La caída de la secuestradora del ataúd

A sus 39 años, la madrileña Isabel Mazarro Gómez de Santiago llevaba una vida aparentemente tranquila en San Miguel de Allende, una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Vivía en un enorme chalé de dos plantas, justificaba su alto nivel de vida en los supuestos negocios inmobiliarios de su marido y dedicaba el tiempo libre a practicar yoga. Sin embargo, el pasado 30 de mayo su vida cambió de modo radical. Ese día, su pareja, el chileno Raúl Julio Escobar Poblete, era detenido por la policía del país norteamericano como presunto cabecilla de una banda especializada en secuestros que retenía a sus víctimas durante el cautiverio dentro de ataúdes. Su arresto se produjo cuando Escobar intentaba cerciorarse de que llegaba a la familia de su última víctima el dedo cortado de esta con el que pretendía forzar a pagar el rescate de 6 millones de dólares que exigía.

Tras su detención, Raúl Julio Escobar —que antes había encabezado un grupo terrorista de ultraizquierda en su país de origen autor de un secuestro y un asesinato— hizo dos llamadas desde comisaría. Una fue, precisamente, a Isabel, a la que le dio un escueto y enigmático mensaje: "Suelta el paquete del cajón". Poco después, Nancy Michell Kendall, la jubilada norteamericana a la que la banda de Escobar había secuestrado dos meses y medio antes y a la que había amputado el meñique, era puesta en libertad. Tres días más tarde, la madrileña tomaba un avión y volvía a España, de donde había salido seis años antes junto a su hijo, su hermana y otros miembros de su familia en busca de fortuna en México.

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Durante los meses siguientes, Isabel llevó una vida discreta en la que evitó dejar rastro de su presencia. Aunque utilizó su documentación española para pasar los controles del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas —entonces las autoridades mexicanas no habían dictado la orden de detención internacional y no disparó las alertas policiales— a partir de ese momento evitó poner a su nombre cuentas, tarjetas de crédito y alquileres. Había hecho desvanecerse cualquier rastro. Mientras tanto, el juez mexicano que instruía la causa contra la banda de su pareja dictaba una orden de busca y captura contra ella tras conocer el contenido de aquella llamada de Raúl Julio y la inmediata liberación de la víctima. El 25 de septiembre, llegaba a Madrid una petición de la Procuraduría General de la República (la fiscalía mexicana) en la que solicitaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la localización y detención de la mujer ante la sospecha de que pudiera estar en España.

Se iniciaba entonces una investigación del Grupo de Huidos de la Justicia de la UCO que un mes después ha permitido el arresto de Isabel Mazarro en Llantones, una pequeña aldea de los alrededores de Gijón. Los primeros pasos de los agentes se dirigieron, sin embargo, a Madrid, de donde era originaria la huida. Y, en concreto, a la calle Alcalde Sáinz de Baranda, donde la mujer había vivido hasta su marcha años antes a México y donde había situado en su día la sede social de una empresa de venta al por mayor de tejidos. De hecho, aún figuraba como empadronada allí. Sin embargo, allí casi nadie sabía quién era y los pocos que la recordaban aseguraron que no la habían vuelto a ver desde que cruzara el océano Atlántico.

Tras descartar que pudiera estar en Málaga, donde los agentes sospechan que pasó algunos días del verano, las pesquisas se centraron en la localidad alicantina de Denia, donde residían su madre y una de sus hermanas. Además, en el registro mercantil aparecía una empresa para comercializar al por mayor productos de perfumería a nombre de su hijo veinteañero con domicilio social en el mismo municipio. Los agentes se desplegaron durante los primeros días de octubre en los alrededores de la vivienda de la familia a la espera de encontrar a Isabel, pero solo pudieron localizar a su progenitora. A esta le oyeron hablar con sus amigas de que sus hijas se habían ido "al norte" el 6 de octubre.

Las pesquisas se centraron a partir de ese momento en el Principado, donde los agentes detectaron en Llantones, una aldea de poco más de 150 habitantes, el alquiler de una casa a nombre de su hermana. Poco después de las seis de la tarde del pasado lunes, y mientras paseaba con su hijo y dos perros por el campo de los alrededores de la vivienda donde vivía, los agentes de la UCO la pidieron que se identificara. Ella lo hizo con su nombre verdadero. Fue inmediatamente detenida. No sabía que la justicia de México la había puesto en busca y captura, pero desde el primer momento tuvo claro por qué la arrestaban. Las autoridades del país norteamericano la reclaman por un delito de secuestro agravado, penado con hasta 90 años de cárcel. El juez de la Audiencia Nacional que tramita su extradición, Ismael Moreno, ordenó al día siguiente su puesta en libertad provisional con la obligación de entregar su pasaporte y presentarse todas las semanas ante el juzgado. Su pareja, el jefe de la banda que secuestraba en ataúdes, espera en una cárcel mexicana.