Muertos en vida, muertos en Internet

Cuando Julia Sánchez, que prefiere no dar su verdadero nombre, tuvo que “arreglar todo” tras la muerte de su tía, llamó a los bancos para cancelar las tarjetas y suspendió la línea del móvil de su familiar. Pero cerrar las cuentas de las redes sociales, el correo electrónico y las suscripciones de su tía no fue tan sencillo: “No hay un teléfono para llamar a Internet y cancelar”. Entonces, Sánchez contrató los servicios de un cementerio en Valencia que le proponía borrar la huella digital de su pariente. Cada vez más empresas funerarias ofrecen a sus clientes la posibilidad de eliminar de la Red el rastro de las personas fallecidas. El precio para borrar la información —escrita y audiovisual— que circula en Internet al teclear el nombre de una persona puede llegar a los 10.000 euros.

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Unas 400.000 personas fallecen cada año en España. Los cementerios y tanatorios tienen una demanda relativamente constante y por eso su negocio no parece estar amenazado, según la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef). El sector, que genera un 0,13% del PIB, innova “para ofrecer servicios que la sociedad demanda”, indica Josep Ventura, portavoz de Panasef, que reúne al 70% de las empresas del sector. Ventura indica que desde hace cinco años las compañías han empezado a adaptarse a los tiempos de Facebook y Google: “Muchas de las personas que fallecen hoy en día no han tenido mucha actividad en Internet, pero en un futuro la demanda será mayor”.

La tía de Julia Sánchez tenía 41 años cuando falleció hace unos meses. Su sobrina contrató los servicios del Parque de la Paz, una empresa privada de Valencia, y “en pocas semanas” todos los datos de su tía habían desaparecido de Internet. Unas 30 familias han contratado este servicio del cementerio en los últimos dos años, pero no todos los casos se resuelven tan rápido.

El proceso para borrar la información de "un ciudadano de a pie" puede durar un mes, estima Luis López, abogado del cementerio. Si se trata de una persona con mayor visibilidad, como un empresario o un político, el trámite puede extenderse a más de un año. Además, "si a una persona le robaron el móvil y tiene contenido íntimo", por ejemplo, el proceso será más trabajoso que si "solo hubiera datos como su lugar de empadronamiento".

Un equipo formado por un abogado y un informático hacen un diagnóstico inicial de cada caso dependiendo de la popularidad o reputación de la persona fallecida y su presencia en la Red. Lo realizan con una serie de herramientas de monitorización de Internet —redes sociales, buscadores, medios de comunicación, etc.— y calculan un presupuesto, que puede alcanzar valores "de hasta cinco cifras", explica Leonardo Bruno, gerente de Parque de la Paz. Bruno precisa que los clientes contratan el servicio para facilitar trámites que suponen "un costoso entramado administrativo y gestiones con los principales buscadores y redes sociales".

Este servicio, que debe ser solicitado por los familiares, se ampara en el derecho al olvido de las personas vivas o fallecidas, que fue establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014. Aunque no siempre es necesario iniciar un juicio, esa garantía permite que la información obsoleta o sin relevancia ni interés público no se difunda en los buscadores, aunque sea legítima. Una vez que los datos de un difunto dejan de ser públicos, el contenido queda a disposición de la familia. 

Pero la huella digital no se puede eliminar totalmente. En ningún caso está garantizado que se borre todo el rastro que alguien ha dejado en Internet, por ejemplo, cuando se trata de información de interés público sobre un político o empresario. Sin embargo, las personas —vivas o muertas— estarán más amparadas a partir de 2018: en mayo del próximo año, comenzará a aplicarse el nuevo reglamento europeo de protección de datos, que introduce nuevos elementos y entre ellos el derecho al olvido.