El PSOE intenta forzar al PP en el Senado a suspender el 155 si hay elecciones

El PSOE ha presentado en la comisión del Senado que tramita el 155 una enmienda que contempla suspender la aplicación de las medidas al amparo de este artículo en caso de que Puigdemont convoque elecciones autonómicas en el marco legal. Los socialistas entienden que la convocatoria de elecciones de acuerdo a la Ley electoral general supone la vuelta a la legalidad constitucional y estatutaria y sería suficiente para interrumpir temporalmente la aplicación del 155. El Gobierno no ha rechazado taxativamente aún esta propuesta pero se muestra reacio a hacerlo. Fuentes del Ejecutivo han asegurado a EL PAÍS que La Moncloa "no ve" la enmienda. El PP sí ha admitido la enmienda del PSOE para modular la aplicación de las medidas en función de los acontecimientos, y mantiene en estudio la propuesta socialista de no intervenir en los medios públicos de comunicación catalanes.

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El grupo parlamentario socialista en el Senado ha presentado un total de tres enmiendas al acuerdo salido del Consejo de Ministros el pasado sábado. La referida a la suspensión del 155 dice así textualmente: "La entrada en vigor de las medidas previstas en el Acuerdo del Consejo de Ministros y aprobadas por el Senado se suspenderá si el Presidente de la Generalitat de Cataluña, antes de la vigencia de las mismas, hiciera uso de las facultades que le otorgan el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, para decretar la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña y para la convocatoria de elecciones autonómicas". Los socialistas justifican esta modificación del texto alegando que "la disolución del Parlament y la convocatoria de unas elecciones autonómicas supondrían volver a la legalidad constitucional y estatutaria". En una nota de prensa especifican que el objetivo es "garantizar la defensa de una salida constitucional hasta el último momento antes de la aprobación del 155".

El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara, por lo que todo depende de la decisión que tome el partido de Mariano Rajoy. Fuentes del partido en la comisión del Senado han recalcado a EL PAÍS que la oferta de los socialistas no tiene en cuenta que los independentistas catalanes todavía tienen margen para proclamar la independencia en el Parlament durante el pleno de este jueves. "Acción-reacción", ejemplifican, pidiendo que sea Puigdemont quien anuncie primero que convocará elecciones autonómicas y que acepta la legalidad constitucional.

Este mediodía, ante la posibilidad de que el presidente de la Generalitat convoque finalmente elecciones, se le ha preguntado en rueda de prensa a Xavier García-Albiol, uno de los ponentes. Ha explicado que el Senado tiene "un encargo", tramitar la activación del 155, y su misión es llevarlo a cabo, "al margen de las novedades que surgen a cada momento". No obstante, era antes de que conociera el texto de los socialistas.

Los socialistas también pretenden graduar más la aplicación de las medidas, una cuestión en la que han coincidido con el PP, que no plantea obstáculos en este terreno. Es la propuesta número tres, en la que piden "una aplicación de las mismas proporcionada a la gravedad de la situación, pudiendo modular dicha aplicación en los casos en que la evolución de esta situación lo aconsejara, por revelarse, en caso de su mantenimiento incondicionado, como innecesarias o contraproducentes". Fuentes de la dirección popular en el Senado aseguran que el partido también quiere modular la propuesta del Gobierno en aspectos técnicos que faciliten su puesta en marcha en la práctica.

Del mismo modo, el PSOE desea modificar los términos del acuerdo en cuanto a los medios de comunicación públicos catalanes, y esto figura en la primera propuesta de enmiendas: "Se excluyen de la aprobación del Senado las previsiones del último párrafo de este apartado respecto al ejercicio de las facultades de la Generalitat en el ámbito del servicio público autonómico de comunicación audiovisual". El PP, por el momento, no se ha pronunciado sobre su posible apoyo. El texto de la ponencia, con las enmiendas propuestas, pasa ahora a la reunión final de la comisión de esta tarde a las cinco, que ha abierto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Con vistas a la tramitación del 155, la Generalitat ha argumentado esta mañana, en el escrito de alegaciones remitido al Senado, que "para resolver lo que el Gobierno del Estado ha calificado de grave situación extraordinaria, se va a crear una todavía más grave situación extraordinaria, al arrebatar a Cataluña su autonomía política". Concluye que el alcance de las medidas propuestas por el Gobierno "va más allá del concepto de 'medidas necesarias', puesto que tiene como directa e inmediata consecuencia desposeer al pueblo de Cataluña de sus instituciones". No obstante, los ponentes de la comisión que tramita la activación del 155 ha rechazado este mediodía las alegaciones de la Generalitat, no las ha incluido en el texto que se debatirá esta tarde en la comisión. El dictamen ha sido aprobado con los votos de PP, PSOE y UPN. Unidos Podemos, ERC y PDeCAT han presentado propuestas contra las medidas del Gobierno, pero no han sido admitidas.

