Exteriores comienza a cerrar las embajadas políticas catalanas

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha comenzado este lunes a cerrar parte de la estructura internacional montada durante estos años por la Generalitat de Cataluña, con especial énfasis en las denominadas 14 embajadas catalanas y, en concreto, en las cuatro que solo tenían objetivos políticos: Viena, Ginebra, Roma y Lisboa. El ministerio ha tenido problemas para contactar con responsables políticos de esa área, pero ya ha transmitido las órdenes para empezar a rediseñar ese departamento y estudiar las funciones de otras oficinas en el extranjero.

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Exteriores tomará el control de las ‘embajadas’ catalanas

La subsecretaria de Asuntos Exteriores, Beatriz Larrotcha Palma, ha llamado este lunes a primera hora al departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia de la Generalitat que, hasta el pasado viernes, dirigía el ya exconsejero Raúl Romeva. No le ha encontrado en su despacho. Ni a su segundo de a bordo. Se da la circunstancia, además, de que el siguiente alto cargo en ese escalafón, Maria Badia i Cutchet, fue cesada como directora “por razones de salud” justo el pasado viernes. Ese día, antes de aplicarse el artículo 155 de la Constitución que acabó con la destitución de Romeva entre otros cargos del Govern, se sacó a concurso su plaza. Badia no solo era la número 3 de Romeva sino que había sido eurodiputada del PSC durante una década y se dio de baja de ese partido por la causa independentista en 2015, tras acceder al liderazgo de esa formación Miquel Iceta.

La subsecretaria de Exteriores ha encontrado a otra directora general de menor rango que se ha hecho cargo de su llamada y del mensaje que le transmitió: redefinir el departamento, clausurar las embajadas políticas internacionales y elaborar una tabla de estabilización de los funcionarios disponibles, de sus trabajos y competencias para evitar duplicidades.

No se van a cerrar de golpe y de inmediato todas las embajadas catalanas aunque, en realidad, este lunes la mayoría ha dejado de prestar servicios al público. El ministerio quiere afinar en ese proceso, para no caer en irregularidades con contratos y concursos ya firmados o pendientes.

De las 14 embajadas abiertas, el ministerio quiere echar el candado ya en las de Viena, Ginebra, Roma-Santa Sede y Lisboa, porque solo prestan servicios políticos. El escenario es diferente en el resto y, especialmente, en la de Bruselas. Casi todas las autonomías españolas tienen una delegación en la capital de la Unión Europea, que ejerce sobre todo funciones comerciales. Ese es el cometido que se le quiere dar ahora también a la catalana. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se detuvo el pasado viernes —tras aprobar la aplicación del artículo 155 en Cataluña— en precisar el cese de los embajadores catalanes en Bruselas, Amadeo Altafaj, y Madrid, Ferrán Mascarell. No son dos funcionarios más. Son dos figuras muy significadas. Tras su cese, aún no se ha resuelto su relevo. Altafaj, que llevaba dos años y medio en el puesto y disponía de buenos contactos en Bruselas, aceptó este lunes su recambio en una carta que publicó primero en el diario Ara. La delegación, ubicada estratégicamente junto a las instituciones europeas, abrió normalmente sus puertas. Lo mismo sucedió con la de París, situada en un palacete en el distrito 17 y donde el delegado, Martí Anglada, evitó pronunciarse. Algo que sí hizo ante varios medios para declararse en rebeldía la responsable en Berlín, Marie Kapretz.

Muchas de esas embajadas comparten edificio, personal y servicios con otras oficinas de actividad de Cataluña en el exterior que siguen en marcha hasta que se replantee su futuro. Se trata de centros de representación del instituto de enseñanza y promoción del catalán Ramón Llull (dos millones de presupuesto); seis sedes compartidas del Instituto Catalán de Empresas Culturales (1,7 millones) y siete oficinas de la Agencia Catalana de Turismo (6,4 millones), según ha recopilado el Tribunal de Cuentas. En total, unas 25 dependencias.

El presupuesto del servicio exterior de Cataluña era de 18 millones de euros en 2016, con 78 personas contratadas (54 de alta dirección), pero el Govern preveía incrementarlo hasta 35 millones.

El máximo responsable de la delegación catalana ante la Unión Europea ha aceptado este lunes su destitución por parte del Ejecutivo español, informa Álvaro Sánchez. “Como parte de las medidas decididas por el Gobierno español el pasado viernes, he sido cesado como representante permanente del Gobierno de la Generalitat ante la Unión Europea”, ha informado a sus compañeros en una carta publicada por el diario Ara.

Amadeu Altafaj llevaba dos años y medio en el cargo, al que llegó avalado por su dilatada experiencia como portavoz en la Comisión Europea. Desde la sede de la representación catalana, situada a escasos metros de las instituciones comunitarias, ha dirigido los esfuerzos de la Generalitat por internacionalizar el proceso independentista. Cuando Carles Puigdemont asumió el mando del Govern trató de que fuera recibido por los principales dirigentes comunitarios para hablar del proceso soberanista, pero tanto el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, como los responsables de la Eurocámara, rechazaron tener otra interlocución que no fuera la del Gobierno español.

La delegación de Cataluña en Francia ha abierto este lunes sus oficinas en París a su horario habitual, las 9.00 de la mañana, informa Silvia Ayuso. En París, varios trabajadores han ingresado en el palacete que la Generalitat tiene en el distrito 17 de la capital francesa y donde la delegación comparte espacio con la Catalonia Trade & Investment, la oficina de Turismo de Cataluña, el Instituto Catalán de Empresas Culturales y el Institut Ramón Llull. Entre los que han acudido a su puesto de trabajo pese a haber sido oficialmente cesada está la responsable de asuntos institucionales y de comunicación de la oficina, Eva Doya, que no ha querido hacer comentario alguno a los periodistas que aguardaban ante las puertas del edificio. Tampoco el delegado, Martí Anglada, ha querido pronunciarse desde la publicación del decreto. Este lunes, las llamadas daban directamente a su buzón de voz.

En Berlín nadie responde tampoco al teléfono, informa Enrique Müller, según la encargada de prensa de la delegación, porque el martes es fiesta en Alemania y el personal ha hecho puente. La embajadora, Marie Kapretz, en sendas declaraciones a la prensa de Berlín, señaló, sin embargo, que ella seguirá trabajando “pase lo que pase”, al igual que el resto del personal. “Gracias a la declaración de independencia hecha por el Gobierno de Cataluña, ya no estamos sujetos a instrucciones de Madrid”, dijo la embajadora al periódico Tagesspiegel. “Pero no se puede descartar que las instituciones democráticas y las representaciones de Cataluña sean anuladas por el gobierno central de Madrid”, afirmó antes del anuncio de que las embajadas debían cerrar sus puertas hasta nuevo aviso.

Otras comunidades autónomas españolas también cuentan con delegaciones en Bruselas por su relevancia como sede de las instituciones de las que emanan gran parte de las leyes y decisiones que afectan a sus intereses económicos. La pretensión del Gobierno es que la embajada catalana pase a ocuparse de ese tipo de asuntos y quede despojada de la dimensión política, hasta ahora prioritaria.