Puigdemont maniobra desde Bruselas para convertir el 21-D en un plebiscito

La gran política es grisácea, casi nunca un gran espectáculo. Pero Cataluña lleva tiempo en una montaña rusa de emociones e inesperados giros. Carles Puigdemont protagonizó ayer el último capítulo de ese crescendo, compareciendo en Bruselas como una suerte de expresidente de la Generalitat en el exilio. Afirmó que asume las elecciones del 21-D, pero a la vez intentó retar a Mariano Rajoy al presentarlas como “plebiscitarias”. Puigdemont pidió “al pueblo” que “siga luchando”. Y avanzó que no volverá a España hasta tener “garantías” de un juicio justo. La juez le ha citado mañana para declarar por tres delitos.

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El relato corto de la jornada es demoledor: en una comparecencia tumultuosa y plagada de soflamas, Puigdemont hizo en Bruselas una denuncia rotunda de la “violencia del Estado español”, al que acusó de buscar “la demolición de las instituciones catalanas”. Dejó en el aire si acatará o no la acción de la justicia, con un viaje a Bruselas que busca enmarañar su situación procesal cuando ya está citado en la Audiencia Nacional. Y presentó una obviedad —el Gobierno está obligado a acatar el resultado de las elecciones— como un desafío a Rajoy: el 21-D, según la tesis de Puigdemont, sería una suerte de segundo “plebiscito” que obligaría al Ejecutivo a aceptar el nuevo escenario posterior a la declaración de independencia si triunfan los partidos separatistas. Eso, según el equipo del exmandatario, podría funcionar como una suerte de bonuspara movilizar aún más las filas separatistas.

El relato largo tiene más matices, pero el resultado es el mismo. El poder es la capacidad de definir la situación, de imponer por la fuerza, la persuasión o la manipulación la narración de lo que está en juego. En Bruselas se consideraba brillante la puesta en escena del desafío catalán: la Generalitat aprobó por la puerta de atrás una ley de referéndum ilegal, organizó la consulta del 1-O y usó las imágenes de las cargas policiales para hacerse con la opinión pública internacional, que compró la idea de porras contra votos. Pese a la flagrante ilegalidad, el Parlament acabó declarando —o no— la independencia, seguro de que el apoyo de la prensa global le proporcionaría el favor de la UE. Craso error. Esa narrativa pinchó en casa —con la huida de empresas y bancos— y nunca caló en Bruselas. Hace ya tiempo que Puigdemont perdió la magia que permite imponer el relato en Europa: el expresident protagonizó ayer un último intento por recuperar la iniciativa en una multitudinaria comparecencia en Bruselas en la que de alguna manera dobló la rodilla y asumió como legítimas las elecciones del 21 de diciembre, convocadas por Rajoy tras aplicar el artículo 155.

La declaración de Puigdemont

El secesionismo, empezando por el expresidente, admite ya sin tapujos la realidad: esas elecciones son indiscutibles. A partir de ahí, Puigdemont trató de desafiar a Rajoy al calificar como “plebiscitarios” los comicios (algo que ya hizo su predecesor, Artur Mas, con las elecciones autonómicas de 2015). Si Madrid no acepta los resultados, viene a decir Puigdemont, demostrará que no es un Gobierno serio. Pero Rajoy no tiene más opción que aceptarlos, aunque es cierto que un triunfo de los independentistas abriría un nuevo escenario en la cocina política catalana.

“Yo respetaré los resultados del 21-D sean cuales sean; ¿respetará Rajoy ese resultado?”, se cuestionó el expresident para romper su silencio después de un esperpéntico viaje a Bruselas.

Esa fue la idea-fuerza de una rueda de prensa en la que lanzó aún otro mensaje. Puigdemont no solicitará asilo en Bélgica, pero se quedará en Bruselas un tiempo indeterminado: hasta obtener “garantías” de que gozará de “un juicio justo, propio de los países con separación de poderes”. El expresidente catalán sacó ahí toda la artillería. Su Gobierno tomó la decisión de viajar a Bruselas el viernes, dijo, “ante una serie de hechos contrastados que indican que el Ejecutivo español contempla una ofensiva contra los funcionarios y el Govern, que incluye una querella política que sumaría 500 años de prisión y un problema político gigantesco que Madrid solo afronta con represión”.

Puigdemont, en fin, parecía dispuesto a quedarse en Bruselas junto a la mitad de su Gobierno —ayer le arroparon seis consejeros— como parte de su estrategia procesal. Pero eso puede cambiar con rapidez: la juez Carmen Lamela citó ayer, para que declaren mañana jueves, a Puigdemont y a los miembros del Govern destituidos y les impuso una fianza de 6,2 millones; los abogados de los exconsejeros afirmaron que están dispuestos a declarar ante la justicia, informa Jesús García.

Salvar las instituciones

Puigdemont aún no tiene clara la fecha de regreso. Pero se sacó de la manga uno de esos giros hacia el romanticismo que ha llevado a Bruselas a calificarle de representante del “populismo nacionalista”: “Quien salvó las escuelas el 1-O salvará las instituciones catalanas de la demolición”, dijo en referencia a los ciudadanos que se movilizaron a favor del referéndum. Y criticó a la Fiscalía por una “querella política”. “Este es un conflicto político y, como tal, necesita una respuesta política”, dijo. Las fuentes consultadas en el Gobierno de Rajoy son rotundas: la solución política no es otra que las elecciones.

Bruselas es una especie de última bala procesal y de imagen para Puigdemont. Su presencia en la capital belga, si se prolonga, puede dilatar los tiempos judiciales. Cataluña, además, busca en Bruselas el favor de la prensa y de las instituciones europeas. Pero la Comisión le ha dado la espalda; el Consejo cierra filas con España; los Estados miembros apoyan a Madrid. Europa siempre le ha pedido lo mismo: que vuelva a la legalidad. Puigdemont lo hace ahora con la boca pequeña, aceptando que las elecciones del 21-D son legítimas, pero las adorna con el adjetivo de “plebiscitarias”.

La política catalana rebobina así hasta 2015: el independentismo perdió aquellas elecciones —llamadas plebiscitarias por Artur Mas— en votos, pero ganó en escaños y siguió adelante con su hoja de ruta. Esta vez hay una diferencia: frente a la promesa de una independencia de terciopelo, la fractura social es evidente y casi 2.000 empresas se han dado a la fuga. La economía, al cabo, tiene la extraña costumbre de decantar las elecciones.

La comparecencia completa de Puigdemont en Bruselas