El Tribunal de Cuentas detecta numerosas irregularidades en el bicentenario de ‘La Pepa’
Álvarez de Miranda reprende a la Oficina de Conflictos de Intereses por no verificar datos de altos cargos
El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812 en los gastos de personal y las contrataciones. También ha hallado "debilidades significativas" en el sistema de control interno. Así lo ha expuesto este lunes en el Congreso de los Diputados el presidente de la institución, Ramón Álvarez de Miranda, durante la presentación del informe de fiscalización sobre ese consorcio creado en 2007 para solemnizar la proclamación de esta carta legal que sancionaba el tránsito de la monarquía absolutista a la constitucional y que se la conoció como La Pepa por ser promulgada el 19 de marzo.
El informe del Tribunal de Cuentas constata "desorden y dispersión" en la documentación, "falta de registros informáticos" e "inexistencia de relaciones completas de los expedientes tramitados", irregularidades que no solo han complicado la inspección sino que han limitado la fiscalización. Los "errores contables y omisión de numerosos justificantes de operaciones" han impedido que el Tribunal de Cuentas haya podido pronunciarse sobre la representatividad de las cuentas en los ejercicios 207-2012.
A las "numerosas deficiencias" halladas en la formalización de la documentación contable y a la "incorrecta utilización de contratos de patrocinio para la concesión de subvenciones directas", el informe añade "falta de competencia" para regular y convocar subvenciones”, así como "falta de indicación de los criterios de concesión", “insuficiencia” en el sistema de planificación y seguimiento de las actividades programadas, "acumulación de competencias" en la gerencia del consorcio y "omisión de la aprobación previa de expedientes de gasto".
El Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812 estaba formado por el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación y los Ayuntamientos de Cádiz y San Fernando.
En su comparecencia, Álvarez de Miranda también ha instado a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) dependiente del Ministerio de Hacienda a comprobar periódicamente y aleatoriamente las declaraciones de bienes y actividades de altos cargos, así como a valorar la existencia de posibles conflictos de intereses.
Indemnizaciones de altos cargos
De acuerdo con el informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal, de 2012 a 2014, el Tribunal de Cuentas detectó que la OCI no desarrolló las facultades de verificación e investigación de datos que tiene legalmente atribuidas, limitándose a examinar formalmente las reclamaciones y, en ocasiones, a solicitar su subsanación.
La oficina, según ha referido Álvarez de Miranda, se limitó a recibir las declaraciones y a gestionar los registros sin verificar los datos en colaboración con las Administraciones tributarias y de la Seguridad Social. “Solo se pidieron aclaraciones sobre lo declarado o noticias publicadas sin hacerse comprobaciones sobre los altos cargos que no declararon actividades ni aparecieron en prensa”, ha señalado. Tampoco se valoró la presencia de posibles conflictos de intereses en los casos de reingreso en la función pública, de incorporación a organismos internacionales o de inicio en una actividad de nueva creación.
En ese sentido, ha apuntado que por inicio de una actividad pública no se consideró la posible existencia de dicho conflicto en un alto cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tres de la comisión Nacional del Mercado de la Competencia, dos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, cinco de la Comisión Nacional de la Energía y tres de la Comisión Nacional del Sector Postal. Tampoco se valoró la existencia de un alto cargo de la CNMV que inició una actividad en organismo internacional y la declaró como actividad privada. Ni de otro de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones que ejerció la abogacía en un despacho propio de nueva creación.
En la misma comparecencia y respecto al expediente de regulación de empleo (ERE) de Radio Televisión Española, Álvarez de Miranda ha admitido que las modificaciones realizadas por en el plan inicial de saneamiento y futuro "alejó de la realidad" a la cadena pública en su objetivo prioritario, que era reducir las plantillas, rejuvenecerla, y hacer sostenible el modelo público.
El presidente del Tribunal de Cuentas ha explicado en la comisión que el coste real del ERE puesto en marcha por RTVE en 2007 asciende a 1.722 millones de euros hasta el ejercicio 2022, de los que 1.051 millones de euros ya se han desembolsado en el periodo 2007-2013.
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