investigación.

Una de ellas era volcar el contenido del correo electrónico oficial de Ferran López, alojado en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat. A la sede de este organismo de la Generalitat, situada en la localidad de Hospitalet de Llobregat, ya ha acudido en varias ocasiones en las últimas semanas la Guardia Civil a recabar datos sobre las comunicaciones de los Mossos durante aquellos días.

Los agentes justificaban su solicitud de acceder a los mensajes electrónicos del nuevo jefe de la policía catalana en la existencia de un mensaje electrónico recogido en su informe del que supuestamente infería que en aquellos días Ferran López —quien como jefe de Coordinación Territorial era el número dos de Trapero— había tomado “iniciativas […]contrarias a lo dispuesto por la Fiscalía Superior de Cataluña” para impedir la celebración de la consulta.

Los agentes reclamaban por ello el volcado de todos los correos entrantes y salientes de la dirección oficial de Ferran López entre el 7 de septiembre y el 10 de octubre para intentar “confirmar las comunicaciones habidas a través de la cuenta de correo” de este mando policial “con otros actores que pudieran secundar dichas instrucciones”, en referencia a unas supuestas órdenes para no actuar en la jornada electoral. La petición de la Policía Nacional fue apoyada dos días después por el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, en un informe remitido a la Audiencia Nacional.

Sin embargo, la juez Lamela rechazó en su auto el volcado de estos correos electrónicos de Ferran López. La magistrada recordó para ello que “hasta este momento la persona” a la que se refería la petición “no aparece como investigada en el presente procedimiento”. En el mismo escrito judicial, también descartó otras seis diligencias que le había solicitado la policía. Entre ellas, tomar declaración como testigos a varios mandos de los Mossos —entre ellos el propio Ferran López— que cuando se celebró el referéndum ilegal ocupaban diversos cargos de responsabilidad al frente de las diversas unidades y regiones policiales.

Órdenes políticas

En el caso del actual máximo responsable de los Mossos, los agentes planteaban a la magistrada que fuese interrogado sobre la aplicación de las “pautas de actuación” que difundió Trapero poco antes de la consulta ilegal, así como si en la jornada electoral se habían producido peticiones de ayuda y estas habían sido atendidas. También querían que Ferran López detallara las “instrucciones recibidas de sus mandos superiores o políticos”. La policía también pretendía que declarase como testigo el responsable de la Brigada Móvil, la unidad antidisturbios de los Mossos.

La magistrada denegó la práctica de todos estos interrogatorios y admitió únicamente que se solicite a todos estos mandos informes por escrito sobre lo acaecido el 1 de octubre. También descartó reclamar el relato cronológico que se elaboró de forma escrita en las terminales de los operadores de las salas de mando aquella jornada. En este caso, la juez Lamela recordaba que dicha diligencia ya fue solicitado en su día por la Guardia Civil dentro de la misma investigación y que se practicó el pasado 30 de octubre, un día después de que el documento de la Policía Nacional llegara a la Audiencia Nacional.

La única actuación a la que la magistrada da luz verde es la de requerir las comunicaciones grabadas en las emisoras de los Mossos durante las 24 horas del 1 de octubre, así como el registro detallado de los servicios realizados aquel día por sus agentes. Para ello, autorizó a la policía a acudir al Centro de Coordinación (CECOR) que los Mossos tienen en la calle Bolivia de Barcelona a requerir estas grabaciones. La juez Lamela también aceptó solicitar una copia de los registros sonoros de esa misma jornada que se conserven en la sala conjunta que la policía catalana comparte con la Guardia Urbana de la capital de catalana.