Puigdemont arrastra a prisión a su Gobierno

La huida a Bélgica del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha arrastrado a prisión al que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, y a otros siete miembros de su Gobierno. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela lo ha dejado claro en su auto: “El riesgo de fuga, el alto poder adquisitivo de los imputados y el hecho de que otros imputados han salido al extranjero eludiendo la acción de la justicia”, son algunas de las razones de la magistrada para dictar prisión incondicional, tras tomarles declaración. Los acusados se negaron a responder las preguntas de la Justicia.

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Ocho miembros del Gobierno catalán duermen desde anoche en dos prisiones de la Comunidad de Madrid, mientras que Puigdemont y otros cuatro consejeros esperan en Bélgica que se inicien los trámites para su detención internacional. No está claro qué hubiera pasado si ayer se hubieran presentado los trece en la Audiencia, porque el auto es demoledor en sus razonamientos jurídicos, pero está claro que la posición de los fugados ha pesado en la decisión final de la magistrada.

La actitud del expresidente es muy distinta de la de su antecesor en el cargo, Artur Mas, que se presentó en su día ante la Justicia y asumió la responsabilidad individual de las decisiones tomadas por su Gobierno en la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Fue condenado, inhabilitado y está pendiente de pagar una fianza de más de cinco millones de euros.

Pero su sustituto ha optado por la huida indigna y las 'performances' circenses, sin importarle las consecuencias que tienen esos numeritos sobre la imagen de Cataluña y del conjunto de España y sobre la libertad de sus compañeros. Sus apariciones públicas recuerdan a las del empresario ya fallecido José María Ruiz Mateos, que también huyó de la Justicia en los años ochenta y que acabó encarcelado primero en Alemania y luego en España. Tienen la misma mirada perdida, casi mesiánica.

El caso es que hay otros ocho líderes catalanes en prisión y que el independentismo se ha lanzado ya a la calle a denunciar la existencia de presos políticos. Está claro que el momento no es el más oportuno y que puede enrarecer todavía más la campaña electoral del para el 21 de diciembre. Pero la justicia tiene que justa, aunque sea inoportuna. Y en democracia, hay que respetar y apoyar la división de poderes, aunque las decisiones judiciales compliquen la situación. Y de qué manera.