Las alegaciones de la Generalitat están expuestas en un documento de ocho páginas enviado este jueves en un burofax, justo cuando expiraba el plazo fijado a las diez de la mañana. Fuentes de la Cámara alta informaron minutos después de esa hora que no había llegado, pero poco después se anunció que sí. La hora exacta de recepción del documento ha sido las 10.03, precisan fuentes de presidencia del Senado, y así consta en el burofax, lo que ha causado momentos de confusión y discusión técnica sobre si se podía aceptar, pero finalmente se ha admitido. El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries ha explicado luego que "se ha atascado el papel". "Ha habido un tema técnico en el burofax, es lo que me han dicho, que ha quedado atascado el papel en medio, esto a veces es por aquello de las diez en punto, pero aquí están las alegaciones y se han aceptado", ha dicho en un pasillo del Senado.

En los ocho folios de alegaciones, la Generalitat argumenta que la autorización del Senado al Ejecutivo para que aplique el artículo 155 de la Constitución "no es un cheque en blanco", ni "una cláusula de plenos poderes", y que "solo permite al Gobierno del Estado dar instrucciones a las autoridades autonómicas". Lo que, apuntan, "es incompatible con destituirlas, ocupar su lugar y sustituirlas en el ejercicio de todas las funciones que constitucionalmente les corresponden". En la misma línea opina que las medidas a aplicar "han de ser concretas, de contenido y alcance precisos (...), adecuadas, necesarias y proporcionadas a la situación que se pretende corregir".

Es decir, el Govern razona que, si el objetivo es que "cesaran las actuaciones de la Generalitat relacionadas con el proceso para la independencia", se trata de "un límite que ha sido ampliamente sobrepasado", porque entiende que las medidas propuestas "no se dirigen solo a que la Generalitat revoque la declaración de independencia, sino que despojan prácticamente a las instituciones de la Generalitat de sus principales atribuciones". En concreto, señala que dar la facultad al Gobierno de disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones autonómicas "contradice frontalmente el principio de autonomía política" reconocido en la Constitución a las comunidades autonómas. Lo mismo se aduce, señalando violaciones el Estatut y otras normas, sobre el cese del presidente de la Generalitat y su Gobierno.

En cuanto a intervención de la administración pública, además de rechazarlo por ser una medida "genérica" y de alcance indeterminado, el escrito advierte que supondría "una acumulación de trámites de gestión imposible". "Prácticamente fuerzan el bloqueo o la paralización de todos los servicios públicos", señala. Sobre el posible control de medios públicos de comunicación, el documento considera "insólito e impropio" de un Estado que respete la libertad de información, "máxime cuando se trata de unos medios reconocidos en Europa en cuanto a veracidad, objetividad y respeto al pluralismo político".

Hay un pasaje que constituye un aguijonazo directo al Partido Popular, a la hora de rebatir la posible capacidad de veto de iniciativas parlamentarias en la Cámara catalana por parte del Gobierno. El escrito recuerda que "ya en 1978 se rechazó la posibilidad de introducir en la Constitución esta facultad de veto estatal a las leyes autonómicas". Se refiere, según explica la Generalitat, a un voto particular presentado por Alianza Popular, formación predecesora del PP, y defendido en el pleno del Congreso del 18 de julio de 1978 por Manuel Fraga, presidente del partido. Fue rechazado, puntualiza el texto, por 284 votos, con solo 17 a favor y dos abstenciones. "Por tanto, reintroducirla por esta vía sería contrario al espíritu mismo de la Constitución", concluye.

Estos son los razonamientos que probablemente esgrimirá esta tarde el enviado designado por la Generalitat, Ferran Mascarell, en la comisión que debe aprobar el dictamen del 155, para remitirla al pleno de mañana. Por otro lado, los grupos de PDeCAT y ERC en el Senado ya presentaron ayer sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional para pedir la suspensión cautelar de la tramitación del 155 en la Cámara alta, al entender que, con los tiempos y plazos tan ajustados con que se ha planteado el procedimiento, se vulneran los derechos de los parlamentarios. Se refieren a la posibilidad de debate en comisión, de presentar enmiendas a la totalidad y de contar con plazos de días, no de horas, para ello. A última hora de la mañana, el Constitucional no ha admitido a trámite el recurso.