El Tribunal Supremo impone control policial a Forcadell y a otros cinco miembros del Parlament

El Tribunal Supremo ha impuesto, a petición de la Fiscalía, que se ponga bajo "control policial" a Carme Forcadell y al resto de miembros de la Mesa del Parlament citados a declarar este jueves, acusados de rebelión, sedición y malversación. Para ejercer esta vigilancia, el magistrado les ha ordenado que faciliten un domicilio y un número de teléfono móvil. El control se ha acordado para tener la certeza de que seguirán a disposición de la justicia, según fuentes jurídicas, debido a que Carles Puigdemont y otros cuatro exconsejeros no han acudido a su citación ante la Audiencia Nacional.

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La decisión del tribunal se ha adoptado después de que se dictara el aplazamiento, de una semana, de la declaración de los seis diputados del Parlament disuelto el pasado viernes que estaban citados a las nueve de este jueves. El alto tribunal ha accedido a la petición de los abogados de los miembros de la Mesa del Parlament, que han esgrimido no haber tenido tiempo para preparar las comparecencias como imputados por un posible delito de rebelión debido a la premura de las citaciones. El fiscal no se ha puesto a esta petición. Tendrán que regresar el día 9 de noviembre, fiesta en Madrid, y facilitar un domicilio para las notificaciones.

Según fuentes presentes en la comparecencia de este jueves, cuando los abogados se han quejado de que se les haya citado con tan poco tiempo (la causa se admitió a trámite el pasado martes y recibieron las notificaciones de la cita el miércoles), el magistrado Pablo Llarena ha explicado que "la premura en la citación" estaba motivada "por la especial situación procesal" de alguno de los investigados, en clara referencia, según estas fuentes, a Carles Puigdemont y a los exconsejeros que se han quedado con él en Bruselas.

Alguno de los abogados de los miembros de la Mesa citados este jueves han criticado la actitud del expresidente de la Generalitat. "Si un investigado no se pone a disposición de la justicia cuando es llamado siempre perjudica al resto de coimputados", ha afirmado Xavier Melero, letrado los exdiputados del PDECat Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet.

La Fiscalía del Supremo ha solicitado para los seis investigados "vigilancia policial permanente", además de que faciliten un domicilio y un teléfono móvil. La medida ha sido solicitada por los fiscales presentes en la declaración, Fidel Cadena y la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal. El magistrado ha accedido a imponer "control policial", aunque no ha especificado si permanente o no. Los letrados de los imputados consideran que no y que la vigilancia policial impuesta a los investigados es una medida cautelar "mínima". Afirman que el control se hará, sobre todo, por teléfono, aunque fuentes consultadas no descartan que, en algún momento, puedan ser sometidos a vigilancia directa.

Los parlamentarios catalanes mantienen su condición de aforados por ser miembros de la Diputación Permanente de la Cámara, a excepción de uno de ellos: la expresidenta Carme Forcadell; el que fuera miembro de la Mesa hasta el pasado mes de julio y actual presidente del grupo Junts pel Sí, Lluís Maria Corominas; los también miembros de la Mesa y diputados del mismo grupo Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet; y el secretario tercero de la Mesa, Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot. La Fiscalía les atribuye delitos de rebelión, sedición y malversación por haber tramitado las votaciones en la Cámara de diversas resoluciones relacionadas con el proceso independentista, entre ellas, la declaración secesionista del pasado viernes. 

Los investigados por el Supremo han llegado a la sede del alto tribunal a las 9.15. Han entrado juntos con la excepción de Forcadell, que ha llegado en coche unos minutos más tarde acompañada por su abogado, Andreu Van den Eynde. El letrado de la presidenta en funciones del Parlament defiende también al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a algunos de los exconsellers también citados por la juez Carmen Lamela, por lo que se ha quejado de la premura de las citaciones (fueron notificadas este miércoles) y de que coincidan en hora las comparecencias en los dos órganos, lo que, asegura, vulnera el derecho de defensa de los investigados.

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